La noticia circuló recientemente y resulta alarmante: un estudio publicado en la revista de la Unión Europea de Geociencias Earth System Dynamics, alerta que el año 2035 establece la fecha límite para frenar el cambio climático, por lo que gobiernos, organizaciones mundiales y la humanidad toda deben emprender, quizá con más urgencia que nunca, estrategias conjuntas para enfrentarlo.
En ese contexto, Cuba se convierte en la capital de la lucha por mitigar sus efectos, cuando miembros de asociaciones religiosas, instituciones académicas y entidades gubernamentales de 15 países se reúnen, del 4 al 7 de septiembre, en el Taller de incidencia sobre cambio climático y reducción de riesgos de desastres.
Auspiciado por el Consejo de Iglesias de Cuba (cic), la Federación Luterana Mundial (flm), la Acción Conjunta de las Iglesias (Alianza act), la Universidad Luterana Salvadoreña y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (acnu), el evento pretende convertirse en plataforma para el intercambio de conocimientos y elevar la percepción de los efectos de este fenómeno en el desarrollo sostenible.
Fermín Quiñones, presidente de la acnu, declaró a la prensa que el taller posibilita generar sinergias y establecer coordinaciones entre instituciones regionales para organizar capítulos, intercambiar y actuar en los foros internacionales.
A propósito, Elena Cedillo, representante regional del programa Centroamérica, de la flm, expresó que desde Cuba mucho se puede aprender sobre la reducción de riesgos de desastres, «donde ustedes son pioneros». Resulta importante, dijo, lo que consideran como atención sicosocial, lo que pasa con las personas que sufren las consecuencias de estos eventos. «No se trata solo de la recuperación y los medios de vida, sino de la recuperación de la persona misma».
En ese sentido, resalta el trabajo de las iglesias e instituciones religiosas cubanas en las respuestas efectivas tras emergencias climatológicas, como afirmó Antonio Santana, presidente del cic, al referir que resulta un desafío para la institución responder a los retos del cambio climático, «amenaza para la vida y los medios de subsistencia».
Para Quiñones, desde la Mayor de las Antillas existen grandes potencialidades para apoyar a los colegas de la región, sobre todo por las posibilidades de hacer vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, institutos de investigación y el Gobierno. Ejemplo de ello es la concepción de la Tarea Vida, plan del Estado donde un conjunto de instituciones trabaja en acciones a corto, mediano y largo plazos.
Lorenzo Mota, director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas (ssid), afirmó que, de conjunto con el cic, act Alianza y la Red Global de Reducción de Riesgos de Desastres, trabajan para fortalecer una red en el Caribe que trabaje activamente en la prevención de riesgos de desastres y enfrentamiento al cambio climático. «Construir un pensamiento claro de qué pasos dar, pues el Caribe ha sido invisibilizado mucho tiempo», declaró.
Carlos Rauda, director de la Oficina Regional de la Alianza act en América Latina y el Caribe –de la que el cic es miembro–, indicó que cuentan con un sistema de apoyo ante emergencias, y una comunidad de atención sicosocial. No obstante, resulta «particularmente difícil hacer este trabajo en Cuba, dado que el bloqueo no permite la recuperación inmediata», en el caso, por ejemplo, de la entrega de kits de emergencia. Este evento, precisamente, plantea un enfoque de sustentabilidad y preparación. Se trata de cómo nos articulamos, apuntó Rauda.
BLOQUEO VS. MEDIO AMBIENTE
Cuba ha desarrollado, sistemáticamente, acciones asociadas al ahorro, el empleo de energías renovables y la eficiencia energética. Entre los objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, se establece: «Garantizar, en condiciones de sostenibilidad ambiental, un suministro energético adecuado, confiable, diversificado y moderno que aumente sustancialmente el porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional, esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica». Se aspira que para el año 2030, el 24 % de la generación energética provenga de fuentes renovables de energía. Sin embargo, tal objetivo se ve obstaculizado por los efectos del bloqueo en la economía cubana. El sector de la Energía y Minas ha sido especialmente afectado por la aplicación del bloqueo:
El Grupo Empresarial Energoimport reportó la realización de varias gestiones para la compra de piezas de repuesto para garantizar el mantenimiento y la operación del Parque Eólico de Gibara II. Luego de haber firmado un contrato con una prestigiosa compañía del sector, no ha sido posible obtener estos insumos, en tanto los bancos extranjeros no aceptan las cartas de crédito de Cuba para efectuar la compra.
El Grupo Empresarial Geominsal, desde el año 2015, ha intentado adquirir un icp-ms, instrumento necesario para la realización de investigaciones geológicas. Sin embargo, ningún proveedor ha estado dispuesto a ofertarlo, dado los componentes de manufactura estadounidense que posee el equipo.
Fuente: Informe de Cuba en virtud de la Resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».
DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antimperialistas e internacionalistas, en función de los intereses del pueblo y, en consecuencia: promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de un orden económico internacional más justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo. (Artículo 16, inciso b)
Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. (Artículo 86)
El ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Constitución implican responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos cubanos, además de los otros establecidos en esta Constitución y las leyes proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural e histórico del país y velar por la conservación de un medio ambiente sano. (Artículo 91, inciso i)
