Contrariando los falsos cantos a la paz de los ricos, el proletariado revolucionario denunció desde el principio mismo, tanto el carácter reaccionario de la guerra que se vive en Colombia desde los años 80, una guerra por la renta extraordinaria del suelo que brinda la explotación del trabajo asalariado en las zonas mineras y petroleras, en las plantaciones de coca, amapola, palma africana, caucho… como el carácter de los “acuerdos de paz” entre el Gobierno y los jefes de las Farc cuya esencia política fue la legalización del despojo violento de millones de hectáreas que se convirtieron en propiedad privada de los grandes monopolios capitalistas e imperialistas a quienes el Gobierno reconoce como “compradores de buena fe” y cuya esencia económica, es garantizar la expansión de la agricultura empresarial que al profundizar el desarrollo capitalista en el campo colombiano, se traduce en ruina del campesinado, más despoblamiento del campo y ampliación de la esclavitud asalariada.
También el proletariado revolucionario denunció que la tierra prometida en la “reforma rural integral”, supuestamente para la restitución y reparación a las víctimas, y para el campesinado parcelario, era un espejismo y una bicoca para guardar la apariencia “humanitaria” del “acuerdo”, porque cuando más, a los campesinos arruinados y a los jornaleros agrícolas se les confina en miserables zonas aledañas a las grandes explotaciones agroindustriales, donde la mano de obra asalariada esté concentrada y disponible para su explotación capitalista en las nuevas fábricas y plantaciones de la agricultura empresarial.
Asimismo, y contra la algarabía de los reaccionarios y sus secuaces de los partidos de la falsa izquierda y el reformismo, con sus llamados a la paz social, los comunistas advirtieron no solo el engaño de los “acuerdos de paz”, la burla orquestada contra los campesinos despojados, sino además la continuidad de la guerra contra el pueblo.
Todas estas verdades fueron proclamadas desde el número 1 de Revolución Obrera en 1998 y el análisis de la evolución de los hechos ha sido sistemático en estos 20 años, siendo el más reciente, el hecho en el Documento de la XI Asamblea “Situación Actual Táctica Revolucionaria y Tareas de los Comunistas” de agosto de 2017, actualizado luego en la IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección en enero de 2018.
Hoy, desarmadas y desmovilizadas las estructuras más importantes de las guerrillas de las Farc, es un hecho comprobado no solo el carácter burgués de su guerra desde los años 80, que algunos testarudamente siguen defendiendo como “insurgente”, sino además el carácter reaccionario de los “acuerdos de paz”, donde el resultado final fue, no la tierra para los campesinos, sino la legalización de su apropiación por los grandes burgueses y terratenientes despojadores.
Pero este episodio de la guerra contra el pueblo no ha acabado como atestiguan los hechos de la brutal represión a los pequeños cultivadores de hoja de coca, el incumplimiento de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, el incumplimiento a las comunidades indígenas y negras, la persecución y criminalización de sus organizaciones y el asesinato sistemático de sus dirigentes… si bien después de los acuerdos entre el Gobierno y los jefes de las Farc ha sido menor la intensidad de los desplazamientos y el despojo violento, estos siguen presentándose principalmente en las zonas cocaleras de Nariño, Chocó, Guaviare, Antioquia, Catatumbo… la disputa económica por la renta extraordinaria en las tierras despojadas, sigue siendo la base del enfrentamiento político entre las facciones de las clases dominantes, no solo en el marco de sus instituciones estatales sino principalmente a través de las fuerzas armadas estatales y paraestatales —llámense autodefensas, bandas criminales, clanes, grupos anti-restitución o simplemente escuadrones armados de los capos burgueses y terratenientes que ejercen poder en grandes territorios despojados— escuadrones de los cuales tampoco se pueden excluir remanentes mercenarios de las guerrillas que continuarán en el rentable negocio de la guerra reaccionaria.
A ello se suma la pretensión de modificar la ya de por sí inofensiva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras quitándole todas las trabas que le impiden a los despojadores, “compradores de buena fe” quedar como dueños legítimos de las tierras usurpadas, a la vez que impedir la legalización de las tierras que hoy usufructúan como “segundos ocupantes” los pequeños campesinos. Y no es meramente la facción mafiosa gobernante la interesada en “enterrar la ley de víctimas” como dicen algunos analistas; la nueva reforma corresponde a la orientación de la Agenda Empresarial de los grandes gremios económicos, donde se defiende a los grandes usurpadores y se argumenta a favor de despojar a los pequeños campesinos vinculándolos con las Farc: “Genera preocupación que se reconozcan derechos a los segundos ocupantes de predios ocupados o usurpados por las Farc (…) como consecuencia, se reconocería el testaferrato en favor de dicho grupo”.
A esa pretensión obedece el proyecto presentado por la archireaccionaria María Fernanda Cabal, que modifica la Ley 1448 introduciendo alrededor de 30 cambios para quitar de tajo las muy pocas garantías concedidas a los desplazados otorgándoselas a los usurpadores. Modificaciones tan evidentes que incluso reaccionarios como Juan Fernando Cristo criticaron porque “busca acabar la restitución de tierras y legalizar despojo”.
Jhenifer Mojica Flórez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, afirmó que el proyecto, “ataca la columna vertebral de la restitución de tierras, pues de ahora en adelante todos los propietarios van a ser de buena fe y así van a justificar el despojo que han tenido que sufrir miles de campesinos. Los que hemos trabajado en el tema del despojo sabemos que esta fue una empresa de actores criminales, quienes con masacres y desplazamientos le permitieron a los empresarios apropiarse de las tierras. De hecho, la restitución ha tenido muchos obstáculos: esos mismos grupos criminales han amenazado y asesinado a líderes de restitución de tierras”.
Y no se crea que esta burla a las víctimas de la guerra es nueva y es culpa de la mafia ahora en el poder. La CCJ presentó el 10 de septiembre pasado el informe “Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017″. En tal informe se dice que después de 7 años de aprobada la Ley 1448 y faltando apenas 3 años para llegar a su fin, tan solo “313.129 hectáreas han sido devueltas a 39.995 víctimas del conflicto”. Destaca que el “63% de las víctimas de despojo no han accedido siquiera a la primera fase del proceso judicial para recuperar sus tierras” y “llama la atención cómo de 88.489 solicitudes de inscripción en el registro de tierras despojadas habilitadas por razones de seguridad para proseguir en el trámite, solo 22.711 han sido inscritas de forma efectiva. Son 40.253 los casos en los que a las víctimas reclamantes se les ha cerrado la puerta para acceder al proceso de restitución de tierras, sin que se pueda precisar en detalle las razones por las cuales fueron negados, y sin que las víctimas que reclamaron contaran con todas las garantías de contradicción y defensa que les permitieran atacar estas negaciones”. Y de remate, existen 4.264 sentencias judiciales ordenando la restitución que «no han logrado materializarse en su totalidad por cuellos de botella estructurales de articulación interinstitucional».
Además, agrega el informe que en los últimos años se presentaron reformas que aumentaron los requisitos de inscripción para las solicitudes de restitución, “lo cual pudo motivar la evacuación de solicitudes acumuladas por medio de negaciones”; es decir los tales “avances en el cumplimiento de metas con los que se busca justificar el cierre de la etapa administrativa se basan en decisiones que niegan el acceso a la justicia de los reclamantes”.
Analizando el crecimiento de la negación de las solicitudes, Gustavo Gallón director de la CCJ, afirma: “Esto es una comprobación estadística impactante que indica que algo raro ha sucedido; ha aumentado el número de resoluciones que deciden las solicitudes de restitución, pero ha aumentado para mal, para negarla…” situación que “coincide con que el Gobierno consideró ya cumplida la meta de restitución y por eso expidió el Decreto 1167 de 2018 en el que fijó un plazo de tres meses para dar por terminada la posibilidad de solicitar el registro. Ese plazo vence en octubre próximo. Ya la CCJ lo demandó, pidiendo una suspensión provisional, que se permita la revisión de las solicitudes negadas y que quienes no pudieron reclamar, ejerzan ese derecho”.
Por consiguiente, el proyecto presentado por el sector mafioso y paramilitar ahora solo pretende apuntalar jurídicamente la legalización del despojo que ya ocurrió. Y aunque ya están consumados los hechos del engaño a los desplazados y a todas las víctimas, y aunque la tramoya fue denunciada por el proletariado revolucionario desde antes de su instrumentación, aún así, los demócratas pequeñoburgueses, reformistas y oportunistas siguen esperanzados en que funcione la justicia burguesa, servil al poder económico y político de los despojadores.
Los hechos se han encargado de refutar las frases demagógicas y las ilusiones pequeñoburguesas de la falsa paz de los ricos y las supuesta bondades del acuerdo del Gobierno con los jefes de las Farc. La testaruda realidad se encarga de poner en ridículo las caricaturescas e innobles afirmaciones de algunos revolucionarios que acusaron a este periódico de tener una posición de derecha por llamar a las cosas por su nombre, por denunciar el carácter reaccionario tanto de la guerra contra el pueblo, como del acuerdo de los jefes guerrilleros con los enemigos del pueblo colombiano. ¿Dónde quedó la fraseología huera de transformar la guerra de las Farc en guerra popular? ¿Dónde quedaron las ilusiones pueriles de aprovechar las negociaciones para llevar a cabo una verdadera reforma agraria?
Los millones de desplazados, las comunidades indígenas y negras, los campesinos pobres y medios, necesitan saber estas verdades para deshacerse conscientemente de la superticiosa creencia en ser favorecidos por la “justicia” que administran sus verdugos expropiadores, para reorganizar sus fuerzas y conquistar con su lucha revolucionaria el reconocimiento como víctimas de la guerra, arrancar con su movilización la verdadera reparación y hacer efectiva, por las vías de hecho, la restitución de sus tierras usurpadas. Igualmente, sin abandonar sus propias tareas, deben unir sus reivindicaciones y sus fuerzas a la preparación de un Paro Nacional Indefinido para encontrar el respaldo de sus hermanos obreros y a su vez respaldarlos en la lucha por frenar la nueva arremetida de las clases parásitas enemigas del pueblo; es decir, contribuir a unir a los pobres y trabajadores del campo y la ciudad en una sola lucha común que arranque con la movilización, la toma, el bloqueo, el paro y la huelga, las reivindicaciones inmediatas más sentidas de todo el pueblo a sus comunes enemigos representados en el Estado.
Además, los hermanos desplazados, campesinos e indígenas no pueden hacerse ilusiones en que sus problemas se solucionarán mientras exista el capitalismo. La solución definitiva a los problemas de los pobres del campo no está en el capitalismo sino en su derrota, lo cual depende del triunfo de la guerra popular y la revolución que nacionalice toda la tierra y expropie a los actuales expropiadores. Una revolución dirigida por la clase obrera que en alianza con los campesinos acometa la producción socialista a gran escala para satisfacer las demandas de la sociedad, apoyándose también en los campesinos que quieran seguir produciendo aisladamente, a quienes les entregará en usufructo una parte de las tierras productivas y todo el apoyo que necesiten para mejorar sus condiciones económicas y sociales, y la participación democrática en las decisiones del nuevo Estado. Sólo así, acabando con la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, se sentarán las bases para acabar de raíz con la guerra y los padecimientos de los pobres del campo. Sólo entonces, la tierra dejará de ser un medio de producción privado que engorda las rentas de los terratenientes, las ganacias de los empresarios, los intereses de los bancos, y se transformará en un medio de producción social en manos y para el trabajo de los verdaderos agricultores.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Octubre 9 de 2018
