Juan Pérez Ventura.— Durante casi 35 años, Paraguay vivió bajo la dictadura del militar Alfredo Stroessner. Es el período de tiempo más largo en que una sola persona tuvo el poder en un país de América del Sur. La persecución política y las violaciones de derechos humanos dejaron una herida que el país aún no ha terminado de sanar.

Ni Argentina ni Chile ni Brasil: la dictadura más larga en América del Sur fue la de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Su mandato fue el segundo más largo de América Latina ostentado por una sola persona, después de Fidel Castro en Cuba. El militar Stroessner se mantuvo en el poder mediante un fuerte aparato represivo y un elaborado sistema de corrupción.

Stroessner llegó al poder después de unas décadas convulsas. La guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Paraguay y Bolivia por una región fronteriza que se pensaba que albergaba recursos naturales, se saldó con 30.000 bajas paraguayas y el doble en el bando boliviano. Doce años más tarde, estalló una guerra civil cuando los partidos de izquierdas se levantaron contra el Gobierno de derechas y con vestigios dictatoriales de Higinio Morínigo. Solo duró unos meses, pero dejó otros 30.000 muertos según algunas fuentes y afianzó en el poder al Partido Colorado, que apoyó a Morínigo y que poco después se convertiría en el hegemónico.

A pesar de la victoria de Morínigo, Paraguay no logró la estabilidad. Un año después de la guerra, el país vivió un golpe de Estado que desencadenó un carrusel de presidentes y levantamientos militares que no paró hasta el golpe de Estado de Alfredo Stroessner en 1954. Stroessner tuvo un ascenso meteórico en las Fuerzas Armadas a raíz de su participación tanto en la guerra del Chaco como en la guerra civil del 47. En 1951 se convirtió, con solo 39 años, en el comandante en jefe del Ejército. A partir de ahí, empezó a movilizar apoyos dentro de los colorados y las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado que terminaría llevándolo al poder. Sin embargo, Stroessner no accedió directamente a la presidencia, sino que convocó unas elecciones para llegar al poder de una manera aparentemente democrática: colocó primero a un presidente provisional, Tomás Romero, y luego se presentó a los comicios como candidato único del Partido Colorado. Así es como en agosto de 1954 el militar llegó al Gobierno paraguayo y empezó lo que históricamente se llama el Stronato.

Stroessner basó su régimen en un discurso de exaltación de la identidad paraguaya reforzado con un duro discurso anticomunista. Empezó su Gobierno con unas medidas económicas, impulsadas mediante un plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional, que profundizaron las diferencias entre las élites económicas y la población rural. Como consecuencia, enfrentó en los primeros años de su mandato varias huelgas de trabajadores, campesinos y estudiantes que sacaron a relucir la política represiva del dictador. Stroessner impuso un sindicato afín al Gobierno en las organizaciones laborales y fue especialmente violento contra las oposiciones populares. También castigó duramente a las voces críticas dentro del propio partido. En 1959 la Cámara de Diputados condenó la brutalidad policial en una moción apoyada por algunos políticos colorados. Stroessner respondió de manera contundente: disolvió el Congreso y envió la caballería a Asunción, la capital. Además, arrestó a unos 300 disidentes del Partido Colorado, que fueron deportados a Argentina.

Prisión, torturas y exilio

Stroessner puso en marcha un amplio aparato represivo para controlar a la disidencia política. Para empezar, limitó la libertad de prensa. A lo largo de la dictadura fue estrechando el cerco sobre los medios de comunicación hasta que cerró el principal diario, en 1984, y el semanario de la oposición, en 1987. Los dos principales canales privados de televisión pertenecían a parientes o políticos cercanos a Stroessner. El Partido Colorado también se extendió como aparato represivo: sus organizaciones territoriales contaban con redes de fieles -llamados- que se dedicaban a observar a sus vecinos y denunciarlos a las autoridades ante cualquier indicio de actividad opositora. Con estos mecanismos, la censura y la autocensura se acrecentaron.

A quienes se opusieron a la dictadura los esperaron detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y el exilio. La Comisión de Verdad y Justicia calcula que hubo un total de 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos y 107.987 víctimas indirectas. Entre las primeras, la mayoría fueron víctimas de detenciones arbitrarias, de las cuales el 94,5% sufrieron torturas durante su detención; también se cuentan exiliados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El número total de personas que vieron violados sus derechos, según la comisión, es de 128.077 en un país con 6,8 millones de habitantes, es decir, una de cada 53 personas. Los sectores más perseguidos fueron los movimientos campesinos, que sufrieron el 24% de las violaciones de derechos; el Partido Liberal -19,29%- y el propio Partido Colorado -14,21%-. El Partido Comunista sufrió el 10% de las agresiones; teniendo en cuenta que era el más pequeño, fue el que se vio proporcionalmente más afectado.

Para hacer posible esta violación continuada de los derechos humanos, el Ejecutivo tuvo al país bajo permanente estado de excepción, una medida que suprimió las garantías recogidas en el habeas corpus y limitó la capacidad de control de la rama legislativa del poder. Bajo este estado, se aprobaron leyes que contemplaban el «delito ideológico» y que ampararon la arbitrariedad del poder ejecutivo. Este también controlaba el poder judicial, ya que sus miembros eran designados por el Gobierno. El aparato represivo, con el Ejecutivo en la cúspide, coordinó tanto a los cuerpos de policía como de militares, que fueron el brazo ejecutor de la represión. Es especialmente espeluznante corroborar que las detenciones, desapariciones y torturas las llevaron a cabo las estructuras oficiales del Estado y no grupos militares o policiales clandestinos, como sí sucedió en otros regímenes dictatoriales de la región. Tampoco hubo centros de detención y tortura clandestinas: los delitos se perpetraron «de manera visible y publicitada» en dependencias policiales, militares y gubernamentales, según la Comisión de Verdad.

La base de operaciones de la derecha internacional

Uno de los factores que estabilizó el país tras el golpe de Estado de Stroessner fue la ayuda que brindó Estados Unidos a Paraguay de manera sostenida durante gran parte de la dictadura. A través del programa Alianza para el Progreso, un proyecto para impulsar el desarrollo en América Latina, el país norteamericano inyectó dinero al Gobierno de Stroessner hasta el punto de que Paraguay se convirtió en el tercer destinatario de esta ayuda. La relación entre los dos países tomó un cariz cada vez más político: Paraguay abrazó la Doctrina de Seguridad Nacional, la doctrina militar que Estados Unidos exportó a muchos países de América Latina en un contexto de Guerra Fría para reforzar la lucha anticomunista tanto a nivel internacional como interno. De hecho, la Comisión de Verdad constata que el aparato represivo paraguayo «recibió un permanente asesoramiento norteamericano» desde 1956, especialmente para armar la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, un organismo dependiente del Ministerio de Interior que era «un siniestro centro de tortura».

Sin embargo, el entramado represivo internacional primordial en el que participó Paraguay fue la Operación Cóndor, el acuerdo de colaboración entre varias dictaduras del Cono Sur latinoamericano para luchar contra cualquier disidencia política bajo la premisa de la lucha anticomunista. Fue en Asunción donde se encontraron los documentos bautizados como «Archivos del Terror», una abrumadora cantidad de información sobre este plan de coordinación. A pesar de que el papel de Estados Unidos en la Operación Cóndor siempre ha sido controvertido, los documentos confirmaron que, como mínimo, el Gobierno estadounidense financió y apoyó el entramado dictatorial .

Paraguay se convirtió en una base de operaciones óptima por su localización geográfica, ubicado en medio del continente, y por los altos niveles de impunidad de los que gozaban los cuerpos de seguridad. Los Archivos del Terror revelan, entre otras cosas, que el Gobierno de Stroessner jugó un papel especialmente determinante a la hora de proporcionar documentación a agentes de las dictaduras vecinas para facilitar su tránsito entre países.

Una dictadura impune

El stronato empezó a debilitarse en la década de los ochenta. Una crisis económica alcanzó Paraguay y el descontento no solo creció entre la población, sino en el seno del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, cuyos miembros empezaron a ver disminuir los ingresos que les llegaban gracias a la corrupción. En 1984 se hizo visible la primera fisura dentro del engranaje de poder de Stroessner: propuso como vicepresidente del partido a uno de sus seguidores más fieles, Mario Abdo Benítez, secretario privado del dictador. El nombramiento levantó ampollas y por primera vez se hizo público el descontento del Partido Colorado. Dos años después, una facción de la organización pidió un candidato civil para las elecciones presidenciales.

El general Andrés Rodríguez fue quien se encargó finalmente de poner fin al Stronato. Rechazaba que el poder estuviese reservado a los pocos fieles que le quedaban a Stroessner, cada vez más apartado de las otras facciones del Partido Colorado. Ante un Gobierno y un presidente debilitados, el general decidió atrincherarse en sus oficinas con una considerable representación del Ejército. La noche entre el 2 y el 3 de febrero de 1989 se alzó en armas y depuso a Stroessner con enfrentamientos que dejaron al menos 200 muertos .

A pesar de que en 1992 se aprobó una nueva Constitución que recuperaba derechos civiles y políticos y que volvía a limitar el poder del Ejecutivo, muchos problemas quedaron sin resolver. La Comisión de Verdad concluye así su informe:

«A pesar de los cambios realizados y los esfuerzos desplegados por constituir un Estado social de Derecho […] Paraguay dista mucho aún de serlo. Muchas instituciones, y principalmente las que tienen que ver con la justicia, el derecho, la seguridad y las garantías ciudadanas, han sido maquilladas democráticamente pero siguen manteniendo muchas de las características de un sistema totalitario».

La hegemonía del Partido Colorado ha sido prácticamente inquebrantable, incluso en el periodo democrático. Solo entre 2008 y 2013 hubo un partido distinto en la presidencia: Fernando Lugo ganó las elecciones por la Alianza Patriótica por el Cambio. Lugo fue destituido en 2012 por un juicio político que muchos tacharon de poco garantista y que llevó a la suspensión de Paraguay del Mercosur. Con esa pequeña excepción, el Partido Colorado ha gobernado Paraguay desde 1948. El actual presidente, el conservador Mario Abdo Benítez , quien ganó las elecciones en agosto de 2018, no es otro que el hijo del secretario privado de Stroessner cuya designación como vicepresidente del partido desencadenó el golpe de Estado contra Stroessner.

https://es.paperblog.com/stroessner-en-paraguay-la-dictadura-mas-larga-de-america-del-sur-5409033/

Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.pdf

Frank O. Mora y Jerry W. Cooney, Paraguay and The United States: distant allies, University of Georgia Press, 2007

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