El fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha instado a los cuerpos y fuerzas de seguridad a desalojar «sin necesidad de solicitar medidas judiciales» a los okupas que se hayan hecho con la posesión de un inmueble privado (por ejemplo, de propiedad de un banco o de un fondo buitre).
Barceló ha remitido una instrucción a los responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales para «unificar criterios en la actuación policial» dado «el grave problema social y jurídico relativo a la ocupación ilegal de inmuebles».
El objetivo del fiscal superior es que policías y guardias civiles tengan argumentos «para garantizar el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio de los ciudadanos, así como la posesión de los inmuebles por sus legítimos titulares».
