Fue la Operación Pavo Real: más de 3.000 efectivos policiales, militares y penitenciarios ingresaron en la Granja que, según los carceleros, se encontraba en poder de un grupo de presos que la utilizaba como base para sus operaciones criminales.
La versión oficial asegura que tras un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y presos fuertemente armados, los carceleros retomaron el control del penal, con un resultado de siete presos muertos. Alejandro Giammattei, quien dirigió la Operación Pavo Real, llevaba menos de un año como director del sistema penitenciario. De la noche a la mañana fue elevado a la categotría de héroe nacional.
Tres años después, la suerte de Giammattei, del exjefe de la policía Erwin Sperisen y del exministro de Gobernación Carlos Vielmann sufrió un revés. La recién creada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), formada por la ONU para desmantelar redes de corrupción y crimen organizado en el país, reveló que el verdadero motivo de la Operación Pavo Real no fue recuperar el control de la cárcel, sino la ejecución extrajudicial de varios presos.
Fotografías que la CICIG presentó como evidencia muestran a un reo capturado por las fuerzas del orden, quien en una foto posterior aparece ya muerto y vestido de manera diferente, con un arma a su lado. La investigación también reveló que los presos que supuestamente murieron en el enfrentamiento mostraban señales de tortura y heridas de bala a corta distancia. A Giammattei en particular se le acusó de facilitar la lista de los presos que había que ejecutar.
El carcelero quiso evadir la orden de detención en su contra refugiándose en la embajada de Honduras en Guatemala para solicitar asilo, pero finalmente se entregó a la justicia y se declaró “preso político”.
Después de 10 meses bajo custodia, tres de ellos en la Brigada Militar Mariscal Zavala (donde actualmente se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina bajo cargos de corrupción), en 2007 fue candidato presidencial de la reaccionaria Gran Alianza Nacional (Gana) y quedó en tercer lugar gracias a la popularidad ganada como carcelero.
Cuatro años después, el Tribunal Primero de Alto Riesgo cerró el caso en su contra, aduciendo falta de pruebas, lo cual le permitió participar como candidato presidencial del partido Centro de Acción Social (Casa). Pero ya habían pasado cinco años desde el Operativo Pavo Real y su partido ni siquiera logró representación en el Congreso.
Sperisen, quien huyó a Suiza, donde gozaba de doble nacionalidad, fue condenado allá por su complicidad en la ejecución de los siete presos.
Con tales antecedentes, no es de sorprender que el presidente electo de Guatemala, quien ganó las elecciones de agosto en su cuarto intento de llegar al poder, sea un acérrimo opositor a la CICIG. Esta comisión internacional se vio obligada a concluir su mandato en el país centroamericano después de 12 años, después de que el presidente saliente, Jimmy Morales, investigado por la comisión por cargos de corrupción, decidiera que representaba “un riesgo para la seguridad nacional”.
Giammattei, de 63 años, es un evangelista fanático que promueve la pena de muerte y el uso del ejército para desempeñar funciones de seguridad, como estrategia contra los altos índices de criminalidad en Guatemala. También quiere sustituir a la CICIG, la cual presentó cargos contra tres expresidentes, con una comisión nacional, sin precisar cómo se integrará ni cuál será su presupuesto.
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