La sentencia del Tribunal Supremo, que condena a largas penas de prisión a los líderes independentistas catalanes, refleja el carácter represivo del régimen monárquico. Por más que el presidente del gobierno en funciones se empeñe en difundir la idea de que España es un ejemplo de Estado de derecho en el que impera la igualdad ante la ley y la independencia del sistema judicial, lo cierto es que la decisión del Tribunal Supremo es claramente política. Las argumentaciones jurídicas solo intentan enmascarar un hecho evidente: lo que se condena, lo que se reprime, es el ejercicio de un derecho democrático, el de autodeterminación, recogido en numerosos documentos de las Naciones Unidas.
Esta sentencia, que tendrá consecuencias políticas de largo alcance al abrir una profunda fractura con Cataluña, supone un salto cualitativo en la progresiva degradación y limitación de los derechos civiles y las libertades democráticas en nuestro país. España no es una democracia. Existe un artificio parlamentario, una fachada aparentemente democrática tras la que se esconde un poder oligárquico que gobierna al margen y en contra de los intereses populares. La monarquía, heredera del franquismo, no es más que la clave de bóveda de un sistema corrupto que se gestó en los años de la mal llamada Transición democrática.
La cuestión nacional en España, al igual que otros problemas estructurales, no puede encontrar solución en el actual marco constitucional y político. La derecha se envuelve en un falso patriotismo que esconde el fraude fiscal, la ocultación de capitales en paraísos fiscales y la corrupción desbocada. España es su finca. La defensa de la unidad de España no es más que la defensa de sus intereses de clase. Pero la izquierda institucional tampoco ofrece soluciones porque su horizonte político tiene como límites la Constitución de 1978.
Los discursos incendiarios de Ciudadanos, Vox y también del Partido Popular contra el pueblo catalán indican una deriva muy peligrosa en la derecha española, una inclinación hacia el fascismo abierto o hacia posiciones filofascistas. Es necesario denunciar y combatir esas posiciones. El nacionalismo españolista solo intenta dividir a los trabajadores fomentando el odio y la discordia.
El pueblo catalán tiene derecho a elegir su futuro político. El PCE (m-l) defiende el derecho de autodeterminación de las nacionalidades, ejercido a través de un referéndumcon todas las garantías legales. Pero ese ejercicio democrático no puede alcanzarse dentro del actual orden político y constitucional. No es cierto, como afirman los políticos monárquicos, que dentro de la Constitución se pueden defender todos los derechos y plantear todas las reivindicaciones mientras se expresen de forma pacífica. La represión que se ejerce en Cataluña es la muestra más evidente de que no es así.
Solo una ruptura política con la monarquía, solo la proclamación de la República Popular y Federativa permitirá a las nacionalidades históricas decidir su encaje en el conjunto de España. Forjemos la unidad popular que permita acabar con un régimen que condena a millones de españoles al paro y la pobreza, que conculca las libertades e hipoteca la soberanía nacional subordinando nuestro país al imperialismo estadounidense.
El PCE (m-l) condena esta sentencia que solo tiene como objetivo reprimir los derechos democráticos, reclama la libertad de los presos políticos catalanes y denuncia la represión que el estado monárquico está ejerciendo en Cataluña.
15 deOctubre de 2019
Comité Ejecutivo Partido Comunista de España (marxista-leninista)
