Por Javier Larraín

Sergio Grez Toso es un prestigioso historiador chileno, especializado en los orígenes y devenir de los movimientos populares de su país. Docente de la Universidad de Chile, entre sus obras destacan: Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924); Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en Chile (1893-1915) y De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1910).

Para hablar de las causas, desarrollo y eventual evolución de la rebelión popular por la que atraviesa la nación sureña en estos días, le comunicamos, compartiéndonos generosamente su mirada de este evento.

¿Cuál es el origen de la protesta social en Chile?  

El origen aparente fue la iniciativa tomada por estudiantes de la enseñanza media –secundarios– de recurrir a evasiones masivas de pago de pasaje del Metro de Santiago, debido al alza de la tarifa. Pero evidentemente se trata de la gota que rebasó el vaso, porque esta revuelta popular espontánea responde a causas mucho más profundas, estructurales, a un descontento sordo, acumulado en más de cuatro décadas, desde que se implantó el modelo neoliberal en Chile, en la dictadura de Augusto Pinochet. Modelo que se fue afirmando y consolidando con los gobiernos postdictatoriales.

Hay que entender que hemos vivido toda esta época con una cantidad enorme de atropellos, violaciones sistemáticas de los DD.HH., atropellos a los derechos esenciales de la mayoría de la población, una represión brutal durante y después de la dictadura, todo tipo de abusos por parte de los grandes empresarios y políticos profesionales, la destrucción de la naturaleza, la persecución de los pueblos originarios, la entrega del país a las trasnacionales, la negación de la soberanía popular. En otras palabras, la evasión de la tarifa del Metro prendió como un reguero de pólvora, a la que se sumaron distintas categorías y grupos sociales, prácticamente la generalidad de la población nacional. Como bien dicen los manifestantes: “No son 30 pesos, son 30 años”. Es el hastío de la población por tanto abuso, explotación, miseria y desgracias sociales.

¿Por qué justamente ahora la gente sale a las calles? ¿Cuánto influye el que gobierne la derecha?

Porque todo tiene su tiempo. Sin lugar a dudas la existencia de un gobierno de la derecha tradicional –al igual que en 2011, cuando se produjo otro estallido– contribuye a radicalizar las cosas. El manejo torpe del Gobierno de Sebastián Piñera, con declaraciones provocadoras e insultantes de sus ministros a ojos de la mayoría de la población, también contribuyó. Pero tarde o temprano este alzamiento popular se iba a producir. Toco que se produjo ahora, por esta larga acumulación y por el mal manejo político del Gobierno, pero era previsible.

Contrariamente a lo que dicen los grandes medios de prensa y los políticos profesionales (del oficialismo y la oposición), esto no es sorprendente. Numerosos analistas, dirigentes sociales, intelectuales y movimientos sociales habíamos pronosticado esto, claro, lo que no podíamos indicar era el momento exacto en que se iba a producir, pero era una gran cantidad de combustible la que se iba acumulando y bastaba una sola chispa para incendiar toda la pradera, y esa chispa no fue otra que la iniciativa de los liceanos de evasión masiva de los controles de entrada al Metro.

Al revisar imágenes y videos de las movilizaciones se distingue variedad de actores, ¿cómo caracterizaría esta protesta en términos de composición social y métodos empleados?

Esta es una rebelión del pueblo de Chile, de variados sectores sociales. Las protestas se realizan en todo tipo de barrios, fundamentalmente en los barrios populares y de clase media, pero incluso en algunos de clase media acomodada que, si bien tienen condiciones de vida digna, sufren de la incertidumbre respecto de su futuro.

En Chile, como no hay derechos sociales garantizados (educación, salud y pensiones dignas), familias que tienen un buen pasar pueden quedar arruinadas si tienen una enfermedad cuyo costo de tratamiento es muy caro, por ejemplo, una enfermedad catastrófica. Asimismo, personas que pueden tener un nivel de vida digno cuando  están activas desde el punto de vista laboral, ven reducidos a lo menos 1/3 de sus ingresos actuales al momento de jubilarse y pensionarse. Por eso estos sectores se han sumado a la protesta.

“Si no hemos tenido Asamblea Constituyente ni constituciones gestadas democráticamente es porque la clase dominante le tiene terror a la democracia”

Es un movimiento policlasista, lo que nos permite decir que es un movimiento del pueblo chileno, de la mayoría de la ciudadanía, con características de revuelta espontánea. Aquí no hay un Estado Mayor que esté dirigiendo la revuelta, son miles de focos de incendio a lo largo y ancho de todo el país, expresiones de la espontaneidad, del hartazgo, de la rabia, de grandes sectores de la población que no ven ninguna alternativa de tipo institucional para expresar su protesta, porque hay que recordar que el sistema político existente en Chile está determinado por la Constitución –aún vigente– del dictador Pinochet, aprobada en un plebiscito fraudulento en 1980, que pese a haber sufrido una serie de reformas, no se ha visto alterada en lo fundamental, sigue hecha como traje a la medida del modelo neoliberal.

Hablo de una Constitución que garantiza la más amplia libertad económica, pero que no es garante de derechos sociales, y que en el plano político establece un régimen de democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. Así, al no existir los canales políticos para que esta insatisfacción y demandas sean canalizadas de manera positiva a través de mecanismos institucionales, a la población no le queda más alternativa que ejercer una protesta con caracteres violentos. Porque ya hemos visto en estos 30 años que las protestas pacíficas, ordenadas y respetuosas no son escuchadas. Y eso lo han entendido sobre todo los más jóvenes y los sectores más paupérrimos de la población, quienes, de manera absolutamente espontánea y sin que nadie los guíe, están recurriendo a formas muy radicales de protesta.

Respecto al último punto que menciona, ¿cuál es la virtud y cuáles son los límites de lo espontáneo?

La virtud de lo espontáneo lo hemos visto en la primera semana, eso generó un desconcierto en la élite dirigente y gobernantes, una incapacidad de apagar todos los fuegos puesto que aquí, como no hay un Estado Mayor, no pueden ser golpeados; gran parte de las acciones de la población –repito– son espontáneas. Si bien hay algunas convocatorias a marchas o manifestaciones, hay que tener presente que a lo largo de los días se realizan centenares de protestas que no responden a ningún llamado centralizado. Las personas lanzan convocatorias por las redes sociales y se van juntando distintos grupos, en los barrios, en el centro de la ciudad, en los lugares de trabajo, en los espacios más diversos. Esto ha tenido la virtud de que ha dispersado a las fuerzas represivas y les ha hecho muy difícil su labor.

En contraparte, pasado el momento de la sorpresa, entra el momento de la política. Y eso se ha traducido en maniobras por parte de los que detentan el poder, de los defensores del modelo neoliberal, de quienes se encuentran en las filas gobiernistas e igualmente en las de oposición, destinados a darle una salida lo más conservadora posible a la situación actual.

La debilidad del movimiento de rebelión popular que está viviendo Chile es que no tiene representación política y por ende van a tratar de dejarlo fuera de las negociaciones de las tratativas que intenten una salida. Aunque existe una coordinación de organizaciones sociales denominada Unidad Social, que es la que está llamando a un conjunto de manifestaciones, misma que está integrada por unidades sindicales, estudiantiles, feministas, ecologistas y de distinto tipo, no es menos cierto que esta instancia no controla el movimiento, porque, como dije, la mayor parte de las acciones son espontáneas y la mayor parte de las personas que participan no tienen representación ni social ni política, son ciudadanos de a pie que expresan su malestar. De tal modo que hay una disparidad muy grande, en el plano de la representación política, entre quienes están tratando de apagar el incendio y los sectores populares y organizaciones sociales que están tratando de llevar lo más lejos posible este movimiento para obtener algunas ganancias concretas cuando se terminen las movilizaciones.

Al escuchar las consignas de las masas, leer rayados callejeros o carteles de los que marchan, uno logra distinguir demandas estratégicas, por ejemplo, el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). ¿Cómo se resuelve esta crisis, entendiendo que los que supuestamente deben ofrecer salidas son políticos deslegitimados?

No sabemos cuál va a ser el desenlace de todo esto. Los escenarios son absolutamente gelatinosos, variados, de modo que esto puede terminar en el escenario más negativo, como lo sería un autogolpe (“fujimorazo”) por parte de Piñera y el alto mando de las FF.AA., o en el otro extremo, puede concretarse no el término del modelo neoliberal –falta aún para eso en este país– pero por lo menos en su resquebrajamiento, de manera tal que los sectores populares estén en condiciones de obtener algunas ganancias, de fortalecer sus organizaciones, para en el futuro poder echar abajo el modelo.

Entre aquellos extremos se pueden dar distintos escenarios, los que en estos momentos, con los elementos que tenemos a mano, son imposibles de predecir. Lo que sí es seguro es que desde la perspectiva de los movilizados, los movimientos populares, gente que está protestando en las calles, mientras más sea la presión que ejerzan, más serán los beneficios que se obtengan en esta coyuntura.

Han salido a la palestra teorías de autoatentados y de fuerte represión estatal hacia la ciudadanía, ¿a qué se debe esta sobrerreacción de las FF.AA.?

Efectivamente así es. Aún no se han podido comprobar los autoatentados, pero gran parte de la población sospecha que efectivamente una cantidad de incendios, por ejemplo, a las estaciones del Metro, pueden ser obra de sectores de derecha y de la institucionalidad del Estado, interesados en crear la imagen de caos, vandalismo, a tiempo de golpear a los sectores populares –que son los que más utilizan el Metro como medio de transporte– y generar así una sensación de hastío en la población, lo cual permita un escenario reactivo, acorde con los intereses de los que defienden el statu quo. Con todo, esto no ha sido probado, pero es altamente sospechoso que se destruyan e incendien locales comerciales, supermercados y estaciones del Metro en las horas de toque de queda. Aquí son miles y miles los soldados y policías uniformados y de civil que patrullan las calles en las noches, y resulta que justamente por las noches se llevan a cabo estos atentados. O sea, la sospecha por parte de la población va en crescendo, mientras que las autoridades nunca han salido a decir en qué circunstancias se produjo tal o cual atentado contra una estación, más aún, no pocas han estado desguarnecidas, en escenarios en que se sabía que al violencia iba en aumento.

Igualmente hay quemas de buses que se han producido en circunstancias muy extrañas, por ejemplo, buses que están alineados, como diciendo “quémennos”, pegados uno al lado del otro, buses antiguos además, cuyos propietarios pueden cobrar seguros. En fin, hay una serie de hechos dudosos.

La brutal represión que está sufriendo la población chilena se explica por la decisión del poder de aplastar esta rebelión a como dé lugar. Ciertamente el método más recurrido por la clase dominante, a lo largo de la historia de Chile, ha sido precisamente la represión brutal.

¿Cuál es la responsabilidad de Sebastián Piñera frente a los asesinatos de civiles por parte del Ejército y Carabineros, así como de las comprobadas violaciones DD.HH. padecidas por centenares de detenidos que acusan torturas, violencia sexual, entre otras?

El primer y más grande responsable de esos atropellos es el Presidente de la República, sus ministros, sus asesores, su base política de los partidos de derecha –que están gobernando–, porque fueron ellos quienes decidieron decretar el Estado de Emergencia, el toque de queda y sacar a los militares a las calles. El propio Estado de Emergencia está violando las leyes constitucionales.

¿Por qué?

Porque de acuerdo a la Constitución el responsable del Estado de Emergencia es el Presidente de la República, quien puede traspasar esta responsabilidad a los jefes militares; pero en el caso de Piñera no se lo ha hecho de manera formal. Ello sin tomar en consideración que los militares y carabineros están sobrepasando las atribuciones que le entregan tal declaratoria.

¿Cómo cuáles atribuciones?

En el Estado de Emergencia la infracción al toque de queda no es un delito, sino una simple falta, por lo tanto no debe mediar la prisión y menos aún los malos tratos o la tortura. Simplemente se trata de una falta que es penalizada con el pago de una multa. Y bien sabemos lo que les está ocurriendo a las personas que son sorprendidas caminando por la calle en horas de toque de queda. En algunos casos sufren torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

El Estado de Emergencia tampoco autoriza a las FF.AA. y a Carabineros a ingresar a domicilios particulares con el fin de detener a personas que puedan estar protestando o en un cacerolazo. Es decir, esta declaratoria se aparta de las normas constitucionales y su concreción práctica, por parte de los uniformados, agrava aún más esta situación de ilegalidad; por eso la responsabilidad política primera es de Piñera y su Gobierno.

“La debilidad del movimiento de rebelión popular que está viviendo Chile es que no tiene representación política y por ende van a tratar de dejarlo fuera de las negociaciones de las tratativas que intenten una salida”

A medida que avanza la protesta se amplifica la petición de un nuevo Pacto Social y la creación de una Asamblea Constituyente, ¿por qué Chile nunca ha llevado a cabo un proceso constituyente?

Porque no hemos tenido la capacidad de juntar la suficiente fuerza social y política que imponga una Asamblea Constituyente. Nunca en Chile ha habido una Asamblea Constituyente, lo que quiere decir que nunca se ha gestado una Constitución por medios plenamente democráticos. Todas las constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, especialmente las tres más importantes (1833, 1925 y 1980), han sido el resultado de componendas en el seno de la clase dominante y de una casta política, en las cuáles ha intervenido la fuerza militar y el poder de las armas ha sido decisivo en la imposición, mediante métodos no democráticos y fraudulentos, de estas.

Si no hemos tenido Asamblea Constituyente ni constituciones gestadas democráticamente es porque la clase dominante le tiene terror a la democracia. Ellos adhieren formalmente a la democracia, a los valores de la democracia –entendida esta como mera sucesión de gobiernos y autoridades electas con elecciones más o menos libres, más o menos fraudulentas, según los distintos momentos de la historia–, pero no como un régimen de participación de la ciudadanía; a lo sumo adscriben una concepción de democracia representativa, pero no de democracia participativa.

¿Cuál sería el costo político y social para el movimiento popular en caso de ser derrotado?

El costo social ya lo estamos sufriendo, hay decenas de muertos, 3 mil detenidos, heridos, al menos una decena de personas que han perdido un ojo a causa de los balines disparados por la policía, y quién sabe cuántos costos más vamos a conocer en los próximo días.

El costo político es fundamentalmente para los defensores del sistema, porque ya nada va a ser como antes. Ya nada va a ser como hace diez días, porque Chile cambió. Y cambió en el sentido de que grandes sectores de la población le perdieron el miedo a la represión y son capaces de salir, incluso a riesgo de sus vidas e integridad física, a desafiar la represión, de día y en horas de toque de queda.

En consecuencia, para los sectores populares, independientemente de cuál sea el desenlace, salvo si se diera uno absolutamente reaccionario –como el golpe de Estado o el endurecimiento del régimen político o un mayor recorte de libertades políticas– esto va a ser ganancia concreta. Por ejemplo, el jueves 24, la Cámara de Diputados, presionada por la calle, aceptó la idea de legislar un proyecto de ley que establece la jornada laboral en 40 horas –en la actualidad son 45 horas–. Si bien aún no hay que cantar victoria, porque tiene que ser aprobada por el Senado y pasar hasta por el cedazo del Tribunal Constitucional, que es una suerte de tercera cámara conservadora y tiene la potestad de revertir lo acordado en el Parlamento, esperemos que se concrete y sea una ganancia tangible del movimiento popular.

Recientemente una manifestación trató de ingresar al Congreso Nacional y este tuvo que ser cerrado; los parlamentarios fueron enviados a sus casas, lo cual ilustra que hay una presión muy grande en las calles. Y, bueno, si esta presión se mantiene en las próximas semanas, es probable que los defensores del sistema tengan que hacer más concesiones, aunque a la par intenten maniobras de política palaciega para desviar por un callejón sin salida toda esta energía de masas que se está desplegando en Chile.

Por último, en una mirada a escala regional, ¿cuánto afecta al neoliberalismo en su conjunto lo que ocurre en Chile?

En un contexto en que en distintos países de Sudamérica hay gobiernos de derecha  que abrazan con fuerza el neoliberalismo, pareciera ser que se está empezando a producir un punto de inflexión. Hemos visto lo que ha sucedido hace pocos días en Ecuador y lo que está pasando en Chile tiene cierta influencia e irradiación en otros países de la región.

Es cierto que el triunfo de Fernández en la Argentina no significa que el neoliberalismo vaya a ser desmantelado, evidentemente, pero de todas maneras representa un resquebrajamiento y en un mundo globalizado las noticias circulan con gran velocidad. No solamente están conectados y coordinados los Gobiernos y los aparatos represivos, sino cada vez más los ciudadanos y los movimientos sociales. Por eso hemos de esperar que la rebelión popular en Chile tenga efectos benéficos en el subcontinente latinoamericano.

Javier Larraín Director Editorial

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