PLATAFORMA INTERNA DE OPINIÓN
«POR EL RESPETO Y APLICACIÓN DEL XX CONGRESO»
LA LEGALIDAD PARTIDARIA Y EL ACUERDO PSOE-UNIDAS PODEMOS FRENTE AL FASCISMO, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
La Constitución del 78 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Entre otras funciones, el Congreso de los Diputados ostenta la potestad legislativa y sus miembros se eligen por sufragio universal.
La correlación de fuerzas en el seno del Parlamento burgués no siempre se corresponde con la correlación de fuerzas en la sociedad. Puede que en sede parlamentaria se contabilice un mayor número de escaños demócratas elegidos por sectores de la clase trabajadora y de las capas populares, frente a los que ocupan las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, en la realidad social sobre la que opera el mecanismo del sufragio universal, la correlación de fuerzas puede ser en ocasiones más favorable a las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha en detrimento de las que en sentido contrario han obtenido mayor apoyo electoral en sede parlamentaria.
La correlación de fuerzas determinante no es la que se expresa mediante el sufragio universal, sino la que se deriva de la lucha de clases en el seno de la sociedad. En último término la ley es la expresión de la voluntad de las clases que han logrado la victoria y mantienen en sus manos el poder del Estado.
Los y las comunistas debemos partir siempre del análisis de la realidad concreta y en tal sentido reconocer que en nuestro país la correlación de fuerzas en el Parlamento actual es muy diferente a la correlación de fuerzas en la lucha de clases en el seno de la realidad social de hoy. En este último ámbito, la derecha y la extrema derecha cuentan con un poder innegable: el alto mando militar, las altas instancias judiciales, el funcionariado de mayor rango de la Administración y los medios de comunicación, además claro está, del inequívoco apoyo y respaldo de la oligarquía, los terratenientes, el Ibex 35, las instancias superiores de la Iglesia Católica, la dinastía borbónica y desde luego la OTAN y el imperialismo, entre otros. Este poder exacerbado y bravucón es sobre todo consecuencia de las limitaciones profundas del régimen postfranquista del 78 y de la influencia siempre negativa del oportunismo en el seno del movimiento obrero, en las masas populares y en sus organizaciones.
Por contra, la clase trabajadora y los sectores populares cuentan en España con escasa organización y capacidad de movilización hoy en día. El oportunismo ha hecho estragos en las organizaciones sindicales mayoritarias controladas en la actualidad por dirigentes entregados al gran capital. Sus ideas también han penetrado en las demás organizaciones sociopolíticas y en el conjunto de la sociedad a través de la lucha ideológica. No menos daño ha sido el provocado en nuestra propia organización comunista, hoy enclaustrada, y con sus dirigentes a remolque de la socialdemocracia de Unidas Podemos y realizando solo políticas de corte electoralista, con abandono de la lucha de masas junto con la del sindicalismo de clase y combativo.
Teniendo en cuenta esta concreta correlación de fuerzas tan desfavorable a la clase trabajadora y masas populares unida a las profundas limitaciones de la socialdemocracia del PSOE, incapaz de llevar a cabo otras políticas que no sean neoliberales, ¿la participación comunista en el Gobierno de coalición es lo que procede en estos momentos? ¿No quedaría entonces atado el PCE a las políticas del PSOE contrarias a los intereses obreros y populares sin capacidad para promover y organizar la movilización social? ¿No es acaso imprescindible las más amplia movilización y organización popular para hacer realidad las propuestas progresistas del pacto de gobierno que precisan romper con el techo presupuestario que ha hecho suyo el PSOE? ¿No será preciso para lograr estos objetivos empezar a remover las estructuras del viejo régimen postfranquista?
Los y las comunistas ¿no deberíamos ser conscientes de que la participación comunista en el Gobierno de coalición nos haría corresponsables de las previsibles políticas antipopulares del PSOE que nos impediría llevar a cabo una labor de oposición y defensa consecuente de los intereses obreros y populares tanto dentro del Parlamento como fuera de él? Al mismo tiempo ¿no nos restaría fuerzas para combatir la amenaza real y cierta del fascismo y sus aliados?
Otra cosa es que, como decisión táctica, otorguemos el voto de investidura al PSOE. La legalidad partidaria aconseja en estos momentos que el PCE haga esta concesión táctica que contribuya a impedir un Gobierno reaccionario. Pero esta licencia no puede entenderse de ningún modo como condescendencia al programa socialdemócrata del PSOE.
Enrique Santiago, secretario general del PCE, a propósito de este Pacto de Gobierno que apoya, pero sin que lo haya decidido de manera democrática la militancia comunista, ha expuesto en redes sociales que «el acompañamiento social y popular al Gobierno de coalición es la garantía de cumplimiento del nuevo acuerdo para España.»
Desde luego que si el nuevo Gobierno de coalición emprende el camino de una defensa consecuente del programa de gobierno materializando las medidas progresistas que recoge, sin duda alguna que los y las comunistas apoyaremos tales iniciativas desde la más amplia movilización social y popular. Pero si este nuevo Gobierno se aparta de los compromisos adquiridos e implementa medidas neoliberales contrarias a los intereses obreros y populares, la militancia comunista y el PCE como organización ¿pueden acompañar entonces a un Gobierno socialdemócrata que hace y lleva a cabo políticas acordes a los intereses de la oligarquía y del imperialismo?
Por otra parte, los aspectos positivos formulados en propuestas concretas son pocos en este Pacto de Gobierno. Abundan las ofertas genéricas, vacías de contenido que lo convierten en un libro de buenas intenciones y poco más. El uso intensivo del indicativo de futuro es agobiante. Así los vocablos «impulsaremos» 48 veces, «elaboraremos» 13 veces, «promoveremos» 18 veces, «garantizaremos, 11 veces, etc. aparecen en los 49 folios del Pacto.
Son precisamente las pocas propuestas concretas y no ambiguas que podemos calificar de positivas aquellas que han sido precedidas por movilizaciones populares o han provocado alarma social las que ahora obligan a la socialdemocracia a transformarlas en compromisos de un contenido más cierto y exigible. Ocurre así con el tema de Cataluña en donde se suscribe un compromiso de abordar «el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual», en el tema de las pensiones cuando consta la obligación de «revalorización conforme al coste de la vida», el relativo a la violencia machista con una manifestación inequívoca de blindar por ley el «solo sí es sí», con la aplicación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la supremacía de la negociación colectiva sectorial a la del ámbito de empresa.
Todas las demás cuestiones que aborda el Pacto de Gobierno quedan en promesas vacuas que solo podrían materializarse con el impulso de amplias movilizaciones populares. Estas serán de apoyo al nuevo Gobierno si de verdad pone toda su voluntad en llevarlas a cabo. Pero deberán ser contra este si vuelve a dar la espalda a la clase trabajadora y a las masas populares. Es esta la tarea que nos imponen los Estatutos y el Programa Político de nuestra organización y que la Plataforma Interna de Opinión «Por el respeto y aplicación del XX Congreso» hace suya.
