COVID-19. CGT País Valenciano y Murcia exige el cierre de todos los centros de trabajo no esenciales.

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La Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia insiste en la urgente necesidad de cerrar inmediatamente todos los centros de trabajo y unidades productivas que no sean fundamentales para la salud y la vida de las personas durante los días que dure el estado de alarma originado por el riesgo de contagio por “coronavirus”.

La CGT cree firmemente que se está exponiendo a un riesgo innecesario a muchas personas trabajadoras y a sus familias, obligándolas a desplazarse hasta sus lugares de trabajo en transportes públicos en los que no se consigue cumplir con las recomendaciones sanitarias de las autoridades. También, en este sentido, este sindicato ha señalado que en esta primera semana de estado de alerta, se han dado casos de empresas que han incumplido la ley respecto a los derechos laborales de sus plantillas. Existen, señalan desde CGT, muchos centros de trabajo donde las personas están realizando sus labores sin protección o sin mantener las distancias mínimas de seguridad entre el personal, como ha ocurrido en algunas empresas de telemarketing.

CGT ha denunciado por ejemplo el caso de Marktel, una de las empresas más grandes de telemarketing, donde sus trabajadores y trabajadoras se encuentran sumidos en la desesperación. La empresa a raíz de  la declaración del estado de alarma por el RD 463/2020 del 14 de Marzo no ha sido capaz de llevar a cabo las medidas sanitarias dictadas y obliga a trabajar en la más absoluta indefensión ante posibles contagios a sus  más de 1500 teleoperadoras, las cuales prestan servicios para empresas como Vodafone, Yoigo, Jazztel, Más Móvil, Orange, Mapfre, Aguas de Valencia o Bankia. Desde la organización anarcosindicalista además han denunciado el caso de la empresa Ilunion Emergencias, que gestiona el servicio del 112 en el País Valenciano, en el que hacen responsables del caos y la falta de medidas de seguridad e higiene en este servicio no solo a la empresa que gestiona el servicio, sino también a la Generalitat Valenciana que lo permite.

Pero las denuncias de CGT no solo se han centrado en las empresas de Telemarketing, también han mostrado preocupación por lo que ocurre en la empresa tecnológica valenciana Power Electronics, situada en el polígono industrial de Lliria y propiedad de la familia Salvo, que cuenta con más de 3000 trabajadores y trabajadoras entre  personal administrativo, cadena de producción y exteriores. La organización anarcosindicalista afirma que la empresa hace caso omiso a la declaración del estado de alarma y sigue manteniendo los turnos de la cadena de producción mañana, tarde y noche, en los cuales se juntan 400 personas. Esta empresa, dedicada a la fabricación de inversores solares, antepone los beneficios económicos a la salud de los y las trabajadoras, en palabras de la Confederación General del Trabajo.

Desde CGT recuerdan que el RD 8/2020 de 17 de marzo obliga a las empresas, siempre que sea razonable y posible, a implantar el trabajo a distancia. Sin embargo, muchas empresas han optado por hacer caso omiso, obligando a sus plantillas a jugarse la salud en los días más duros en cuanto al contagio del Covid-19 entre la población.

CGT también reclama equipos de protección individual para aquellas personas que tengan que atender durante esta crisis las líneas de atención telefónica de emergencias y una mayor atención al personal sanitario de la sanidad pública, el verdadero escudo que en estos momentos tiene nuestras sociedad ante el avance de la pandemia, cuyo pico todavía está lejos de alcanzarse y que ya ha ocasionado la muerte a más de 2.180 personas en nuestro país.

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