El negocio contra la vida

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Tatiana Delgado.— Nos enfrentamos como sociedad, como humanidad a una pandemia, que exacerba los principios ideológicos del capitalismo, que los que no quieren reconocer la fase imperialista del capital en la que nos encontramos, llaman neoliberalismo. El sálvese quien pueda, el desprecio por la vida humana y del planeta, la militarización de las relaciones sociales, la precarización y máxima explotación del las mujeres trabajadoras, el mercado decidiendo quien vive y quien muere especulando con el material sanitario, el capital imponiendo su lógica de máximo beneficio y la acumulación como fin en sí mismo, están hoy a la orden del día.

El Covid-19 pone en riesgo a las personas más vulnerables, ya sea por edad, clase social o estado de salud previo y que en su combate trabajan, sin recursos de protección, miles de personas para cuidarnos. Un virus que, según nos cuentan, se contagia por contacto humano y se combate con el aislamiento, con el “quédate en casa”, con el distanciamiento social, con el acto individual convertido en acto heroico colectivo, bien mirado el virus nos obliga a ser como el capitalismo quiere que seamos, seres aislados y asustados esperando en casa a que no nos toque la desgracia y todo vuelva a la normalidad.

A día de hoy hay 110.000 personas contagiadas por el virus y 10.008 fallecidas en España, la sanidad está desbordada y a punto del colapso y los servicios sociales que ya eran prácticamente inexistentes no dan abasto para atender a las personas que abandonadas a su suerte no se tomaron en consideración a la hora de decretar el estado de alarma y la posterior paralización de la economía.

Esa normalidad a la que se quiere retornar, estaba marcada por la aplicación de las llamadas políticas de austeridad de la UE que además de imponernos un modelo económico basado en el sector turístico y de servicios, liquidó la industria y subvencionó una agricultura de exportación, impedían la inversión en sectores públicos que hoy se desvelan como estratégicos: sanidad, educación, investigación y cultura.

Se impuso la privatización como panacea y las empresas y grandes corporaciones vieron en la sanidad, educación y atención sociosanitaria un nuevo filón de beneficios al que hincar el diente con el beneplácito de los diferentes gobiernos desde 2007 hasta aquí.

La sanidad pública que hoy recibe el aplauso por las tardes, se quedó sin financiación, vio cómo cayeron sus recursos casi un 6% entre 2010 y 2015, y mientras se deterioraba, se liberalizó un mercado en continuo crecimiento, tanto del dinero de aseguradoras (que ha pasado de 6.900 a 8.000 millones) pero sobre todo de conciertos y concesiones del gobierno. Las empresas de sanidad privada ingresaron 1.615 millones de euros públicos en 2017, encadenando cinco años seguidos de incremento.

Como todo negocio capitalista las empresas de sanidad privada tienden a la concentración, en la actualidad está constituida por 460 hospitales, con más de 51.000 camas, y 12.000 centros sanitarios no hospitalarios, que en conjunto ocupan a 267.000 profesionales. Si se suman los conciertos con la administración, atiende 1,6 millones de cirugías al año y 7,1 millones de urgencias.

El líder del sector es Quirónsalud. Controla 50 hospitales, con 7.126 camas, 421 quirófanos y 568 puestos de UCI, además de otros 90 centros. Entre sus joyas figuran la Ruber Internacional o la clínica Teknon. Gestiona en concesión administrativa tres hospitales universitarios en Madrid, con más de 35.000 trabajadores su facturación supera los 2.500 millones anuales. Es propiedad de la alemana Fresenius desde 2017, principal operador de hospitales privados de Europa. El segundo en facturación es Vithas, nucleado por antiguos hospitales de Adeslas, de capital íntegramente español desde que en 2017 compró Nisa, otro proveedor de servicios sanitarios. Tiene 19 hospitales, 1.793 camas, 159 quirófanos y 243 puestos de UCI, y otros 29 centros médicos, en los que trabajan más de 10.600 profesionales. La mayoría de hospitales se encuentran en la Comunidad Valenciana (seis) y en Andalucía (cinco). Vithas es de la familia Gallardo, propietaria de los laboratorios Almirall y CaixaBank. En 2018 ingresó 535 millones de euros.

El grupo Ribera Salud con 6.200 empleados y una facturación del orden de 500 millones anuales es propiedad del gigante estadounidense de la sanidad concertada Centene Corporation, que posee el 90% del capital, y del Banco Sabadell, con el 10%, está especializado en la colaboración público-privada, es decir, en la gestión de servicios sanitarios por cuenta del Estado y, en particular, de las comunidades autónoma, bajo el régimen de concesión administrativa. HM Hospitales, cuenta con 17 hospitales, 1.500 camas y 101 quirófanos, su red se completa con una veintena de policlínicos y cuatro centros integrales especializados en oncología, enfermedades cardiovasculares, neurociencias y reproducción. Los ingresos del grupo, que tiene en nómina a casi 5.000 profesionales, superaron en 2018 los 400 millones de euros. Le sigue Grupo Hospitalario HLA. Nació de la integración en 2016 de todos los hospitales de Asisa. Controla 15 hospitales, que suman 1.200 habitaciones, 100 quirófanos y alrededor de 80 boxes de cuidados intensivos. Tiene además 36 centros médicos multiespecialidad y 41 unidades de referencia en tratamientos de última generación. Su facturación está por encima de los 300 millones de euros anuales donde trabajan 4.000 profesionales. Hay otros medianos, volcados en zonas geográficas, como es el caso de Hospiten (Canarias), Sanitas (Madrid), Pascual (Andalucía) o la Fundación Althaia (Cataluña). La Iglesia católica, también tiene una amplia oferta, no siempre benéfica.

La Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública analizando datos de las 17 autonomías, de 2017 y 2018 de los ministerios de Sanidad y Hacienda, el INE, las memorias de Muface, la Mutualidad General Judicial y el lobby de la sanidad privada IDIS, analiza nueve variables como porcentaje de población cubierta por mutualidades, gasto en seguros privados o sanitario per cápita; índice de camas privadas sobre el total; porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados o presencia de modelos de colaboración público-privada destaca que la privatización ha aumentado en todas las comunidades. Según la tabla resultante las comunidades más privatizadas son Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco. Las que menos Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía y Asturias.

Los “atascos” y “aglomeraciones” que se están produciendo están directamente vinculados, según el presidente de la FADSP con la “disminución de los recursos del sistema sanitario” madrileño. Entre 2010 y 2018, recuerda, se perdieron 1.950 camas y 3.300 profesionales. La pérdida de la capacidad para atender ingresos hospitalarios es una tendencia global que incluso viene de antes de la crisis: en el año 2000, España disponía de 365 camas hospitalarias en funcionamiento por 100.000 habitantes, frente a las 320 de 2008 y las 297 de 2017, lo cual supone una pérdida del 22%. España se queda por debajo de la media en la UE, de 5,5, incluso de Grecia (4,2 camas por cada 1.000 habitantes), Portugal (3,4) e Italia (3,2). Y muy lejos de países como Japón (13,1), Corea del Sur (12,3), Rusia (8,1) o Alemania (8).

Varias de las comunidades más afectadas por el coronavirus son las de mayor privatización según uno de los indicadores más importantes, el índice de gasto en conciertos en relación con el total de gasto sanitario público, según datos de estadística de gasto sanitario público de 2017 del Ministerio de Sanidad las 8 primeras son: Cataluña: 2.677,23 millones, un, 25,6% del total del gasto sanitario público; Madrid: 914,76 millones, 11,2%; Baleares: 173,43 millones; 11,1%; Canarias: 277,82, 9,6%; La Rioja: 34,43 millones, 7,7%; País Vasco: 246,92 millones, 6,7%.; Murcia: 149,43 millones, 6,6%; Navarra: 67,06 millones, 6,5%.

De esta crisis sanitaria y social deberíamos extraer algunas conclusiones. La primera es que debemos prepararnos para nuevas pandemias en años no muy lejanos, la OMS alertaba ya en 2009 que los cambios en el ecosistema y la globalización favorecían la aparición de pandemias y señalaba en 2018 que “Hay una necesidad no satisfecha de invertir más en la preparación para grandes epidemias y pandemias”.

La segunda y más importante es que necesitamos de unos potentes servicios públicos, especialmente de una potente sanidad pública, si queremos tener capacidad de respuesta, salvar vidas, porque el sector privado se basa en los beneficios pero no en la protección de la salud de todas y todos, sin exclusiones ni discriminaciones. Para ello debemos de defender los servicios públicos y exigir la derogación de los convenios sanitarios, con la nacionalización de los centros privados que se han puesto de perfil e incluso anuncian ERTES que afectaran a 28.000 personas y de las empresas farmacéuticas que están ya haciendo negocio.

Debemos recordar cuando volvamos “a la normalidad” que las plantillas sanitarias sufren severa precarización y que además de los merecidos aplausos, necesitan un incremento y estabilización. Hay que reorganizar la atención, abriendo los turnos necesarios para optimizar y utilizar al 100% las instalaciones sanitarias. Que la normalidad sea tener una industria farmacéutica de titularidad y gestión públicas con financiación completa de los medicamentos necesarios para la población.

Y sobre todo cuando volvamos a la normalidad, debemos recordar que luchando contra esta pandemia y trabajando por todas y todos, cuidándonos, no estaban senadores, inversores de bolsa, empresarios del IBEX 35 o banqueros, estaban medicas, reponedores, limpiadoras, conductores, enfermeras, camioneros, cajeras, bomberos, cuidadoras de centros de la tercera edad o empleadas de farmacia: la clase obrera, en definitiva, al frente velando por la vida.

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