El Real Decreto del Campo: La nueva estafa del Gobierno

El pasado 6 de abril se anunció un Real Decreto por parte del gobierno mediante el cual tratará una vez más de salvar a los explotadores y grandes terratenientes. Este pretende incorporar a parados y a inmigrantes a trabajar como jornaleros ante la falta de temporeros, ya que a raíz de la pandemia y como parte de la declaración del Estado de Alarma, se impusieron el confinamiento y las restricciones fronterizas, por lo que disminuyó la mano de obra. Tras esto, la patronal agraria dio la voz de alarma ante la pérdida de sus beneficios.

Las condiciones de los trabajadores del campo cada vez son más difíciles al mismo tiempo que crecen los beneficios de los grandes propietarios, con la complicidad del actual gobierno formado por PSOE-Unidas Podemos/IU-PCE. Esto no es de extrañar, ya que como fieles servidores del sistema capitalista salen con su decreto a defender los intereses de los explotadores en detrimento de los jornaleros a los que dicen defender y preocuparse por su situación. Tampoco dudan en incumplir su propia legislación – convenios – en beneficio de los grandes propietarios de la tierra. Por su parte, partidos como PP, Ciudadanos y VOX se muestran abiertamente defensores de estos, al igual que de las grandes casas nobiliarias poseedores de tierras agrícolas como la Casa de Alba, cuyo actual representante, Cayetano Martínez de Irujo, tachó de “vagos” a los jornaleros y pequeños agricultores.

El gobierno defiende este decreto con el pretexto de evitar “la subida de precios” y para “no provocar desabastecimiento”. Una defensa hipócrita a todas luces, ya que ambas cuestiones se podrían evitar a través de una fijación de los mismos por parte de su Ministerio de Consumo (liderado por Alberto Garzón, de IU-PCE), el cual no ha utilizado su autoridad para mediar en estas cuestiones. Así mismo, no se habla del alto precio de las mascarillas necesarias para trabajar al aire libre, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.

Por un lado, con el decreto se intenta callar las protestas reivindicativas con el pago de la renta agraria o subsidios, a pesar de que esto no es más que una mera limosna que impide una vida digna por el salario de miseria que es realmente. Sin embargo, esto no es óbice para que los jornaleros trabajen durante largas jornadas intensivas. Todo esto mientras el gobierno facilita EREs y ERTEs.

Así mismo, la flexibilización temporal de los permisos para trabajadores inmigrantes facilitará la explotación de los mismos por parte de los grandes propietarios, siendo un sector laboral muy vulnerable. Más allá de la explotación laboral, en los últimos tiempos hemos conocido otros tipos de abuso, como el acoso y las agresiones sexuales hacia temporeras marroquíes en los campos de fresas de Huelva, así como agresiones violentas (caso de un inmigrante de Orcera que fue apuñalado por el dueño de la finca para el que trabajaba) o directamente acaban falleciendo y abandonados a su suerte, como hizo el propietario de una explotación agrícola de Hinojares (Jaén) con un jornalero marroquí. Tampoco debemos olvidar las condiciones de hacinamiento a la que están sometidos los trabajadores temporeros, como han denunciado en la localidad de Lepe (Huelva):

Estas condiciones han sido denunciadas incluso por un relator especial de la ONU, Philip Alston señalando:

“Los inmigrantes con los que hablé en Lepe y en las afueras de Huelva viven en chabolas y no tienen ni agua, ni electricidad, ni alcantarillado; viven en condiciones precarias, en las que en cualquier momento hay un incendio, se duchan al aire libre y algunos llevan más de cinco años allí, se deben mejorar esas condiciones. La industria de la fresa mueve más de 500 millones de euros y las grandes empresas deben preguntarse cómo esto sigue así y tomar medidas para mejorar esas condiciones.”

Son destacables los lazos entre los grandes propietarios de tierras agrícolas con la extrema derecha. Gran parte de las familias nobiliarias poseedoras de tierras, como la ya mencionada Casa de Alba, deben su fortuna al régimen franquista. Por citar un ejemplo, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, abuelo del actual represente de tal casa nobiliaria, fue embajador del régimen de Franco en Londres y procurador de las Cortes franquistas. Así mismo, la patronal agraria ASAJA se ha mostrado favorable a la presencia de miembros de VOX como Santiago Abascal en sus marchas:

Incluso el ya mencionado propietario de Hinojares (Jaén) que abandonó el cuerpo muerto de uno de sus trabajadores había sido apoderado de VOX.