Ayer la Asociación El Defensor del Paciente pidió a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la pérdida durante 18 días del cadáver de una anciana recluida en el asilo Amalvir Arganzuela.
A sus familiares no les dieron el certificado de defunción, por lo que la familia no sabe con certidumbre si el cuerpo incinerado fue el correcto.
«Pedimos su intervención ante esta debacle que cada día nos sorprende más, si es que algo puede ya sorprendernos. Por ello le solicitamos la investigación y la depuración de responsabilidades a que haya lugar. Aunque sea reiterativo, recordar tantos y tantos pobres ancianos y sus muertes, horrible experiencia para las familias», ha dirigido a la Fiscal la presidente de la asociación, Carmen Flores.
En la denuncia incorpora el relato de la hija de la anciana fallecida el 15 de abril. Según ha relatado, tardaron no solo cinco días en comunicarle desde el geriátrico en qué tanatorio estaba sino que se negaban a darle certificado de defunción y no le realizaron un test de coronavirus.
«Más tarde y gracias a una periodista de ‘Infolibre’ recibí el certificado en el aparece causa de la muerte posible covid-19. A día de hoy lucho con ellos para recibir el certificado médico que no me quieren enviar», señala en el escrito.
Además, la hija critica que la empresa funeraria perdió el cuerpo de su madre y tardaron 18 días en incinerarla, por lo que ya dudan de que sea su cuerpo el que fue quemado. Por todo ello, quiere incorporarse a las querellas contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su gestión en esta crisis en la residencias.
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