El colapso funerario ante la pandemia del coronavirus muestra su peor cara en Bolivia. La Policía se ha visto ante la dura tarea de levantar cadáveres en calles y viviendas y certificar los decesos por el nuevo coronavirus.
Desde abril, el Gobierno ha contabilizado que la recogida de las calles y de domicilios bolivianos de más de 3000 cadáveres por parte de los agentes policiales. La situación es trágica. Los hospitales están colapsados y los cementerios no cuentan con el espacio suficiente para enterrar a los muertos.
La cremación de las víctimas de la COVID-19 es obligatoria en todo el país. En la ciudad de La Paz, con más de 13 000 casos confirmados y más de 220 muertes, los familiares tuvieron que esperar días para que los cuerpos fueran recogidos para los entierros.
En Cochabamba, las autoridades comenzaron a enterrar a las víctimas de coronavirus en fosas comunes, ante la falta de espacio en cementerios y la saturación del único horno crematorio. Desde que inició la pandemia, la ciudad solicitó recursos al Gobierno interino, sin embargo, aún no ha recibido respuesta. Muchos critican la actitud del Gobierno de facto ante la pandemia.
A nivel nacional, el país ha reportado unos 91 000 casos y más de 3700 muertes. Estos datos sitúan a Bolivia entre los más afectados por la pandemia en función de su población, de unos once millones y medio de habitantes.
Debido a la incapacidad del gobierno de facto de Jeanine Áñez, ante la creciente amenaza de la COVID-19, los expertos han advertido de sus consecuencias en el futuro.
