La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado tras conocerse los “acuerdos” del ‘Pacto de Toledo’ que califica de “respuesta miserable de la clase política en plena crisis social, laboral, climática y sanitaria como la que la sociedad vive en estos momentos derivada de la pandemia de Covid-19.
Para la CGT, el engañoso consenso del ‘Pacto de Toledo’ -que se ha justificado siempre como un “mal menor”- evidencia nuevamente que es lo público lo que pierde para que lo sume o gane lo privado. Es decir, que el bien común se supedite al de unos pocos y sean las mismas de siempre las que paguen otra crisis del capital. En este sentido, la edad de jubilación se mantiene en los 67 años, se penalizan las jubilaciones anticipadas (aumentándose el número de años cotizados para calcular la pensión y que se fija hoy en 23, llegando a 25 en 2022), no se eliminan los topes a la cotizaciones de las rentas más altas para que se cotice en función de lo que se gana, y se potencian los planes privados de pensiones, negociados entre empresarios y los “agentes sociales” CC.OO. y UGT. Además, siguen estando en vigor las dos Reformas Laborales de PP y PSOE.
Según la CGT, el Sistema Público de Pensiones, basado en los principios esenciales de universalidad, suficiencia y equidad, ha sido uno de los grandes objetivos de la clase empresarial con miras de apropiarse de esas partidas económicas destinadas a garantizar una vida digna de las clases populares. Para los anarcosindicalistas, el capital ha expoliado derechos fundamentales y empobrecido a la población con la complicidad de fuerzas políticas, gobiernos y sindicatos que lejos de representar a la clase trabajadora han colaborado en limitar sus derechos y libertades, como se demuestran en los ‘Pactos de la Moncloa’ de 1977 o a los acuerdos en esta materia alcanzados por todas las fuerzas políticas y representantes de los intereses de la burguesía en 1995 destinados a controlar a una clase obrera en conflicto que luchaba por conquistas derechos como salarios, libertades, condiciones de trabajo y de vida dignos.
CGT incide en que esta ley no hace sino “profundizar en la lógica fundamentalmente contributiva del sistema y de diferenciación de sus fuentes de financiación”, encaminando al “sistema” de reparto y solidaridad, al campo de la capitalización individual. La ley Rajoy del 2013, insertada en las políticas de recorte criminal de derechos públicos y fundamentales, no hace sino llevar a la práctica lo que “la clase política, sindical y empresarial” habían pactado en el 2011.
La consecuencia de todo ello está clara, y es que tanto la clase empresarial y el capital vuelven a ganar a costa de las más precarias y desfavorecidas de nuestra sociedad. Y por ello, desde la CGT manifiestan que continuarán trabajando para defender un Sistema Público de Pensiones digno, gobierne quien gobierne.
