“La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza de las autoridades contra manifestantes la noche del 21 de noviembre y pide que se investiguen los hechos vandálicos contra el Congreso, tras los cuales, agentes del Estado reprimieron de manera indiscriminada la protesta”, ha indicado el organismo mediante un mensaje publicado este domingo en su cuenta oficial de Twitter.
Se trata de las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar la noche del sábado (hora local) en Ciudad de Guatemala, la capital el país centroamericano, para pedir la renuncia del mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, y los parlamentarios, por la corrupción y los presupuestos de 2021 aprobados el pasado martes, entre otras demandas.
El 10 de noviembre, y en medio de una severa crisis generalizada y atenuada por la corrupción y el robo a manos llenas por parte de funcionarios de diferentes instituciones, el Congreso, de mayoría afín a Giammattei, aprobó el presupuesto más grande de la historia del país ―99 700 millones de quetzales (unos 10 800 millones de euros)―, suponiendo un aumento de cerca del 25 % con respecto al ejercicio anterior.
En las referidas protestas, de carácter pacífico, las Fuerzas Especiales de la Policía arremetieron contra los manifestantes congregados en la plaza de la Constitución, lanzándoles gases lacrimógenos. Como consecuencia de la represión policial, decenas de descontentos resultaron heridos y presentaban síntomas de asfixia.
La CIDH ha recordado en otro tuit los estándares interamericanos en materia de protesta y derechos humanos, según los cuales, los Estados deben respetar la manifestación pacífica e individualizar a los manifestantes o terceros que pongan en riesgo dichos derechos o atenten contra los bienes del Estado ante actos de violencia.
Además, ha enfatizado que “el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas”.
Estas protestas suponen una señal más de advertencia al Gobierno de Giammattei y sus funcionarios, pues cabe recordar que, en 2015, un movimiento de índole similar derrocó al Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes, hasta la fecha, se hallan en prisión por delitos de corrupción.
