Nota V.O. : El estado burgués tiene un instrumento llamado Defensor del Pueblo, que actúa como si fuera una especie de Pepito Grillo de la burguesía o voz de la consciencia. Un medio para dar la sensación que las masas y el estado no están desconectados, que sus quejas y consultas son escuchadas.
En ocasiones los informes del Defensor del Pueblo son de interés porque nos permiten conocer con más detalle y profundidad las contradicciones existentes. A continuación, presentamos algunos fragmentos que hemos seleccionado de un extenso informe que ha realizado el Síndic de Greuges (defensor del pueblo de Cataluña) sobre la salud mental en los niños y adolescentes. Anterior a la aparición del coronavirus.
En él se narran las variadas y diferentes contradicciones en este aspecto, algunas de las cuales pueden ser desconocidas por el gran público o impensables a primera vista que se produzcan en el seno de una potencia imperialista como España.
“…En Cataluña, según la Encuesta de salud de Cataluña de 2017, 5 de cada 100 niños de entre 4 y 14 años es probable que sufran un problema de salud mental, una tendencia creciente en los últimos años. En el contexto actual, hay que poner de manifiesto la existencia de fuertes desigualdades sociales en la prevalencia de trastornos de salud mental.
Así, por ejemplo, la Encuesta de salud de Cataluña pone de manifiesto que, mientras un 5,4% de los niños de 4 a 14 años en familias de clase social baja tienen probabilidad de sufrir un trastorno mental, este porcentaje es solo de un 2,5% en el caso de niños de clase social alta.
A esta desigualdad se añade la dificultad de acceder a recursos alternativos fuera de la red pública de cobertura de necesidades en materia de salud mental de la población menos favorecida económicamente.
La crisis económica vivida en los últimos años, que ha derivado en un incremento de la presión y el estrés emocional de las familias socialmente más desfavorecidas, ha condicionado el bienestar psicosocial de los niños y adolescentes que forman parte de dichas familias y la posible emergencia de trastornos de salud mental especialmente entre este segmento de la población, lo que aún ha generado más inequidad…”
“…Las controversias entre los profesionales del ámbito de la salud mental en cuanto a la etiología de los problemas relacionados con la salud mental infantojuvenil, así como respecto del diagnóstico y el abordaje indicado en cada caso, pueden generar disfunciones en el sistema.
Algunos profesionales tienden a centrar las dificultades en el ámbito de salud mental que puede presentar un niño o adolescente en la reacción a factores ambientales y a atacar sus causas, principalmente a través de psicoterapia u otros métodos que trabajan con estos factores, mientras que otros profesionales tienden más a centrar las problemáticas en razones de tipo genético o biológico y a tratarlas más desde un enfoque estrictamente médico, principalmente a través de fármacos y atacando sus consecuencias o síntomas. Sin embargo, la mayor parte de los profesionales aplican metodologías y fundamentaciones teóricas que incorporan elementos de ambas grandes corrientes.
Se trata de una disciplina que trabaja con la parte más compleja del ser humano −la mente− y, en este sentido, es natural que las variaciones de concepción y de tratamiento sean diversas en función también del enfoque humanista y filosófico de que se parta en cada caso y de la manifestación en cada individuo, único en su historia y configuración.
No obstante, este hecho puede suponer dificultades a la hora de determinar si determinados “trastornos de conducta” que manifiestan algunos niños y adolescentes derivan de patologías de salud mental −y, por tanto, deben abordarse a través de tratamientos del ámbito de la salud− o si responden a problemas en la educación, establecimiento de límites y contención, y deben tratarse principalmente desde el punto de visto social y educativo. También a la hora de debatir si los tratamientos deben ser de tipo farmacológico o no; si los problemas y los tratamientos son coyunturales, o si son estructurales y a largo plazo; si son individuales o sistémicos, o si implican a la familia o no, etc.
Más allá de esta incidencia en el tratamiento, también existe un elemento valorativo y ético que será necesario tomar en consideración a la hora de considerar cuándo un “trastorno de conducta” hay que integrarlo como expresión de un malestar o de una disidencia sobre una cierta forma de disciplina social, que hay que escuchar y atender, o si, por el contrario, es expresión de algo que hay que tratar desde un punto de vista educativo, terapéutico o sanitario para modificarlo o contenerlo…”
“…Algunas decisiones, tanto en trastornos o dificultades en salud mental más leves como otros más graves que afectan a niños y adolescentes, tienden a hacer prevalecer los intereses y las dificultades de los adultos y del statu quo social en general antes de que los del propio niño o adolescente afectado.
Este dilema puede trasladarse a los profesionales del sistema educativo o de los servicios sociales, que pueden decidir trabajar un problema educativo o social a través del sistema de salud mental, y patologizar una situación que no necesariamente tiene que serlo, por las dificultades del sistema de adaptarse a las necesidades que presenta aquel niño o adolescente.
De la misma forma, y respetando el criterio clínico, un profesional de salud mental puede decantarse por la prescripción farmacológica, a pesar de ser más invasiva, antes que por una mayor intensidad en un tratamiento de tipo más terapéutico, priorizando la rápida efectividad en la contención del comportamiento del niño o adolescente, que dificulta la convivencia, y a pesar de que la atención terapéutica le pueda ser más beneficiosa e integradora a largo plazo.
Igualmente, las familias, cuando aparecen dificultades para contener la conducta disruptiva de un niño o adolescente, pueden llegar a claudicar y a solicitar la separación del núcleo familiar y el ingreso en un centro de este niño o adolescente, cuando no siempre es lo más beneficioso para el niño o adolescente.
Los profesionales del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, también desbordados por las diferentes situaciones en que se encuentran en los centros del sistema de protección, pueden requerir una intervención más intensiva para los niños y adolescentes que les generan más dificultades, sin valorar si es lo más adecuado para ellos…”
“…Los centros existentes actualmente en el ámbito privado, que atienden principalmente a adolescentes con problemas de conducta, salud mental y/o adicciones, no están sujetos a la regulación ni a la supervisión e inspección que requerirían estos centros que atienden y tratan personas menores de edad. En este sentido, en las visitas que ha realizado el Síndic a los centros actualmente en funcionamiento, en el marco del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura, se han detectado carencias en las instalaciones y también vulneraciones de derechos, sobre todo en el trato y en las medidas correctoras y disciplinarias que se aplican…”
“…Además de las carencias en cuanto a restricciones y supervisión de estos centros mencionados en el punto anterior, algunas familias que no pueden acceder a estos recursos, que consideran que son necesarios para su hijo o hija, claudican y ceden la guarda y custodia a la Administración, a pesar de que el sistema de protección a la infancia y la adolescencia no detecte una situación de desamparo previo, para acceder a un recurso público del sistema de protección.
Se trata de una situación de desamparo de facto, dado que si los progenitores de aquel niño o adolescente piden el ingreso de su hijo o hija en un centro terapéutico y la separación del núcleo familiar, esto puede indicar que a la práctica se produce una situación de claudicación en las funciones parentales −y, por tanto, de desamparo material− que debe ser atendida por el sistema de protección. No obstante, como se ha señalado, si esta misma familia dispone de recursos económicos, puede decidir ingresar su hijo o hija en un centro o someterlo a un tratamiento terapéutico manteniendo su guarda y custodia, sin que se considere que se encuentra en una situación de riesgo o desamparo que tenga que atender el sistema de protección…”
