Según la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, el 71 % de los pueblos indígenas y garífunas sufren los dañinos efectos de los proyectos de infraestructura, como las construcciones de hidroenergía.
Estos proyectos jamás son consultados a las comunidades que se han opuesto a ellos. Debido a ello, muchos lideresas y líderes comunitarios son perseguidos y asesinados.
Al menos 129 líderes y lideresas de comunidades garífunas e indígenas –84 hombres y 45 mujeres- recibieron ataques directos por defender la vida ante a estos proyectos extractivistas.
En Latinoamérica, Honduras es el país que muestra el mayor número de comunidades cuyas lideresas y líderes recibieron agresiones por la presencia de proyectos en sus territorios.
Pero Honduras no solo es el país con más lideresas y líderes atacados, sino también es el segundo después de Colombia con el mayor número de asesinatos: 15 víctimas.
El país se ha convertido en un infierno para quienes defienden la vida. Además de los ataques sufridos por el capital extractivista, enfrentan a la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, las armas del Estado oligárquico para reprimir sus voces.
