La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa , Dunja Mijatovic , ha trasladado su preocupación a España por las crecientes condenas en prisión de artistas y activistas estos últimos años. «Varias disposiciones del código penal español tienen un impacto negativo, que incluye un efecto disuasorio, en el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho de importancia crucial para un debate público libre y plural», dice la comisaria por carta al gobierno español. Asimismo le reclama una reforma de los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamación .
El ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo , ha replicado al Consejo de Europa que pretenden de revisarlo, pero que aún estudian la propuesta de reforma . «Tenemos nuestro propósito de limitar más claramente cuál es la conducta sancionada en estos delitos y ajustar las penas a la gravedad de la conducta», dice Campo en la respuesta.
La carta de Mijatovic al gobierno de Pedro Sánchez es del 11 de marzo. Hay asegura que el delito de enaltecimiento del terrorismo en España es problemático porque tiene una definición «ambigua e imprecisa» , lo que ha motivado interpretaciones divergentes a los tribunales españoles, algunas de contrarias a los «requisitos internacionales de libertad de expresión». Y lamenta: «Algunas decisiones judiciales en España no han determinado correctamente que el enaltecimiento del terrorismo implique realmente un riesgo real, concreto e inminente de peligro.»
También critica que los magistrados españoles interpreten de manera «abstracta» la intención de los acusados, sin tener en cuenta el contexto y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «La legislación antiterrorista sólo se puede aplicar al contenido oa las actividades que implican directamente el uso o la amenaza de violencia con la intención de propagar el miedo y provocar terror. » Y avisa de que «un mal uso» de las legislaciones en materia de terrorismo pueden llevar a restricciones «desproporcionadas» de la libertad de expresión, especialmente cuando castigan comentarios que «no hacen apología del terrorismo, sino que incitan otras formas de violencia» o son «políticamente incorrectos».
Injurias a la corona
La comisaria de Derechos Humanos también ve con preocupación el delito de injurias a la corona y pide al gobierno español que el reforme en la línea de los patrones europeos de derechos humanos. En particular, Mijatovic reclama a Sánchez que tenga en cuenta la sentencia del TEDH sobre la quemadura de fotografías del rey de España en Girona (Stern Taulats y Roura Capellera contra España) que establecía un margen amplio de crítica para los representantes públicos.
«El TEDH consideró que las críticas políticas a autoridades y personalidades públicas, mal que sean provocadoras y radicales, no se pueden considerar discurso de odio ni incitación a la violencia», recuerda Mijatovic.
Más delitos problemáticos
Aparte de poner énfasis en la reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la corona, en el centro del debate público en España, el Consejo de Europa también ve problemáticos los delitos de discurso de odio, ofensas religiosas y la difamación. Mijatovic considera excesiva la interpretación que hacen los jueces españoles de la noción de discurso de odio y teme que afecte la libertad de expresión en España. Por ello, considera crucial restringir este delito sólo a «la xenofobia, el antisemitismo y más formas de odio basadas en la intolerancia que incitan a la discriminación la hostilidad y la violencia».
Por otra parte, la comisaria de Derechos Humanos insta al gobierno de Sánchez a «despenalizar las ofensas religiosas», porque pueden limitar la libertad de expresión y dificultar un debate plural. Del mismo modo, exige de despenalizar la difamación porque, tal y como establece el alto tribunal de Estrasburgo, el solo hecho de que se puedan aplicar sanciones puede perjudicar la libertad de expresión.
Mijatovic ve necesarias todas estas reformas para reforzar la libertad de expresión en España y facilitar que los tribunales españoles tomen decisiones en línea con la jurisprudencia de Estrasburgo. «También demostraría el compromiso del gobierno [español] para proteger la libertad de expresión», concluye.
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