Una vez más se confirman los nexos entre el Ejército Nacional de Colombia y grupos paramilitares. En esta ocasión, Estados Unidos dio detalles de la relación entre ambos grupos armados. Los pormenores se presentaron a través de documentos desclasificados del Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés. Estos papeles se presentaron durante el juicio en contra del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido con el alias de “Macaco”.
El proceso en contra de Macaco es de hecho el primer proceso judicial que EEUU lleva en contra de un colombiano y que no tiene relación con narcotráfico o un daño en contra de un o una ciudadana estadounidense. El pasado 27 de septiembre, la Corte del Distrito Sur de la Florida, condenó por primera vez a un paramilitar por los delitos de tortura y por su participación en las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Colombia.
Uno de los casos por los que Macaco es investigado desde 2010 por la justicia norteamericana es el homicidio del líder social y periodista, Eduardo Estrada Gutiérrez, quien tenía 53 años cuando fue asesinado el 16 de julio de 2001 en San Pablo, sur de Bolívar.
“Esta decisión es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico (…) La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, expresó Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, quien acompañó el caso junto al Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas, Center for Justice and Accontability, CJA por sus siglas en inglés.
Telón de fondo de la violencia en Colombia
En los documentos revelados por el portal del Archivo Nacional de Seguridad, NSA (por sus siglas en inglés National Security Archive), se da cuenta de la situación de derechos humanos en Colombia durante los mandatos presidenciales de Ernesto Samper y Álvaro Uribe Vélez. En uno de ellos se lee que preocupa la tasa de asesinatos en el país y la violencia ejercida por grupos armados legales e ilegales.
En las páginas del informe también se afirma que el Estado colombiano es incapaz de llevar a cabo procesos de paz pues no sabe dar solución al conflicto a no ser que empleen ataques armados y también expresa que hay, al igual que ahora, una gran ausencia estatal en las regiones más vulnerables del país.
La investigación dice que los grupos paramilitares fueron creados en 1980 con el apoyo del Ejército Nacional, frustrado por no poder controlar a las guerrillas de las FARC y ELN. En el documento se detalló la expansión paramilitar: los paramilitares llegaban a determinada región, asesinaban a un número considerable de personas acusadas de ser simpatizantes de los insurgentes, “limpiaban” el territorio y establecían nuevos bloques. Todo esto con el conocimiento de los gobiernos nacionales y del mismo Estados Unidos.
En otro de los documentos se reafirman los nexos entre el Ejército y el paramilitarismo: “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.
En el caso particular de alias Macaco, Edwin Torres, juez federal de Estados Unidos, dijo que hay “gran cantidad de pruebas de que el grupo paramilitar de Macaco, el Bloque Central Bolívar, BCB, delinquía en una relación simbiótica con actores estatales colombianos”. Una de las tantas confirmaciones de lo anterior es el apoyo que proporcionaron los militares para la creación y fortalecimiento del BCB.
Buen trato
Los documentos expuestos en el juicio en contra de Macaco afirman que los militares detenían a los paras para luego dejarlos libres “y con sus armas”. Una de las razones de que el Ejército decidiera si capturaba o no a los armados puede extraerse de una de las declaraciones del general Néstor Ramírez: “Estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaban el orden constitucional a través de actividades subversivas”.
Medios nacionales e internacionales han resaltado también algunos pormenores revelados en dichas actas sobre la masacre de El Salado. Según las fuentes de Estados Unidos, el asesinato de sesenta personas en el sur de Bolívar a manos de unos 450 paramilitares, tenía el pleno conocimiento del Ejército colombiano. Aunque dicha institución debería estar para resguardar y proteger a los civiles inocentes, al contrario, dieron vía libre a los armados para perpetrar el cruel suceso.
“El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice otro más de los escritos. Sin embargo, la masacre de El Salado no es el único hecho de vulneración de derechos en el que hubo “buen trato” de militares hacia responsables de estos hechos que enlutaron al país.
La inteligencia de Estados Unidos también pudo recibir testimonios de la estrecha relación entre el general Rito Alejo del Río y los grupos armados ilegales. El militar retirado, además de ser condenado a 25 años de cárcel por el asesinato el líder campesino Marino López, también habría dado armamento al desviar “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en la región del Magdalena Medio en 1985”.
Macaco debe pagar
Aunque no se ha establecido la manera en que Macaco hará el pago que la justicia estadounidense le impuso como responsable del asesinato del líder campesino Eduardo Estrada, para la defensa de las víctimas esta sentencia es ejemplo de lo que se espera de la justicia colombiana.
El abogado de Macaco, quien en los archivos expuestos afirmó en sus declaraciones a Justicia y Paz -de donde fue expulsado- que el paramilitar no tenía relación con militares y nunca visitó Estados Unidos ni Disney World, también pidió la preclusión de su defendido, según él por el tiempo que ha pasado desde el asesinato.
Con más de 250 víctimas, Macaco cumple una condena de 33 años únicamente por el delito de narcotráfico, de los cuales 11 fueron pagados en EEUU. Desde 2019, el comandante paramilitar sigue en custodia en nuestro país. Y se espera que avance el proceso por las violaciones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados de los que es responsable y que abarcan una parte de todos los crímenes realizados por el paramilitarismo en Colombia.
¿Qué implicaciones tiene este juicio para los procesos contra paramilitares por crímenes en Colombia? ¿Sabe la justicia de EEUU quiénes fueron los militares que facilitaron la masacre de El Salado? ¿Qué podría pasar con los procesos por este hecho? Son solo tres preguntas, entre muchas otras, que suscita esta decisión de la justicia de Estados Unidos y que representan otro frente de búsqueda de justicia para las víctimas en Colombia.
Resumen Latinoamericano
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