La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Cristina Caamaño, informó este jueves el hallazgo de 105.000 pistas de audio archivadas por el organismo de forma ilegal, durante el mandato del expresidente Mauricio Macri, considerado como una violación a la Ley de Inteligencia del país, modificada como Ley 27.126.
De acuerdo con el ente, las escuchas ilegales fueron almacenadas por un programa informático, Sidea, siendo guardadas para ser empleadas en momentos oportunos por el Gobierno de Macri.
Asimismo, la también presidenta de Justicia Legítima denunció que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (Dajudeco), subordinada a la Corte Suprema, enviaba las conversaciones telefónicas a la AFI, empleando una dirección digital con un sistema punto a punto.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia radicó una nueva denuncia al encontrarse en ese organismo 105 mil escuchas. Cristina Caamaño señaló tener dudas de las razones por las cuales estaban en la AFI esa escuchas. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/HBMzbA34dK
— Juan Carlos Bartolotta (@JuanCteleSUR) February 17, 2022
«Si bien a primera vista las interceptaciones podrían haber sido ordenadas por los jueces, el volumen da cuenta de que no se destruían una vez entregadas a la justicia, se almacenaban conversaciones que en muchos casos no eran de interés para las investigaciones”, puntualizó la interventora de la Agencia, Cristina Caamaño.
En este sentido, el enlace de Internet facilitaba a la AFI la recepción de las pistas de audio por vía online en un tiempo récord de menos de 24 horas; y al no ser destruidas una vez que su función vencía convertía al procedimiento como ilegal ante la Ley de Inteligencia de la nación suramericana.
«La Agencia encabezaba la pesquisa ante la autoridad jurisdiccional, impulsaba la interceptación telefónica, trasladaba la orden judicial a la Dajudeco, procedía a la transcripción, procesaba la información y, tanto el audio como la transcripción, se almacenaban, sin gestionar ante la autoridad pertinente el destino final del material almacenado», comunicó la autoridad judicial.
