El proyecto de ley «Sobre el registro de agentes extranjeros», similar a la ley estadounidense FARA, ha sido retirado por diputados del movimiento Poder Popular, según declaró a los periodistas el 10 de marzo la presidenta del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili.
El recurso escrito de los diputados fue examinado en la Mesa del Parlamento georgiano. El proyecto de ley «Sobre el Registro de Agentes Extranjeros» se presentó tras la presentación del primer proyecto de ley «Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera».
La Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera es una versión más suave de la ley estadounidense sobre agentes extranjeros y no prevé sanciones. Fue la aprobación del proyecto de ley más benévolo el 7 de marzo lo que desató el malestar de la oposición azuzada por la embajada de Estados Unidos y dirigentes de la Unión Europea. El neo-nazi Josep Borrell llegó a afirmar que, pese a ser una copia de la ley estadounidense, para Georgia no era buena ya que violaba los «valores» europeos.
Según el retirado Proyecto de Ley de Registro de Agentes Extranjeros, toda persona física o jurídica que recibiera financiación del extranjero estaba obligada a dirigirse a la Fiscalía General de Georgia y registrarse como agente extranjero. La infracción se castigaba con multa o pena de prisión de hasta 5 años.
La ley no se aplicaba a los diplomáticos extranjeros ni a las personas dedicadas a actividades benéficas que «se dediquen a conciencia a actividades religiosas, educativas, científicas, académicas o artísticas».
El 9 de marzo, tras dos días de protestas contra la ley, que degeneraron en disturbios con cócteles molotov e intentos de irrumpir en el Parlamento georgiano, el partido gobernante Sueño Georgiano y el movimiento Poder Popular, impulsores de la ley, decidieron hacer concesiones. Las autoridades decidieron retirar el proyecto de ley y poner en libertad a todos los detenidos durante los disturbios.
El 10 de marzo, el Parlamento georgiano votó en contra de la primera versión más suave del proyecto de ley sobre agentes extranjeros en su segunda lectura. Esta ley preveía el registro como agentes extranjeros de los medios de comunicación y las ONG cuyos presupuestos estuvieran compuestos por más de un 20% de financiación extranjera. El proyecto de ley no pretendía penalizar a los agentes extranjeros.
