Filipinas se «desvincula» de cualquier contacto con la Corte Penal Internacional (CPI) una semana después de que el tribunal rechazara la petición del país de suspender su investigación sobre la guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte, informa la agencia oficial de noticias del Gobierno filipino.
«Esto pone fin a nuestra relación con la CPI», declaró el martes el actual presidente filipino, Ferdinand R. Marcos Jr. «En este momento, nos estamos desvinculando de cualquier contacto o comunicación», afirmó.
«La apelación ha fracasado. Y no hay, en nuestra opinión, nada más que podamos hacer«, agregó.
Asimismo, el mandatario adujo «serias dudas» sobre la jurisdicción de la CPI, calificando las acciones del tribunal de «interferencia» y «prácticamente un ataque a la soberanía».
En marzo de 2018, Rodrigo Duterte ordenó la salida de Filipinas del Estatuto de Roma, instrumento mediante el cual se constituye la CPI. Manila cortó formalmente sus lazos con el tribunal el 17 de marzo de 2019.
En septiembre de 2021, la CPI inició una investigación formal sobre la guerra contra el narcotráfico lanzada por Duterte, pero la suspendió dos meses después de que el Gobierno filipino prometiera examinar el caso por su cuenta.
No obstante, el tribunal argumenta que incluso si un Estado se retira del estatuto, la CPI puede investigar crímenes que se cometieron cuando el país aún era miembro. Así, en junio de 2022, el fiscal de la CPI solicitó reabrir la pesquisa al no estar «satisfecho» con la investigación de Filipinas.
- Según los informes, la guerra contra las drogas de Duterte ha dejado más de 7.700 muertos. Sin embargo, el exmandatario insiste en que no ordenó matar a presuntos consumidores de estupefacientes, salvo en los casos en que la Policía actuó en defensa propia.
Viendo sus acciones contra Rusia y su nula actividad ante las «hazañas bélicas» de la OTAN y de EE.UU. Filipinas ha hecho muy bien en salirse de esa entidad aborregada en favor de Occidente.