Gabi.— La democracia en el Estado español hace aguas por todos lados. Es muy frecuente que en los medios de comunicación se tachen a ciertos países como regímenes autoritarios. Normalmente, se refieren a gobiernos que, bien forman parte de la facción burguesa opuesta (Rusia, Irán, Argelia, etc.), o bien representan a la clase antagónica, a la clase obrera (Cuba o la RPDC). El principal argumento que esgrimen para tal caracterización es la ausencia de elecciones a la hora de elegir a sus representantes políticos. Evidentemente, esta afirmación es rotundamente falsa en la mayoría de los casos. Sin embargo, no es objetivo de este artículo desmentir las calumnias de los medios burgueses, sino profundizar en los límites de una democracia bajo el yugo de la dictadura del capital.
A la hora de difundir las propuestas electorales, los partidos y agrupaciones minoritarios se encuentran con grandes dificultades, más aún si el programa tiene un carácter revolucionario. Al final, se depende exclusivamente de las redacciones de los medios de comunicación, que, normalmente, no ven más que inconvenientes y, sin más, dejan que la propuesta caiga en la papelera del correo. La mayoría de las veces, los inconvenientes son meramente económicos, por lo que se solucionaría acudiendo a espacios alternativos. Sin embargo, en casos de censura ideológica, las opciones se reducen drásticamente. Cuando en la Constitución se dice que no se permite la censura previa, se refieren a la censura gubernamental y pública, no a la censura de las empresas privadas. De nuevo, el interés de la mayoría de conocer los programas revolucionarios se subordina a los intereses de la inmensa minoría que posee medios de producción, en este caso, medios de comunicación.
Por otra parte, es frecuente escuchar a las políticas y políticos burgueses que nuestro sistema electoral es estupendo, porque permite a la ciudadanía elegir a sus representantes al Congreso y al Senado libremente. Y sobre el papel es así, pero ¿y si un colectivo se quedase sin representante? La ley Electoral requiere a los partidos políticos sin representación parlamentaria recoger las firmas del 0.1 % de la población censada en la circunscripción en la que se quiera lanzar candidatura. Eso implica que para presentarse por Madrid habría que justificar 6 642 firmas; para Barcelona, 5 575; y para A Coruña 1 122. ¿Qué partido minoritario puede soportar esta carga de trabajo? Muy pocos. En las ocasiones en que hemos decidido presentar candidaturas, el PCPE lo ha aguantado prácticamente siempre, gracias a la elevadísima disciplina militante.
No hay que olvidar que vivimos bajo una dictadura del capital, y que es este, en última instancia, el que determina el sistema electoral. Suponiendo que un partido sin representación parlamentaria pudiera conseguir las firmas para presentarse, ¿cómo sería capaz de competir contra las campañas multimillonarias de los partidos institucionales? Para las elecciones generales de 2019, según La Vanguardia (https://bit.ly/46KobsQ), el PP gastó 12.4 millones de euros, seguido muy de cerca por el PSOE, que invirtió 10.6 millones, y por Ciudadanos, con 10 millones. Un poco más lejos, pero manejando todavía unas cifras alarmantemente altas, se sitúan Unidas Podemos, con 5.7 millones, y Vox, con 2.68 millones. Más de la mitad de los fondos provinieron de aportaciones privadas, mientras que la otra parte se recaudó a base de créditos bancarios. Los partidos electoralistas funcionan cada vez más como empresas en las que se puede invertir para sacar un beneficio a medio plazo. ¿Cómo van a defender los intereses de la clase obrera si los financia su enemigo de clase?
No obstante, el gran perjuicio que provoca el sistema electoral del Estado español es el alejamiento del pueblo trabajador de las decisiones políticas. Nuestra participación se limita a introducir una papeleta en una urna basándonos en una serie de promesas que ni siquiera se cumplen en la mayoría de los casos. Valga como ejemplo la reforma de la Constitución de 2011 para introducir el artículo 135 y garantizar el pago de la deuda pública sobre otras necesidades sociales. El proceso se realizó de forma rápida y sin necesidad de un referéndum, simplemente con los votos a favor de los dos partidos mayoritarios: PSOE y PP. Por realizar una comparación odiosa, en Cuba, para aprobar el Código de las Familias fue necesario, primero, bajar el borrador a la población para que lo debatiera y propusiese modificaciones; segundo, recibir las enmiendas propuestas y valorarlas; y, tercero, mandar un texto definitivo y votarlo en consulta popular, siendo aprobado con más del 74 % de los votos a favor.
La democracia, tal como se entiende normalmente, como un «sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo» (DLE, s. v. democracia), no es posible bajo la dictadura del capital. El pueblo no tiene opción de ejercer la soberanía del Estado español porque la detenta la burguesía, la minoría propietaria del capital, a través de las instituciones financiadas por ella. Que la clase obrera no espere nada de estos comicios, solo en el Socialismo tenemos futuro.
