Carolina Trejo Vidal.— Desde ejecuciones premeditadas, desapariciones forzosas, hasta muertes provocadas por disparos hechos de manera indiscriminada en allanamientos o manifestaciones de protesta, ocurrieron decenas de crímenes de lesa humanidad contra menores de edad en diferentes circunstancias durante los 17 años que duró la dictadura en Chile, muchos de ellos motivados por razones políticas, o por simple discriminación y demostración de fuerza.
“El hecho de haber matado tanto niñas, niños y adolescentes es un acto criminal, vengativo y de represión. Porque, hay que recordar, para la dictadura civico-militar la juventud, la cultura era un acto de odio”, señala a Sputnik la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira.
Algunos de estos asesinatos fueron realizados a plena luz del día, otros frente a testigos, varios hechos de manera subrepticia, con el fin de que no fueran descubiertos. Crímenes realizados de forma arbitraria, sin cargos, sin juicios, ni condenas legítimas. Expresiones brutales de abuso y represión que la dictadura chilena desplegó de norte a sur en el país sudamericano, provocando el miedo y cobrando la vida de pequeñas víctimas.
“Todos los niños, niñas y adolescentes son de barrio popular, los mataron en allanamientos, los mataron en actos represivos con sus padres, cuando persiguieron a sus padres.
Además, hay que recordar que acá la ejecución, la detención con desaparición, los prisioneros políticos en general, son de la clase trabajadora, de los sectores más populares en nuestro país”, explicó Lira.
Una caravana criminal
Victoria Saavedra tenía 30 años cuando, 13 días después del golpe de Estado —perpetrado la mañana del 11 de septiembre de 1973— detuvieron a su hermano menor, José, alumno de enseñanza media que tenía recién cumplidos los 18 años.
“Fue detenido por Carabineros [policía militarizada] el 24 de septiembre de 1973, en la casa de mi hermana Angela, y llevado a la Comisaría, donde estuvo incomunicado cinco días, tiempo en que era llevado a una casa de tortura que tenía Carabineros en las afueras de la ciudad, donde lo torturaron salvajemente para que diera los nombres de sus compañeros, no entregando nunca información que pudiera comprometer a otros estudiantes”, recuerda Victoria en conversación con Sputnik.
La también fundadora de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, de la nortina ciudad de Calama, recuerda que luego José fue trasladado al Regimiento de esa ciudad, donde se le hizo un irregular consejo de guerra que lo condenó a 541 días de confinamiento al sur del paralelo 38, “por haber participado en una reunión en tiempo de toque de queda”.
“Luego lo llevaron a la cárcel, donde permaneció hasta el 19 de octubre, día en que llegó a Calama una comitiva desde Santiago, que después sería denominada Caravana de la Muerte”, detalla.
La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar que recorrió Chile en los primeros meses de la dictadura para ejecutar a un total de 93 personas. La tropa viajó a cargo del general Sergio Arellano Stark, bajo las órdenes directas del general Augusto Pinochet, principal perpetrador del golpe y quien se haría del Poder Ejecutivo chileno tras deponer a Salvador Allende.
El 18 y 19 de octubre de 1973, la caravana pasó por la región nortina de Antofagasta, dejando a su paso un total de 40 personas ejecutadas en las ciudades de Antofagasta y Calama. Dos de ellas aún permanecen desaparecidas.
Al arribar a la ciudad de Calama, el día 19, el grupo de Arellano sacó desde la cárcel local a 26 detenidos, quienes fueron vendados, amarrados y trasladados hacia el sector de Topater, en el camino entre Calama y Antofagasta, lugar donde fueron ejecutados. Entre ellos estaba José Saavedra.
“Fueron fusilados después de haberlos masacrados con corvos [cuchillos curvos, típicos de Chile]. El día 20, en la tarde, concurrió a la casa de mis padres un teniente del Ejército acompañado por un suboficial y el capellán, y le informaron que los prisioneros eran trasladados a Antofagasta y se sublevaron y atacaron a quienes los custodiaban, siendo dados todos de baja”.
El 20 de octubre de 1973 se dio a conocer, por medio de la prensa, una información oficial emanada del Jefe de Plaza, que señalaba que 26 detenidos de la cárcel de Calama habían sido muertos por el personal militar que les transportaba a la cárcel de Antofagasta, cuando aquellos intentaron huir aprovechando un desperfecto eléctrico del vehículo en el que eran trasladados. Sus restos no fueron entregados a sus familiares.
José “tenía una melena que le llegaba hasta los hombros y sus ojos eran de color verde indefinido, ‘Ojos color del tiempo’, le decía cuando experimentaban un cambio de tonalidad. Era el cuarto de los cinco hermanos que conformábamos la familia. Muy apegado a mi madre, regalón de las hermanas mayores y amante de sus sobrinos”, recuerda Victoria a su hermano.
Pepe, así era como lo llamaban, era admirador del presidente Salvador Allende (1970-1973) y de su proyecto de gobernar al país, por lo que comenzó su participación social desde los inicios de la Unidad Popular, cuando estaba en el colegio. “Junto a los curas obreros, cada fin de semana concurría a las poblaciones periféricas de la ciudad a realizar trabajos voluntarios y ayudar en lo que fuera necesario”, cuenta.
Su hermana confiesa que no sabían de su participación política hasta que lo detuvieron y estuvo en la cárcel. “En esa oportunidad se sinceró y nos contó que militaba en el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) perteneciente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”.
“Pepe era un adolescente de 18 años, pertenecía a la directiva del centro de alumnos del Liceo de Hombres de Chuquicamata, era alegre, divertido, generoso, amante del neofolklore y la música anglo que se escuchaba en ese tiempo”, rememora Victoria.
Asesinato en la madrugada
Para Alicia Lira, el asesinato de menores buscaba atemorizar y también sancionar a quienes pensaban distinto.
“La belleza de los niños y niñas, adolescentes, eso implica también castigar a la sociedad, castigar aquellos que se rebelaron, resistieron la dictadura. O a esos hijos de familias, por ejemplo, como la familia de Hilda Calderón Velásquez, en Talca”.
Lira se refiere al crimen perpetrado el 14 de septiembre de 1973, en la ciudad de Talca, 200 kilómetros al sur de Santiago, donde fueron ejecutados tres miembros de una familia, entre ellos Hilda Velásquez Calderón, de 31 años de edad, quien era enfermera universitaria y militante comunista.
Fue asesinada junto a su marido Héctor Valenzuela Salazar, de 27 años, profesor universitario, y su pequeña hija Claudia, de tan solo 6 años.
Los hechos investigados por la Comisión de Verdad y Reconciliación señalan que los efectivos de Carabineros llegaron hasta el domicilio de la familia en el marco de las investigaciones que realizaban a raíz de un incidente en Paso Nevado. En ese momento, Hilda despidió a los policías.
Tras la ocurrido, a la medianoche, según la investigación, “allanaron la casa de Héctor Valenzuela y le dieron muerte a él, a su cónyuge y a una de sus hijas”. Resultaron heridos los otros dos hijos del matrimonio, Paula y Gonzalo Valenzuela, de cuatro y dos años, respectivamente. La explicación oficial señaló que se había tratado de un enfrentamiento.
“Los antecedentes reunidos por esta Comisión acreditan que la casa fue allanada en la madrugada y las víctimas ejecutadas en su interior; los efectivos policiales habían acordonado el sector desde temprano, advirtiendo a algunos vecinos que no salieran a la calle y ordenando que permanecieran en sus casas; y que cuando llegaron otros familiares del profesor y aún se encontraban los cadáveres en la casa, los Carabineros presentes explicaron que se había tratado de un suicidio”.
Lucha por verdad y justicia
Victoria Saavedra cuenta que los familiares se organizaron y en 1983 formaron la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Calama, “cuya finalidad era encontrar los restos de nuestros deudos, e iniciamos las querellas para juzgar a los responsables pidiendo justicia y reparación por el asesinato de nuestros familiares”.
Esto debido a que, respecto de los cuerpos de los 26 fusilados en 1973, hubo un compromiso de la autoridad militar de la época de entregar los restos al cabo de un año, lo que jamás se cumplió, a pesar de constar el compromiso en documentos entregados a las familias.
Solo 17 años después de los crimenes, en 1990, se encontró la fosa donde fueron enterrados clandestinamente, lugar donde por un periodo estuvieron ilegalmente inhumados y desde donde fueron retirados, vueltos a enterrar en otra fosa, para luego ser desenterrados, puestos en bolsas y lanzados al mar.
“Se recuperaron pequeñas osamentas y elementos culturales, lo que permitió que años después fueran identificados 24 de los 26 ejecutados de Calama”, detalla Victoria.
“En 1995, el Servicio Médico Legal de Santiago hizo las identificaciones de los restos por superposición fotográfica y determinó que siete osamentas pertenecían a Pepe, pero después, con el examen de ADN, se comprobó que ninguna de ellas eran de mi hermano. Fue un golpe muy duro quedarnos sin nada y tuvimos que entregarlas a los familiares correspondientes”, recuerda Victoria.
“Luego en el 2017, de Pepe, entre las osamentas que estaban guardadas sin identificar, se encontraron dos vértebras, un trozo de costilla y un diente. Este último se desintegró al hacerle el examen de ADN nuclear”, añade su hermana.
Una justicia tardía y permisiva
Cuarenta y siete años pasaron para que, en mayo de 2020, ocho oficiales en retiro del Ejército fueran también condenados por la Corte de Apelaciones de Santiago como autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio calificado de las 26 personas fusiladas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.
No obstante la condena de los oficiales, las cortes de Antofagasta y Calama decidieron absolver a un exoficial por falta de participación y dictaron el sobreseimiento definitivo del general Sergio Arellano Stark por motivo de demencia.
En el caso de la familia de Hector Valenzuela e Hilda Valázquez fue en 2009 cuando el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Eduardo Meins, sometió a proceso al exoficial de Carabineros Emilio Muga Galfano, en calidad de autor de los delitos de homicidio del matrimonio y su hija.
Muga quedó en libertad bajo fianza hasta que, en julio de 2010, fue condenado a la pena de cinco años y un día de presidio por los homicidios.
Para Lira, la justicia actúa de manera tardía y permisiva con los criminales de lesa humanidad. Por eso recalca la importancia de reparar y visibilizar estas decenas de historias. “Como lo hicimos con el libro, Rompiendo el silencio, para mostrar lo que había significado que en la dictadura civil militar existían niños, niñas y adolescentes ejecutados políticos, como detenidos desaparecidos”, algo que los gobiernos posdictadura “nunca mencionaron”.
