Martín Ferreyra (Tiempo argentino).— Los sindicatos de los trabajadores del sector público a nivel nacional, ATE y UPCN, confirmaron que participarán del paro y la movilización convocados por la CGT en rechazo del DNU 70 y de la Ley Ómnibus.
La confirmación llegó después de que el Ejecutivo, a través del portavoz Manuel Adorni, ratificó su amenaza de descontar el día a los trabajadores públicos que cumplan con la medida de fuerza.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, convocó a los estatales a participar de la convocatoria de la central obrera y reivindicó las medidas como respuesta lógica a un ataque de la administración de Milei contra los empleados del Estado.
El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, también alentó a los afiliados a defender los derechos y destacó que la posición en defensa de la legislación laboral recibió avales de la Justicia del Trabajo.
La ratificación también sucedió a la firma de un acuerdo de aumento salarial del 16% para el sueldo de enero de los estatales.
Para ATE, sostener el paro y la movilización excede la paritaria por la amplitud de reclamos que habilita el mega decreto presidencial y el proyecto de ley que motivaron las medidas de fuerza.
Retruques
El último viernes, en su habitual conferencia de prensa, Adorni expresó ante los periodistas: «Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre. Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen que un empleado estatal no vaya a trabajar».
Aguiar, de ATE, recogió el guante públicamente y le preguntó, retóricamente, a Adorni: «¿A quién le van a pagar con la que nos cobren a los estatales que vamos a parar? El paro va a ser masivo, ¿le van a pagar al FMI, al Hotel Libertador o la van a depositar en la cuenta corriente de Techint?».
Intimidaciones
El referente de ATE apuntó que la amenaza de no pagar el día de trabajo y la disposición de un número telefónico para denunciar presuntos aprietes son «elementos intimidatorios que tienen que ver con un criterio autoritario» del gobierno de Milei.
En esa línea, remarcó que «la Justicia ha respaldado el planteo de la CGT y estamos también haciendo lo propio con el intento lógico de que los legisladores nacionales rechacen este DNU porque no tiene razón de ser. En muchos capítulos no hay ninguna necesidad ni urgencia y lo peor de todo es que vulnera intereses de todo tipo, lo que principalmente perjudica a los más necesitados, trabadores, jubilados y economías regionales. Por eso se hace el paro».
Aguiar apuntó que la huelga del miércoles es una medida de resistencia frente a la agresión el Ejecutivo, que se expresa en el congelamiento del salario, en la quita de horas extras, en los despidos de trabajadores de planta permanente. «Es una huelga para defendernos. No la hacemos los trabajadores si no que la provoca el gobierno», consideró.
