El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Jorge Arreaza, afirmó que la renovación de la Orden Ejecutiva de 2015 de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación continuada del derecho internacional, con efectos criminales en la población.
Los países miembros del @ALBATCP han manifestado en innumerables oportunidades su rechazo absoluto a la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que afectan, no sólo al pueblo venezolano, sino a las economías y pueblos de la región.
Esta renovación… https://t.co/UnnROxDdCN— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 6, 2024
A través de la red social X, el diplomático venezolano señaló que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) “condena con contundencia” estas trasgresiones.
Destacó que los países miembros del bloque de integración latinoamericano y caribeño manifestaron en “innumerables oportunidades” su rechazo absoluto a la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
El también miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido expresó que las sanciones afectan no sólo al pueblo venezolano, sino a las economías y pueblos de la región.
La víspera el Gobierno estadounidense renovó por otro año más la Orden Ejecutiva 13692 que declaró a la República Bolivariana una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior” del país norteño, la cual fue firmada en 2015 por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017).
Esta decisión sentó las bases jurídicas, políticas y administrativas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la nación sudamericana.
La Cancillería rechazó de manera enérgica este miércoles la renovación del decreto presidencial estadounidense y apuntó que este es utilizado por Estados Unidos para “justificar una sostenida campaña de agresión” contra el pueblo venezolano, en violación del derecho internacional.
El Ministerio para las Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que ello se constituye en un “caso de castigo colectivo”.
Con esta “acción innecesaria, absurda y hostil”, queda demostrado que el liderazgo decadente de Washington no está en capacidad de diseñar una política exterior coherente que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto, indicó.
La nota expresó que teniendo la oportunidad de “corregir errores e injusticias del pasado”, que incluso afectan sus propios intereses, la Casa Blanca opta por continuar aplicando su “terrorismo económico” a través de sus más de 930 medidas contra la República bolivariana.
Subrayó que “Estados Unidos es hoy rehén de sus propias políticas de agresión”.
No se puede esperar otra cosa de un Gobierno que “normaliza y banaliza el genocidio contra el pueblo palestino” o que se muestra indiferente ante la pérdida progresiva de los derechos civiles de sus minorías, remarcó.
