Los afiliados al poderoso sindicato bloquearon por una horas esta mañana la avenida Balboa, constató Prensa Latina, y exigieron la apertura de unas 18 cuentas bancarias cerradas hace siete meses por la estatal Caja de Ahorros, de manera ilegal y arbitraria.
La medida, incluida la reacción de otros bancos que se niegan a aceptar los depósitos que provienen de los pagos de las cuotas del colectivo y son esenciales para su funcionamiento, intenta doblegar a una de las organizaciones líderes en las protestas populares que a finales de 2023 obligaron al cierre de Minera Panamá subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum, según los manifestantes.
En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, precisó que las aisladas protestas se mantendrán hasta tanto el Gobierno de Laurentino Cortizo resuelva el problema; y adelantó que la junta directiva evalúa el momento indicado para una huelga nacional.
Esta es una medida de carácter político, aseveró, que se realiza en complicidad con los empresarios y el sector bancario desde hace siete meses y está encaminada a amedrentar al sindicato por encabezar la lucha contra un inconstitucional y antipatria contrato minero.
El también excandidato presidencial en 2019 denunció que este año el Ministerio Público comenzó una investigación sobre un supuesto blanqueo de capitales referente a las cuentas donde están depositados los fondos de la organización, provenientes del sudor de los obreros, remarcó.
Las vías mafiosas con las cuales pretenden liquidar al sindicato, dijo, se sustentan en medios como la Estrella de Panamá que sin argumentos publicó una nota en la que vinculan las cuentas de Suntracs a financiación del terrorismo, de ahí que también presentamos una demanda al informativo.
Estas acciones reivindicativas avanzan en paralelo con otras de orden legal, como denuncias ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por estos abusos, agregó.
De otra parte, señaló que también presentaron un recurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y esperan una respuesta de Doris Zapata, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Además, lograron que el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, abriera un proceso de oficio por la violación a los constructores de un derecho humano como lo es el acceso a sus depósitos bancarios.
