Petro niega supuestas escuchas a magistrados y pide no caer en “ingenuidades” de “grupos nazis”

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La Fiscalía colombiana investiga la denuncia del vicepresidente de la Corte Constitucional sobre presuntas interceptaciones de sus comunicaciones.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la polémica de las supuestas escuchas a magistrados por parte del Gobierno y sostuvo que su Administración “no intercepta comunicaciones”.

 

En una interacción en su cuenta de X, el mandatario ratificó la información publicada la víspera por la Presidencia en un comunicado y reiteró que la práctica de las llamadas ‘chuzadas’ ha sido prohibida “explícitamente” por él.

La inteligencia del Estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia”, agregó.

En días recientes, el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, denunció ante la Fiscalía que las comunicaciones de él y de su familia estaban siendo interceptadas por la inteligencia del Gobierno de Petro.

En respuesta, el mandatario señaló a los sectores derechistas que lo adversan de estar detrás.

“Si al magistrado Ibáñez le han llegado [mensajes de] WhatsApp con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del Gobierno sino del Gobierno con las otras ramas del Estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”, escribió.

Reacciones

La Presidencia informó en el texto emitido el pasado lunes que “se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario” para determinar si existen “circunstancias irregulares” en los procesos que se llevan a cabo en las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y en la Dirección de Tecnología de ese despacho.

“Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”, indicaron con referencia a los perfilamientos e interceptación de las comunicaciones hechas contra Petro, su familia y otros funcionarios de su Administración por parte del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre 2006 y 2009.

Según este escrito, los responsables deberán responder ante la Justicia.

Por su parte, el Ministerio Público difundió un comunicado donde manifestó que ordenó iniciar la investigación “de forma inmediata” y rechazó cualquier “insinuación de filtración deliberada o indebida” que pudiera afectar a los denunciantes.

La rama judicial también emitió un escrito oficial donde expresó su rechazo y preocupación por lo denunciado e instó al Gobierno a ofrecer las “garantías” para cumplir su labor y pidió a la Fiscalía “celeridad en las investigaciones”.

De igual forma, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expresó su preocupación de que esas interceptaciones pudieran haber sido hechas a togados de la justicia transicional, como lo han señalado algunos medios. Por ello, pidió al ente acusador que haga las investigaciones para aplicar sanciones a los responsables.

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