El máximo órgano judicial venezolano recabó -en tres intensas jornadas que iniciaron el miércoles y concluyeron la víspera, la información necesaria para pronunciarse sobre el contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro, luego de que la ultraderecha cantara fraude.
A la citación obligatoria del TSJ acudieron nueve de los 10 aspirantes a presidente y la totalidad de los 38 partidos y movimientos políticos que acompañaron cada una de las candidaturas.
Conforme a la ley, los citados, en su condición de ciudadanos, acudieron al tribunal acompañados por sus abogados para responder las preguntas de los magistrados y presentar los instrumentos electorales en su poder, según una de las sentencias.
Todas las audiencias estuvieron encabezadas por su presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez; el primer vicepresidente, Edgar Gavidia, y la segunda vicepresidenta, Tania D’Amelio, además de Tarek William Saab, en su condición de fiscal general de la República Bolivariana.
Lo más significativo de este proceso legal, amparado en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica del TSJ, fue la ausencia de Edmundo González.
González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en vez de concurrir publicó un documento en las redes sociales mediante el cual justificó su no presencia al expresar que si acudía al TSJ “en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso”.
Es “importante que conste en acta su incomparecencia y no acatamiento de la citación debida y perfectamente practicada” para que acudiera a la máxima autoridad judicial del país, afirmó la titular del máximo órgano judicial.
La inasistencia del representante de la PUD, aunque el tribunal no se ha pronunciado aún, puede ser tenida en cuenta como un acto de rebeldía al tratarse de una citación “intuitu personae”, la cual en términos jurídicos significa que no admitía ser remplazado ante esa obligación.
El menosprecio de González hacia la institucionalidad del país se manifestó también el pasado 20 de junio cuando tampoco acudió a la firma de un acuerdo convocado por el Consejo Nacional Electoral para que todos los candidatos reconocieran los resultados comiciales.
La semana pasada, a quien se le acusa de ser el responsable de los destrozos y muertes de los actos vandálicos poselectorales junto a María Corina Machado, también estuvo ausente a otra citación oficial del TSJ.
Ante ello el excandidato y coordinador nacional del Movimiento Primero Venezuela, José Brito, que asistió también a la cita del miércoles, calificó la ausencia de “absolutamente irresponsable con la paz del país y los venezolanos”.
Al no acudir a las dos convocatorias del TSJ, añadió, él está incurriendo en lo que en Derecho se conoce “como la contumacia y la rebeldía, lo cual puede acarrear que el Tribunal pueda ordenar un mandato de conducción”.
No es que vaya a ir preso, pero sí el tribunal puede “dirigir a la fuerza pública para que sea extraído y entrar en conocimiento del auto que se ventila” en este contencioso, que fuera convocado por el presidente reelecto Nicolás Maduro el pasado 2 de agosto.
Ayer el presidente Maduro fue más incisivo al abordar el tema, luego de presentarse ante los magistrados, al calificar de escandalosa la ausencia obligatoria del opositor.
“Es público, notorio y escandalosa la ausencia de Edmundo González y las declaraciones de sus tres partidos de desconocer absolutamente todo lo que tiene que ver con actas y materia electoral”, subrayó.
González se negó a cumplir con la justicia, pero también a darle la cara a la gente; se trata de un candidato que “está escondido, manda a los comanditos a matar, a quemar y a dar un golpe de Estado, pero no le da la cara al país”.
“Qué vergüenza deben sentir algunos de los que depositaron su voto por un cobarde que se esconde en la oscuridad, quién sabe de qué cueva o escondrijo, para tratar de destruir la paz de la República”, preguntó.
Este proceso, al decir del Tribunal Supremo de Justicia, tendrá un lapso de 15 días prorrogables para lo cual el máximo órgano judicial hará uso de “todos los mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico”.
