Durante mucho tiempo Suecia presumió de ser una tierra de acogida para refugiados y emigrantes. Ahora ha dado un giro radical a su política migratoria, en sintonía con otros países europeos. El ministro de Emigración, Johan Forssell, lo ve como un paso crucial en la “reorientación de la política migratoria” del país.
El gobierno sueco de Ulf Kristersson acaba de anunciar una medida de choque: ofrecer hasta 30.000 euros por persona para animar a los inmigrantes a abandonar voluntariamente el país. Esta iniciativa, prevista para 2026, supone un aumento espectacular respecto a la actual gratificación de retorno, que tiene un límite de 879 euros para un adulto.
Un informe encargado por el gobierno desaconsejó el aumento de la gratificación, estimando que sería ineficaz en vista de su coste y que correría el riesgo de ralentizar los esfuerzos de integración de los inmigrantes ya presentes en el territorio. Sin embargo, el gobierno persiste, con la esperanza de desprenderse de cientos de miles de inmigrantes que están desempleados desde hace mucho tiempo o dependen de la asistencia social.
En 2015, en el punto álgido de la crisis migratoria europea, Suecia acogió a 160.000 solicitantes de asilo, la tasa per cápita más alta de la Unión Europea. Esta afluencia masiva, sin embargo, marcó un punto de inflexión, e incluso llevó al gobierno socialdemócrata de la época a admitir que el país ya no podía mantener su “política de puertas abiertas”.
Hoy, con una coalición reaccionaria apoyada por los neonazis, Suecia está endureciendo considerablemente su política migratoria. Más allá de aumentar la gratificación de retorno, el gobierno planea facilitar la deportación de inmigrantes si consumen drogas, tienen vínculos con bandas criminales o si “amenazan los valores fundamentales suecos”. Estas medidas se suman a otras restricciones que ya existen, como limitar la reunificación familiar y aumentar el nivel del salario mínimo necesario para obtener un permiso de trabajo.
El viraje refleja una tendencia más amplia en Europa, donde muchos países están endureciendo las condiciones de acceso a refugiados y emigrantes. Suecia se encuentra a la vanguardia de este enfoque restrictivo.
