Fernando (Unidad y Lucha).— Como es claro y palpable a diario, en la sociedad capitalista la vivienda está plenamente inserta en la lógica de acumulación de capital, a pesar de ser una necesidad básica y fundamental. La Constitución es papel mojado en muchos aspectos, también en el derecho a una vivienda digna. La ‘democracia’ burguesa no tiene ningún interés en que la clase obrera acceda a una vivienda asequible.
Al fin y al cabo, es la gestora de la clase dominante, una parte notoria de la cual (incluyendo fondos buitres, constructoras e inmobiliarias, etc.) se dedica a la especulación con la vivienda y sus precios desorbitados. También hay un sustrato social de capas acomodadas, rentistas, que sacan beneficios sustanciosos.
Los partidos de la derecha no tienen reparos en defender los intereses de estos capitalistas y de su base social rentista: braman contra cualquier medida reguladora (por tímida y reformista que sea), agitan el miedo a la okupación y la criminalizan, etc.
En cambio, el pacto socialdemócrata PSOE-Sumar (junto a otros socios que sostienen el gobierno) ha anunciado a bombo y platillo, varias veces en los últimos años, la prohibición de los desahucios – por cierto, con la coletilla de “sin alternativa habitacional”, un eufemismo para tratar de difuminar la lucha de clases. ¿No era verdad la primera prohibición? ¡No, ni las demás! Porque aunque no ocupen portadas, los desahucios siguen produciéndose de continuo; así como suicidios de personas desesperadas. Hay casos muy flagrantes: viviendas de protección social que pasan a manos de fondos buitre, personas en dependencia y/o con cargas familiares mayores, etc.
Las medidas que ha puesto en marcha el gobierno son muy tibias y superficiales. El Bono Alquiler Joven en el fondo es una subvención encubierta, no a los y las inquilinas sino a los propietarios;
por no contar la cantidad de requisitos y obstáculos burocráticos (nacionalidad, ingresos demostrables, precio máximo de la vivienda). Luego, la limitación de subida en los alquileres solo aplica a las renovaciones anuales de contratos ya en marcha, así que no frena nada los precios de contratos nuevos. De hecho, sólo en 2022 la subida media estatal de los alquileres fue superior al 9%, y más del 17% en grandes ciudades.
Los salarios apenas crecieron raquíticamente, de modo que el poder adquisitivo de la clase obrera se desploma. De hecho, muchos sueldos ¡completos! ni siquiera alcanzan para el alquiler. Y el precio de las habitaciones también está disparado.
Con más de 4 millones de pisos vacíos para la especulación, la vivienda social está en números casi anecdóticos. Se rescató con dinero público deuda privada bancaria y gran cantidad de inmuebles, pero muy pocos se destinan a cubrir las necesidades de vivienda obreras y populares.
Es un frente vital en el que enfrentar al Capital.
