Juan Lehmann (Sputnik).— El Estado argentino deberá responder acerca de los archivos que guarda sobre el Plan Cóndor. Por una resolución del juez federal Sebastián Casanello, distintos organismos públicos deberán informar sobre la documentación relativa a la operación que —a instancias de Estados Unidos— devino en la instauración de dictaduras cívico-militares en Latinoamérica entre las décadas de 1970 y 1990.
La medida —dispuesta por Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 de Buenos Aires— exige respuestas a diversas dependencias. Las principales interpeladas son la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad, el de Defensa, el de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Concretamente, la orden apunta a dilucidar qué información atesora el Estado argentino sobre los perpetradores y las víctimas del Plan Cóndor, además de los archivos relativos al origen y puesta en marcha de la operación internacional que marcó a fuego el devenir del Cono Sur en el siglo XX.
En 2016 la justicia argentina definió al Plan Cóndor como un “acuerdo ilícito regional”. El Tribunal Oral Federal 1, a cargo del juicio por los crímenes denunciados, resaltó la coordinación de la operación internacional nacida en noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Según archivos desclasificados de Estados Unidos, uno de los responsables del plan fue Carlos Laidlaw, titular de la SIDE durante los primeros años de la última dictadura militar argentina (1976-1983).
La resolución del juez Casanello respondió a un pedido de una de las querellantes en la causa judicial: Alejandrina Barry, quien fue secuestrada por los militares en 1977 tras el asesinato de sus padres, víctimas de una acción coordinada entre las dictaduras de Argentina y Uruguay. En 2012, la Secretaría de Inteligencia confirmó que tenía información sobre la familia Barry.
Sin embargo, lo que catalizó la medida del juez federal fue la reforma del sistema de inteligencia anunciada por el presidente Javier Milei. Cuando el mandatario anunció la reestructuración de la entonces llamada Agencia Federal de Inteligencia (que pasaría a ser la SIDE), Alejandrina solicitó a la Justicia que se preservara toda la documentación relativa al Plan Cóndor.
Verdad y Justicia
“Esta es una noticia muy importante para revelar el rol de Estados Unidos en las dictaduras que sufrió Argentina. Los organismos de Derechos Humanos han denunciado históricamente la necesidad de abrir los archivos clasificados”, dijo a Sputnik Myriam Bregman, abogada de Alejandrina Barry y actual diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
“Cuando Milei anunció que eliminaría la SIDE, hicimos una presentación para preservar la información, y así llegamos a esta resolución. Históricamente habíamos pedido oficialmente que se allanaran las oficinas de Inteligencia para obtener acceso a informes, pero recién ahora vemos un avance claro en este sentido”, apuntó la legisladora.
Según Bregman, la resolución del juez federal Casanello comprueba que “la información de la represión durante el Plan Cóndor existe y que puede accederse a ella. Incluso, hay informes relativos al año 1974, antes de la dictadura de nuestro país, en los que se pergeña el accionar represor que se extendería por Latinoamérica”.
Consultada acerca de las flagrantes demoras que ha habido para el esclarecimiento del caso —considerando que la dictadura argentina finalizó en 1983, hace más de cuatro décadas—, Bregman consideró que “es difícil denominar a esto como justicia, pero es un paso importante para remarcar la verdad del rol del imperialismo norteamericano en el país y en la región. Nunca es tarde, si bien nos hubiese gustado que esto se supiera antes”.
Dictaduras pasadas, efectos presentes
Más allá de las especificidades de cada caso, según Bregman el Plan Cóndor tuvo un denominador común en los regímenes de facto instaurados en cada país latinoamericano: el establecimiento de un modelo económico que obturara el incipiente desarrollo del Cono Sur.
“El Plan Cóndor constituyó la implantación de un plan económico, político y cultural en la región, que intentó barrer con una conciencia social muy presente en nuestros países.
Reforzar el peso que tuvo este programa en Latinoamérica siempre es bueno, porque inauguró un camino que aún se profundiza”, remarcó la abogada especializada en Derechos Humanos.
“Estados Unidos buscó erigirse como un gendarme del mundo, y eso fue logrado, en gran parte, por el Plan Cóndor. En Argentina históricamente se ha intentado matizar el rol de Washington, pero está claro que, mediante la Escuela de las Américas, se educó a los militares para llevar a cabo la represión”, enfatizó la diputada nacional.
En la actualidad, el Gobierno argentino liderado por Javier Milei tomó medidas de marcado peso simbólico, como el virtual desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), organismo responsable de la búsqueda de los bebés secuestrados por los militares durante la última dictadura.
Además, la Administración nacional derogó un decreto presidencial que garantizaba el acceso a los archivos del Estado que pudieran tener información sobre los bebés robados durante el terrorismo de Estado. En respuesta, la Cámara Federal de Casación exigió a los tribunales que se preservara la documentación.
