Los años treinta conocieron – no solo en el Estado español – una intensa radicalización política, caracterizada por una agudización de la lucha de clases y por un retroceso de las políticas consensuales. Fue, pues, en un contexto de aguda crisis económica (crack de 1929), y después de que el gobierno provisional de Alcalá-Zamora (abril-diciembre de 1931) condenase a Alfonso XIII por alta traición y por amparar la dictadura de Primo de Rivera, que España vio aparecer una coalición republicana-socialista presidida por Manuel Azaña que permitió, de diciembre de 1931 a septiembre de 1933 (“Bienio Rojo”), implementar reformas que pretendían “modernizar el país”. Cambios, por otra parte, reivindicados desde tiempo ha por la clase obrera, el campesinado y otros sectores populares, sobre cuestiones tan determinantes como las reformas: agraria, laboral, educativa, militar o religiosa; y que, sin embargo, en su aplicación hallaron la feroz resistencia de los poderes fácticos. Es decir, la oposición de clase de terratenientes, grandes empresarios, financieros y de la Iglesia católica. Hasta el punto que en 1932, un salvapatrias venido a menos, el general Sanjurjo, intentó con un golpe de Estado, finalmente fallido, revocarlas.
Reformas, además, que tampoco satisficieron a las “izquierdas”: los anarquistas querían cambios más radicales; los campesinos y los obreros se sintieron decepcionados por la lentitud o no consecución de los cambios prometidos, y una parte de los socialistas y los comunistas del PCE propugnaban la vía revolucionaria al modo de la de Octubre de 1917 en Rusia. Tensiones que no se calmaron con la masacre, en enero de 1933, de 28 campesinos anarquistas, asesinados por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto en Casas Viejas, una pequeña localidad gaditana. Sucesos trágicos que, unidos al descrédito del gobierno republicano-socialista, precipitaron su caída y dieron la victoria a la derecha española más recalcitrante en las elecciones de noviembre de 1933, donde por primera vez votaron las mujeres, muy influenciadas por la Iglesia católica.
Un hecho transcendental
En esas circunstancias, y con un gobierno aferrado al capitalismo puro y duro, empezó el segundo bienio republicano o “Bienio Negro” (noviembre 1933-febrero 1936). Un gobierno formado por los radicales de Alejandro Lerroux y apoyado parlamentariamente por la derecha católica de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), un partido liderado por José María Gil Robles (el duce español), que nunca reconoció a la República, y por el modesto Partido Agrario Español. Un ejecutivo, por tanto, cuyo objetivo principal fue derogar las reformas del bienio anterior, para que el clero volviera a cobrar sueldos del Estado, los colegios religiosos abrieran de nuevo sus puertas, los terratenientes recuperaran las tierras expropiadas, etc. Una afrenta inaceptable para la clase obrera y popular, que junto a la crisis social (miseria, paro galopante, etc.), política (ocho gobiernos y tres presidentes en dos años) y económica, desencadenaría el hecho más transcendental del llamado “periodo de rectificación”: la Revolución de Octubre de 1934. Una insurrección de carácter socialista que se consolidó sobre todo en Asturias, aunque también prendió, pero con menos fuerza, en otros lugares de España. Un levantamiento popular, en fin, que surgió igualmente de las pretensiones de Gil Robles de dar “un giro autoritario” a la República en caso de presidir un día el gobierno de la nación. No en vano había declarado que “Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer”. Finalmente, la formación del Gobierno Lerroux-Gil Robles el 4 de octubre, provocó la chispa que hizo estallar al día siguiente la huelga general, que desembocaría en una verdadera revolución, por considerarla (en la mente de los revolucionarios, los casos de Alemania y Austria) como la antesala del establecimiento del fascismo en España.
Efervescencia revolucionaria
En Asturias, sectores del PSOE y de la UGT, el PCE, Esquerra y parcialmente la CNT, decidieron aproximar sus posiciones políticas en organizaciones como la Alianza Obrera, formada en Oviedo por 180 delegados sindicales de la CNT, UGT, BOC (Bloque Obrero y Campesino) y el PCE, aunque este último propugnaba igualmente un Frente Único. Alianzas que, asimismo, se fueron forjando, aunque con menor eficacia, en Extremadura, Andalucía, País Vasco, Madrid o en el País Valenciano, pero que también propiciaron grandes movilizaciones obreras. Una situación revolucionaria, por consiguiente, que originó una represión brutal del ejecutivo radical-cedista hasta que, después de numerosos enfrentamientos con los trabajadores sublevados, logró controlarla en toda España con dos excepciones: Cataluña y Asturias. En Cataluña, donde las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central se habían deteriorado desde 1933, la tensión política alcanzó su zenit cuando el 6 de octubre, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó en Barcelona el Estat Català. Decisión que condujo al encarcelamiento del alcalde de Barcelona Pi i Sunyer, y al del propio Lluís Companys, que fue posteriormente juzgado y condenado a treinta años de cárcel, así como a la suspensión del Estatuto catalán el 7 de octubre. En Asturias, sin embargo, la situación adquirió tintes más negros para las pretensiones del Gobierno Lerroux: aplastar la temida insurrección. Los revolucionarios tomaron el control de toda la región asturiana, incluida Oviedo, su capital, al grito de “o el socialismo o el fascismo”, y durante dos semanas los distritos mineros de Asturias estuvieron dirigidos por comités de trabajadores de la República Socialista Asturiana y por el Ejército Rojo, con sus famosos dinamiteros ebrios de libertad. Algo insólito en Europa desde la Comuna de París o la Revolución Bolchevique. Una efervescencia revolucionaria (cuarteles cayendo en manos proletarias, columnas mineras entrando en la capital ovetense, etc.) que marcó la historia de la Segunda República y forjó la solidaridad entre los partidos proletarios: socialistas, anarcosindicalistas y comunistas en pos del poder obrero y la construcción del socialismo. Y eso, el gobierno republicano de la oligarquía y el centralismo, no lo toleró. La represión protagonizada por la Legión Extranjera, los Regulares, las tropas nacionales comandadas por un sanguinario Francisco Franco fue despiadada, implacable: 1.500 muertos, más de 2.000 heridos y unos 30.000 prisioneros. Una dolorosa derrota que los vencidos interpretaron como “un alto en el camino para corregir errores y prepararnos para la próxima batalla, que acabará con la victoria final de los explotados”. ¿Qué revolucionario/a puede poner en duda la vigencia de tales propósitos?
