Un informe de Naciones Unidas, publicado el lunes, expone con escalofriante detalle los avances de Israel en Gaza en su intento de erradicar «la existencia misma del pueblo palestino en Palestina». Este proyecto genocida, advierte ominosamente el informe, «está ahora haciendo metástasis en Cisjordania, incluido Jerusalén Este».
La Nakba o «catástrofe», que en 1948 vio cómo las milicias sionistas expulsaban a 750.000 palestinos de sus hogares, llevaban a cabo más de 70 masacres y se apoderaban del 78% de la Palestina histórica, ha vuelto con esteroides. Es el siguiente y, tal vez, último capítulo de «un desplazamiento forzoso y sustitución de los palestinos a largo plazo, intencionado, sistemático y organizado por el Estado».
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, que publicó el informe, titulado «Genocidio colonial para la erradicación», hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que imponga un embargo total de armas y sanciones al régimen israelí hasta que se ponga fin al genocidio de palestinos. Pide a Israel que acepte un alto el fuego permanente. Exige que Israel, como exigen el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, retire a sus militares y colonos de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental.
Como mínimo, Israel, sin que quepa duda alguna, debe ser reconocido formalmente como Estado de apartheid y violador persistente del derecho internacional, afirma Albanese. La ONU debería reactivar el Comité Especial contra el Apartheid para abordar la situación en Palestina, y debería suspenderse la pertenencia de Israel a la ONU. Sin estas intervenciones, el objetivo de Israel, advierte Albanese, probablemente se hará realidad.
«Este genocidio en curso es sin duda la consecuencia del estatus excepcional y la prolongada impunidad que se ha concedido a Israel», escribe. «Israel ha violado sistemática y flagrantemente el derecho internacional, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad y las órdenes de la Corte Penal Internacional. Esto ha envalentonado la arrogancia de Israel y su desafío al derecho internacional. Como ha advertido el fiscal de la CPI: «Si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones de su completo colapso. Este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos en este peligroso momento».
Israel se centra en Yabalia, Beit Lahiya y Beit Hanun. Las unidades de defensa civil afirman que las fuerzas del régimen israelí les han impedido llegar a los lugares de las recientes embestidas y que sus equipos han sido atacados.
Israel ha ordenado a los palestinos que huyan a «zonas seguras» designadas, pero una vez en estas «zonas seguras» han sido atacados y se les ha ordenado que se trasladen a nuevas «zonas seguras».
«Los desplazados han sido sistemáticamente perseguidos y atacados en los refugios, incluso en las escuelas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), el 70% de las cuales Israel ha atacado repetidamente.»
En mayo, la invasión israelí de Rafah provocó el desplazamiento de casi un millón de palestinos, expulsados al sur de Gaza debido a las órdenes de evacuación israelíes, a «páramos inhabitables de escombros, aguas residuales y cadáveres en descomposición», señala Albanese.
En agosto, el 90% de los 2,3 millones de palestinos de Gaza estaban desplazados «en condiciones terribles», según la ONU.
Los meses de «incesante desplazamiento de seres humanos debilitados de una zona insegura a otra -huyendo de bombas y balas, con mínimas posibilidades de escapar, en medio de la pérdida, el miedo y el dolor, y con escaso acceso a refugio, agua potable, alimentos y atención sanitaria- han infligido daños incalculables, especialmente a los niños», se lee en el informe. «El desplazamiento de los palestinos se asemeja a las marchas de la muerte de genocidios pasados y a la Nakba. El desplazamiento forzoso rompe la conexión con la tierra, socava la soberanía alimentaria y la pertenencia cultural, y desencadena nuevos desplazamientos. Se rompen los lazos comunitarios, se desgarra el tejido social y se agotan las reservas de resiliencia. El desplazamiento forzado sistemático contribuye a ‘la destrucción del espíritu, de la voluntad de vivir y de la vida misma’».
Los constantes desplazamientos -muchos palestinos han sido desplazados nueve o diez veces- de una parte a otra de Gaza van acompañados de llamamientos de las autoridades israelíes a «renovar los asentamientos en Gaza» y a fomentar el «traslado voluntario de todos los ciudadanos de Gaza» a otros países.
Israel ha matado al menos a 43.300 personas en Gaza y herido a 101.510 en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Se calcula que 1.139 personas murieron – algunas a manos de fuerzas israelíes- en Israel durante la incursión de los combatientes palestinos armados en Israel y más de 200 fueron tomadas cautivas. En Líbano, al menos 2.787 personas han muerto y 12.772 han resultado heridas desde que comenzó el ataque israelí contra Gaza. Sólo el martes murieron 77 personas en ataques en todo el país.
El informe halló pruebas de que Israel ha llevado a cabo «más de 93 masacres»
Los investigadores de la ONU admiten que las cifras de muertos en Gaza son probablemente muy inferiores a la realidad, dado que al menos 10.000 personas, entre ellas 4.000 niños, están desaparecidas, probablemente enterradas bajo los escombros, donde «a menudo se oyen las voces de los atrapados y moribundos». Otros palestinos, un «número incierto», han sido capturados por las fuerzas israelíes y han «desaparecido».
Israel ha atacado repetidamente lugares de distribución de ayuda,campamentos de tiendas de campaña,hospitales, escuelas y mercados «mediante el uso indiscriminado de fuego aéreo y de francotiradores.» El informe señala que «al menos 13.000 niños, entre ellos más de 700 bebés, han muerto, muchos por disparos en la cabeza y el pecho», mientras que aproximadamente «22.500 palestinos han sufrido heridas que les han cambiado la vida».
«La inquietante frecuencia e insensibilidad del asesinato de personas que se sabe que son civiles son ‘emblemáticas de la naturaleza sistemática’ de una intención destructiva», se lee en el informe. «Hind Rajab, de seis años, asesinada con 355 balas tras suplicar ayuda durante horas;el mutilamiento mortal por perros de Muhammed Bhar, que tenía síndrome de Down; la ejecución de Atta Ibrahim Al-Muqaid, un anciano sordo, en su casa, de la que luego alardearon su asesino y otros soldados en las redes sociales; los bebés prematuros a los que se dejó deliberadamente morir lentamente y descomponerse en la unidad de cuidados intensivos del hospital Al-Nasr; el anciano Bashir Hajji, asesinado de camino al sur de Gaza tras aparecer en una fotografía propagandística de un «corredor seguro»; Abu al-Ola, el rehén esposado al que disparó un francotirador tras enviarlo al hospital Nasser con órdenes de evacuación. Cuando se asiente la polvareda en Gaza, se conocerá el verdadero alcance del horror vivido por los palestinos».
El genocidio ha convertido el paisaje en un páramo tóxico
«Cerca de 40 millones de toneladas de escombros, incluidas municiones sin detonar y restos humanos, contaminan el ecosistema», prosigue el informe. «Más de 140 vertederos temporales y 340.000 toneladas de residuos, aguas residuales sin tratar y desbordamientos de alcantarillado contribuyen a la propagación de enfermedades como la hepatitis A, infecciones respiratorias, diarreas y enfermedades de la piel». Como prometieron los dirigentes israelíes, Gaza se ha convertido en un lugar no apto para la vida humana».
En un nuevo golpe, el Parlamento israelí aprobó el lunes un proyecto de ley para prohibir a la UNRWA, salvavidas de los palestinos de Gaza, operar en territorio israelí y en zonas bajo control de Israel. La prohibición garantiza casi con toda seguridad el colapso de la distribución de ayuda, ya paralizada, en Gaza.
Hasta el 20 de octubre, 233 trabajadores de la UNRWA habían muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, convirtiéndose en el conflicto más mortífero para los trabajadores de la ONU.
Israel ha ampliado su «zona tampón» a lo largo del perímetro de Gaza hasta el 16% del territorio, arrasando casas, bloques de apartamentos y granjas. Ha empujado a más del 84% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza a «una ‘zona humanitaria’ cada vez más pequeña e insegura que cubre el 12,6%de un territorio ahora reconfigurado en preparación para la anexión». Las imágenes por satélite indican que el ejército israelí ha construido carreteras y bases militares en más del 26% de Gaza, «lo que sugiere el objetivo de una presencia permanente».
El bloqueo de alimentos va acompañado de la destrucción de plantas de tratamiento de agua, sistemas de alcantarillado, embalses, convoyes de ayuda, instalaciones sanitarias y puntos de distribución de alimentos; multitudes de personas desesperadas esperando comida «han sido masacradas» por soldados israelíes.
Israel ha destruido prácticamente todas las instalaciones y servicios médicos de Gaza. Ha dañado 32 de los 36 hospitales, y ha incapacitado 20 hospitales y 70 de los 119 centros de atención primaria. En agosto había atacado 492 veces instalaciones sanitarias. Israel sitió el hospital Al-Shifa por segunda vez en marzo y abril, matando a más de 400 personas y deteniendo a 300, entre médicos, pacientes, desplazados y funcionarios. Llevó a cabo una evacuación forzosa de todos los pacientes del hospital Al-Aqsa, excepto 100 de los 650.
«En agosto», reza el informe, «los permisos de entrada para las organizaciones humanitarias se redujeron casi a la mitad. El acceso al agua se ha restringido a una cuarta parte de los niveles anteriores al 7 de octubre. Aproximadamente el 93% de la economía agrícola, forestal y pesquera ha sido destruida; el 95% de los palestinos se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y a privaciones durante las próximas décadas».
«En los últimos meses, se impidió la entrada en Gaza del 83% de la ayuda alimentaria, y la policía civil de Rafah fue objeto de repetidos ataques, lo que dificultó la distribución», señala el informe. «Hasta el 14 de septiembre de 2024 se habían registrado al menos 34 muertes por desnutrición».
Estas medidas «indican una intención de destruir a su población mediante la inanición»
Los palestinos detenidos por las fuerzas israelíes «han sufrido abusos sistemáticos en una red de campos de tortura israelíes. Miles de ellos han desaparecido, muchos tras permanecer detenidos en condiciones espantosas, a menudo atados a camas, con los ojos vendados y en pañales, privados de tratamiento médico, sometidos a condiciones insalubres, inanición, tortura con esposas, fuertes palizas, electrocución y agresiones sexuales tanto por parte de personas como de animales. Al menos 48 detenidos han muerto bajo custodia».
El informe cita el papel de los medios de comunicación israelíes en la «incitación» al genocidio «al contribuir a fomentar un clima genocida incontrolado».
El informe critica a los medios de comunicación israelíes por servir de plataforma a «defensores del genocidio» y ocultar «hechos al público israelí». Al mismo tiempo, el ejército israelí ha matado a más de 130 periodistas palestinos.
Se equipara a los palestinos con los amalecitas, los enemigos bíblicos de los israelitas, así como con los nazis, para justificar su exterminio.
El informe de Albanese, en una sección titulada «Riesgo de genocidio en Cisjordania, incluido Jerusalén Este», señala que Israel ha acelerado sus ataques letales, detenciones y confiscaciones de tierras en Cisjordania. «La conducta genocida en Gaza sentó un ominoso precedente para Cisjordania», afirma.
En mayo de 2024, la gobernanza de Cisjordania fue «transferida oficialmente de las autoridades militares a las civiles -una nueva anexión de jure- y puesta bajo [Bezalel] Smotrich, un político comprometido con Eretz Yisrael», se lee en el informe. «Se aprobó entonces la mayor apropiación de tierras en 30 años».
Smotrich, ministro de Finanzas, afirma que hay «dos millones de nazis» en Cisjordania. Ha amenazado con convertir partes de Cisjordania en «ciudades en ruinas como en la franja de Gaza» y ha declarado que matar de hambre a toda la población de Gaza estaba «justificado y era moral», aunque murieran dos millones de personas. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, también ha pedido que Cisjordania reciba el mismo trato que Gaza.
Miles de palestinos de las ciudades cisjordanas de Yenín, Nablús, Qalqilya, Tubas y Tulkarem viven durante días bajo toque de queda, lo que dificulta el acceso a alimentos y agua. Al igual que en Gaza, el ejército israelí, durante su Operación Campamentos de Verano, ha «atacado ambulancias, bloqueado entradas a hospitales y sitiado el hospital de Yenín. Las excavadoras destruyeron calles e infraestructuras eléctricas y de salud pública».
Drones y aviones de guerra llevan a cabo ataques aéreos. Las barricadas, los puestos de control y los bloqueos israelíes dificultan o imposibilitan los desplazamientos. Israel ha suspendido las transferencias financieras a la Autoridad Palestina, que gobierna nominalmente Cisjordania en colaboración con Israel. Ha revocado 148.000 permisos de trabajo a quienes tenían empleo en Israel.
«El producto interior bruto (PIB) de Cisjordania se contrajo un 22,7%,casi el 30% de las empresas han cerrado y se han perdido 292.000 puestos de trabajo», se lee en el informe. Más de 692 palestinos – «10 veces la media anual de los 14 años anteriores de 69 víctimas mortales»- han muerto y más de 5.000 han resultado heridos. De los 169 niños palestinos que han muerto, «casi el 80% recibieron disparos en la cabeza o el torso».
Desde agosto, en el campo de refugiados de Yenín «aproximadamente 180 viviendas fueron arrasadas y 3.800 estructuras dañadas, destruyendo o dañando el suministro eléctrico, los servicios públicos y las instalaciones, desplazando a miles de familias y causando trastornos generalizados. Más de 181.000 palestinos se han visto afectados, muchos varias veces».
El informe rechaza la afirmación de que Israel está llevando a cabo el asalto en Gaza y Cisjordania para «defenderse», «erradicar a Hamás» o «traer a los rehenes a casa», alegando que estas afirmaciones son «camuflaje», una forma de «invisibilizar el crimen». La intención genocida, como señala el juez Dalveer Bhandari de la CIJ, «puede existir simultáneamente con otros motivos ulteriores.»
Más bien, la incursión en Israel de Hamás y otros combatientes de la resistencia el 7 de octubre «proporcionó el impulso para avanzar hacia el objetivo de un «Gran Israel»».
«En el contexto de que Israel hace caso omiso de la directiva de la CIJ de poner fin a la ocupación ilegal, el objetivo de erradicar la resistencia contradice los derechos a la autodeterminación y a resistirse a un régimen opresor, protegidos por el Derecho Internacional Consuetudinario», dice el informe. «También presenta a toda la población como comprometida en la resistencia y, por lo tanto, eliminable. Al seguir suprimiendo el derecho a la autodeterminación,Israel está reproduciendo casos históricos en los que la autodefensa, la contrainsurgencia o el contraterrorismo se utilizaron para justificar la destrucción del grupo, lo que condujo al genocidio».
Señala que Israel, en lugar de acatar los Acuerdos de Oslo de 1993, que supuestamente debían conducir a una solución de dos Estados, aumentó sus colonias en Cisjordania de 128 a 358 y el número de colonos judíos «ha crecido de 256.400 a 714.600.» Israel aprobó la Ley del Estado Nación de 2018 que afirma la soberanía judía exclusiva sobre «Eretz Yisrael» y nombra «prioridad nacional» el «asentamiento judío en tierra palestina ocupada». Cultiva «una doctrina política que enmarca las afirmaciones palestinas de autodeterminación como una amenaza a la seguridad de Israel» y la utiliza «para legitimar la ocupación permanente».
«La actual intención de destruir al pueblo palestino como tal no podría ser más evidente en la conducta israelí vista en su totalidad», afirma el informe.
Un «documento conceptual» filtrado del Ministerio de Inteligencia israelí de octubre de 2023 esboza el plan para expulsar a toda la población de Gaza a Egipto y recolonizar Gaza. Es un plan que Israel parece estar siguiendo.
Albanese escribe que Israel está reproduciendo los patrones de genocidios pasados. Crea con su retórica una «atmósfera vengativa» que condiciona a los soldados a ser «verdugos voluntarios». Afirma que actúa en defensa propia mientras ataca a la población civil. Está destruyendo la infraestructura que sustenta la vida, un proceso de «genocidio por desgaste». Utiliza el hambre como arma. Intenta ocultar sus crímenes asesinando a periodistas palestinos y a trabajadores de la ONU e impidiendo el acceso a Gaza de las agencias internacionales y los medios de comunicación internacionales.
Ya hemos visto genocidios antes. También hemos visto la complicidad o el silencio de naciones que tienen el poder de intervenir. La historia no se repite, pero con demasiada frecuencia rima.
The Chris Hedges Report
