Tal caso fue basado solo para las manifestaciones de las partes y de las entidades que participan en el proceso.
La causa en cuestión fue llamada ADPF de las Favelas (conjunto de viviendas populares construidas de forma irregular y precaria) y el término se refiere al tipo de acción, una infracción de precepto fundamental.
Se utiliza para cuestionar violaciones a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
Esa acción fue insertada en 2019 por el Partido Socialista Brasileño, entidades de derechos humanos y movimientos sociales.
Las organizaciones y el partido piden que sea reconocido por el STF la situación de graves violaciones a los derechos cometidos por las fuerzas de seguridad en las favelas cariocas.
También quieren que se determine la adopción de medidas para reducir ese cuadro.
Fue en esa acción que el Supremo decidió, en 2020, restringir las operaciones policiales en los barrios pobres de Río durante la pandemia de Covid-19.
La corte ordenó además en la ocasión que se presentara un plan con medidas para reducir la letalidad policial y controlar las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del estado.
El relator del caso es el ministro Edson Fachin. En 2022, ordenó la instalación de cámaras corporales en todos los agentes de policía de la división territorial.
Reiteró, en junio del año pasado, la decisión y determinó el establecimiento de un cronograma para la efectividad del orden en todas las unidades policiales, con prioridad para aquellas que realizan operaciones en favelas.
Un informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública revela que los estándares de letalidad policial en Río «siguen muy altos y por encima de la media nacional».
En 2023, la tasa fue de 5,4 muertes por cada 100 mil habitantes en enfrentamientos con la policía.
La mediana nacional es de 1,8 muertes por cada grupo de 100 mil habitantes.
Según el estudio, hubo una disminución de incidentes como homicidios y asesinatos de policías desde la decisión del STF en la ADPF de las Favelas que restringió las operaciones policiales en comunidades de la capital de Río.
En 2019, año anterior a la decisión, se registraron mil 814 muertes por intervención policial en el estado.
Ya en 2023, las vidas perdidas por intervenciones policiales resultaron en 871, una caída del 52 por ciento en comparación con 2019.
