La audiencia definirá si se otorga un habeas corpus a favor de los padres de los cuatro adolescentes desaparecidos, que piden que oficialmente este caso sea reconocido como una desaparición forzada, una violación a los derechos humanos.
Con esa decisión, el Estado estaría obligado «a proveer una explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a la víctima», según explicó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organismo que acompaña a los familiares de los niños en el proceso.
Funcionarios de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo están citados para la diligencia de este martes.
Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, desaparecieron el pasado 8 de diciembre en Guayaquil y testigos vieron que uniformados se los llevaron en una camioneta.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que los niños fueron detenidos por militares.
De acuerdo con Loffredo, finalmente los efectivos dejaron marchar a los niños en la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Esa versión fue rechazada por los familiares que la consideran un intento de justificación.
Decenas de personas realizaron plantones en Quito y Guayaquil para exigir respuestas del caso.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, decían carteles y consignas de los presentes en los plantones en ambas ciudades ecuatorianas
La desaparición de los menores tiene lugar en medio de la crisis de seguridad en Ecuador y en el contexto de un estado de excepción que autoriza al Ejército a realizar operativos en las calles, lo cual ha puesto bajo la lupa la participación de aparentes uniformados en actos ilegales y de abuso de poder.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sugirió que los cuatro niños “sean considerados como héroes nacionales”, sin embargo, la ciudadanía exige que los regresen vivos.
Las familias de los cuatro niños denunciaron “acciones intimidatorias” de la Policía y el eventual intento del Ejecutivo por interferir en la investigación.
