Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron aprehendidos el 8 de diciembre pasado durante un operativo en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, y desde ese día, el paradero de los niños es desconocido.
Autoridades castrenses y un video divulgado por la Asamblea Nacional confirmaron que los uniformados detuvieron a los menores y los transportaron en una camioneta hacia la base aérea de Taura, sin embargo, aseguran que luego los liberaron vivos y vestidos.
El testimonio de un ciudadano, cuya identidad permanece en reserva, contradice esa afirmación y dijo que encontró a los adolescentes desnudos y les prestó su celular para que llamaran a sus familiares.
Uno de ellos se comunicó con su padre y le envió la ubicación exacta por WhatsApp, pero cuando llegaron ya no estaban en el sitio indicado.
El periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, señaló que hay amenazas contra ese testigo que podrían provenir del personal militar involucrado en los hechos.
Según Boscán, es posible la infiltración de grupos criminales en la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), sección a la cual pertenecen los efectivos ligados a los sucesos.
El pasado martes fueron hallados varios cuerpos calcinados cerca de la base de Taura, aunque aún no se confirma si pertenecen a los menores desaparecidos y las pruebas de ADN podrían tardar entre 30 y 40 días.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, admitió que los menores fueron detenidos bajo sospecha de robo, una versión que rechazan los familiares y de lo cual no existen indicios.
El 31 de diciembre venidero se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
El país espera respuestas claras sobre un caso que ha conmocionado a la nación y pone en entredicho el papel de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad.
La desaparición ocurre en un contexto de militarización amparada en el decreto de conflicto armado interno y estados de excepción declarados hace casi un año por el presidente, Daniel Noboa, para frenar la ola de violencia y el crimen organizado.
La Corte Constitucional ha cuestionado reiteradamente estas decisiones del Gobierno, pero aún así se mantienen en las calles los integrantes de las Fuerzas Armadas, como una entidad complementaria a la Policía Nacional.
La más reciente tragedia reavivó denuncias de violaciones a los derechos humanos por militares.
Videos difundidos en redes sociales muestran a uniformados golpeando a detenidos y sometiéndolos a tratos degradantes.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) señaló que otros casos recientes de desapariciones tras operativos militares, específicamente se refieren a otros cinco jóvenes en situaciones similares.
El experto en temas de seguridad Fernando Carrión dijo al programa A Primera Hora que hubo claras contradicciones por parte del discurso gubernamental respecto al caso, aunque consideró que la Fiscalía y la justicia están actuando acorde a los procedimientos.
Hubo declaraciones desafortunadas del ministro Loffredo, que al parecer buscaban aplacar el asunto en el escenario preelectoral, apuntó Carrión.
Añadió que las Fuerzas Armadas gozan de reconocimiento entre la ciudadanía y su principal misión es la defensa de la soberanía nacional y territorial, pero probablemente no conocen los protocolos de seguridad que les han asignado en el contexto del conflicto armado interno.
