Llamamos a todos los organismos del Partido a prepararse para cumplir exitosamente esa trascendente tarea
El XIV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunido el 14 de Diciembre del 2024, al evaluar la realidad política nacional e internacional, constató la compleja situación generada por la agudización de las contradicciones de clase, en medio de crecientes conflictos interimperialistas e intercapitalistas, que dan muestras de la enconada disputa por la hegemonía global entre potencias capitalistas tradicionales y emergentes y sus bloques de dominio e influencia, generando guerras y agresiones militares y económicas, cuyas víctimas son los pueblos, la paz y la naturaleza.
En simultáneo, a escala global y en nuestro país, se profundiza la contradicción fundamental del sistema capitalista, la contradicción capital-trabajo, con mayores niveles de explotación de los trabajadores, quienes enfrentan políticas de desmontaje de sus derechos y la tendencia creciente a la fragmentación de la fuerza de trabajo impuesta por la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y nuevas formas flexibles de trabajo que sirven a una mayor concentración del capital y a una desregulación laboral sin precedentes.
En esas condiciones, el movimiento obrero y comunista se enfrenta a nuevos desafíos en los procesos de lucha en defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y por abrir cauces al triunfo revolucionario de los proletarios del mundo, la derrota del sistema de explotación capitalista y la construcción del Socialismo-Comunismo.
En ese contexto, transcurre en Venezuela una profunda crisis económica, social y política que castiga al pueblo trabajador venezolano, determinada en lo fundamental por el agotamiento del capitalismo dependiente y el colapso del modelo de acumulación basado en el rentismo petrolero, agudizada por las medidas coercitivas imperialistas, las políticas de ajuste neoliberal implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro y la obsesión de la cúpula gobernante por mantenerse a toda costa en el poder, aún teniendo el rechazo mayoritario de la población.
Las elecciones presidenciales del 28J, pusieron en evidencia la abrumadora pérdida de apoyo popular de Nicolás Maduro y su grupo, lo que llevó al montaje de un escenario de ocultamiento de los resultados y de persecución política. Se desató una represión inusitada -con más de dos mil detenidos, allanamientos ilegales y hechos de tortura-, con el uso de la fuerza pública y grupos parapoliciales, contra las protestas populares que rechazaban el anuncio insostenible del presidente del CNE y exigían la publicación de las actas con los verdaderos resultados, por cierto en manos de los testigos de mesa de las distintas fuerzas políticas participantes en la contienda electoral.
Es necesario destacar que, por primera vez en la historia de las elecciones presidenciales en Venezuela, no fueron publicados los resultados discriminados por Estado, municipio, centro de votación y mesa electoral, tampoco se cumplió con las auditorias de ley, correspondientes al momento de la votación y posteriores, la totalización no fue el resultado de la sumatoria de las actas de escrutinio y los resultados finales no se publicaron en Gaceta Oficial Electoral, es decir, que el proceso electoral no fue concluido.
Todo el proceso electoral presidencial -antes, durante y después del 28J-, potenció al máximo la tendencia antidemocrática, autoritaria y represiva del Gobierno-PSUV, propia de una élite gobernante reaccionaria comprometida con los intereses de determinadas empresas transnacionales, así como de fracciones burguesas parasitarias y mafiosas, que tienen a la apropiación de los recursos públicos, la corrupción y los negocios ilícitos entre las fuentes prioritarias de su enriquecimiento.
Los rasgos antidemocráticos y autoritarios de la élite burguesa gobernante son bien conocidos y han sido analizados por nuestro Partido, tanto en las caracterizaciones hechas por el XVI Congreso, como en la XVI Conferencia Nacional y el seguimiento de la situación política que realizan los plenos del CC y las reuniones del BP, resaltando la destrucción del salario y demás derechos colectivos e individuales de las y los trabajadores, el ataque político y judicial contra el PCV y una decena de partidos más, la criminalización de la lucha sindical y política, las prohibiciones de facto a los derechos a la libertad de expresión, a la protesta pacífica, a la libertad de libre asociación y la vulneración masiva a los derechos humanos del pueblo venezolano, que dan cuenta del desmontaje del Estado de Derecho consagrado en la Constitución de la República.
Los hechos de violencia política y coacción represiva por parte del gobierno se han multiplicado y agudizado al extremo, no solo en las barriadas y urbanizaciones populares, sino también en los centros de trabajo del sector público, donde miles de trabajadores fueron despedidos -de forma directa e indirecta- por su posición política, imponiéndose en general un ambiente de terror en buena parte de la población.
Las prácticas de criminalización de la lucha social y política pretenden ser legalizadas a través de la aprobación de una batería de leyes absolutamente incongruentes con los principios y normas constitucionales, pero indispensables para el aplastamiento del contrario y el aseguramiento por la fuerza de la preservación del poder por parte de la cúpula del PSUV, empleando para ello la estigmatización (terrorista, fascista o neofascista, guarimbero, promotor de odio, vendido al imperialismo) de todo individuo o agrupación que cuestione las políticas antipopulares, antiobreras, antinacionales y antidemocráticas del gobierno que, por cierto, controla todos los poderes públicos y prácticamente todos los medios de comunicación. Más recientemente, Nicolás Maduro informa que “propondrá” una reforma constitucional, pero sin precisar el propósito y alcance de tal pretensión, no obstante, todo indica que se plantean darle rango constitucional al ejercicio autoritario del poder, a las condiciones para la perpetuación de la actual cúpula gobernante y a la flexibilización de los derechos laborales y sociales.
Igualmente, anuncian la próxima realización de una serie de elecciones y consultas, pretendiendo pasar la página del 28J y afianzar su control bajo una apariencia democrática, aunque organizadas por el mismo ente electoral que secuestró los resultados en los comicios presidenciales y manteniendo el esquema antidemocrático que niega las garantías a la libre participación política del pueblo venezolano.
Para el XIV Pleno del CC, al no conocerse formalmente los verdaderos resultados
del 28J y no habiéndose concluido el proceso electoral presidencial por parte del
CNE, de acuerdo al mandato constitucional y de la ley respectiva, ninguno de los
candidatos estaba legitimado para ser juramentado y tomar posesión de la
Presidencia de la República el pasado 10 de enero del 2025. No obstante, tal y
como lo previmos como escenario más probable, Nicolás Maduro tomó posesión,
con gran soledad internacional y un despliegue policial y parapolicial inusitado. En
tanto, la tendencia opositora que se asume vencedora de las elecciones,
encabezada por María Corina Machado, no cumplió con su promesa de traer a
Venezuela a Edmundo González Urrutia “para ser juramentado el 10 de enero”,
creando una gran frustración en sus seguidores. Sin embargo, la tensión política
continúa y la presión internacional hacia la cúpula de Maduro se incrementa. La
crisis política, lejos de superarse el 10 de enero, se prolonga y agrava.
En ese contexto surgen interrogantes que debemos respondernos los comunistas en función de aplicar consecuentemente, en tales condiciones, las directrices establecidas en la Línea Política aprobada en nuestro XVI Congreso, que se sintetizan en: 1) agrupamiento de fuerzas democráticas, populares y auténticamente revolucionarias para enfrentar a los dos bloques burgueses (el del Gobierno y el de la oposición) y avanzar hacia una salida a la crisis en favor de la clase obrera y el pueblo trabajador; 2) amplia unidad de acción de masas por el restablecimiento de los derechos vulnerados y para confrontar y derrotar las políticas antiobreras y antipopulares en desarrollo. Con base a nuestra política y utilizando las orientaciones maestras del marxismo-leninismo, así como la experiencia histórica de nuestro Partido, debemos identificar y analizar adecuadamente las contradicciones dialécticas presentes en la sociedad venezolana y determinar la táctica correcta que corresponda al momento político nacional.
¿Cuál debe ser la posición de las y los comunistas luego de haberse concretado la toma de posesión ilegítima de Nicolás Maduro? De acuerdo a lo analizado en el XIV Pleno del Comité Central, es una Presidencia de facto, es decir no está sustentada en
el derecho, en la aplicación de lo que establece el artículo 5 de la Constitución y la legislación electoral, sino en un hecho impuesto mediante el ocultamiento de los resultados electorales y la fuerza coercitiva de los que ostentan el poder. En tal caso ¿Cómo debemos actuar los comunistas frente a ese gobierno de facto?
¿Qué caracterización debemos hacer de tal gobierno de facto y de sus decisiones contrarias al ordenamiento constitucional? ¿Estamos en presencia de una dictadura y como tal hay que enfrentarla? En caso de producirse una acción militar o civico-militar para intentar deponer al gobierno ilegítimo, de igual modo ante una eventual actuación militar extranjera con los mismos fines anteriores ¿Cuál sería la posición del PCV? Nuestro Comité Central ha sido enfático al afirmar que no apoyaremos ninguna acción de fuerza interna o externa que responda a los planes de algún sector de la burguesía reaccionaria y/o de alguna potencia imperialista que, bajo la justificación del restablecimiento de la democracia, imponga otro gobierno de fuerza también antipopular y antinacional.
La desactivación del Estado de Derecho y el escalamiento del autoritarismo antidemocrático, que tiende a incrementarse en el gobierno de facto que inicia Nicolás Maduro, así como la condición de ilegalidad impuesta a nuestro Partido y a sus instancias dirigentes, nos presenta a las y los comunistas una situación compleja y desafiante como ninguna otra en la larga historia de lucha del Partido de la clase obrera venezolana, pues como siempre, nos hemos planteado continuar existiendo orgánicamente y combatiendo en medio de cualquier escenario que nos imponga la lucha de clases en Venezuela, desarrollando las líneas adoptadas por nuestro XVI Congreso con los ajustes que el Comité Central determine, luego de examinar la compleja realidad cambiante.
Al respecto, el XIV Pleno del Comité Central ha decidido que es necesario que todo el Partido, es decir sus organismos celulares (y colectivos de la JCV), comités locales, comités regionales y el Comité Central, conozcan, analicen y discutan toda esa realidad, para que de acuerdo a los principios y normas leninistas expresadas en nuestros Estatutos y por tanto cohesionados política y orgánicamente, adoptemos las decisiones políticas, orgánicas y funcionales que se correspondan con la situación que enfrentamos.
En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el articulo 44, literal b, de los Estatutos del PCV,el XIV Pleno del Comité Central declara abierta, en todos los organismos del Partido, una amplia discusión sobre la política del Partido en las circunstancias actuales y en desarrollo,a los fines de alcanzar coherencia y cohesión política en su implementación, ante las amenazas y los desafíos que la complejidad de la lucha de clases -en medio de la creciente crisis política nacional- le impone a la clase obrera, al pueblo trabajador y a su vanguardia, el Partido Comunista de Venezuela.
El Comité Central, igualmente, aprobó que esta amplia discusión se realizará con base a un documento que, expresando el análisis producido en el XIV Pleno del CC, el Buró Político redactará y bajará a todos los organismos del Partido.
Asimismo, el BP impulsará este proceso en coordinación con los comités regionales y recogerá los aportes escritos que surjan en los organismos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta discusión interna, tal y como lo mandatan nuestros Estatutos. Los aportes surgidos en la discusión realizada por los organismos, serán insumos para la elaboración táctica del Comité Central y su Buró Político.
Buró Político del Comité Central del PCV
Caracas, 27 de enero de 2025.
