El miércoles último y luego de largos debates en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados adoptó por amplia mayoría el proyecto para aumentar las pensiones, crear un seguro social y eliminar las brechas de género en el monto de las jubilaciones.
Considerada como un hito por ser la primera reforma en 43 años, la ley beneficiará a 2,8 millones de adultos mayores con un alza de las remuneraciones de entre 14 y 35 por ciento.
Además, casi un millón de mujeres recibirán una compensación al equipararse sus retiros a los de los hombres.
También aumentará a 250 mil pesos (unos 248 dólares) la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual se entrega a personas de 65 años o más que no perciben ningún retiro.
En ese beneficio serán incluidos los exonerados, aquellos que perdieron su trabajo por motivos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Gracias a esta iniciativa, Chile contará con un verdadero sistema mixto con tres pilares de contribución: el aporte del Estado a través de la PGU, el ahorro personal y, por primera vez, las cotizaciones de los empleadores.
Con la ley se mantienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas durante la dictadura y que han sido responsabilizadas por lucrar con los ahorros de los trabajadores y entregar pensiones de miseria a los afiliados.
Sin embargo, se introducen cambios importantes al control de las AFP al permitir las licitaciones públicas y la entrada de nuevos actores, lo cual genera mayor competencia y la reducción de los costos para los afiliados.
“Esta reforma es un gran avance para el país y se va a ver reflejada no sólo en la calidad de vida de los que hoy día están jubilados, sino también en el futuro”, dijo la ministra de Trabajo e impulsora de la iniciativa, Jeannette Jara.
Durante la semana también fue noticia la promulgación de la ley para la reparación de la deuda histórica del Estado a más de 57 mil docentes.
Este endeudamiento se originó en 1981 cuando la dictadura trasladó la educación pública de la tutela del Estado a los gobiernos municipales, sin embargo, los nuevos empleadores no reconocieron los ajustes salariales, lo cual afectó los ingresos y pensiones.
La nueva legislación, promulgada por el presidente Gabriel Boric, prevé realizar el pago de 4,5 millones de pesos (unos cuatro mil 600 dólares) a cada maestro afectado, empezando por quienes tienen más de 80 años.
También considera la apertura de un nuevo proceso de registro para permitir presentar los antecedentes a quienes no están en la base de datos del Ministerio de Educación.
Igualmente contempla que quienes fallezcan durante el período de pago puedan heredar ese monto a sus familiares.
“Con profunda alegría podemos decir hoy que esa es una herida que, por fin, comienza a sanar y una injusticia que prontamente se enmendará”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
