Una orden de la policía británica exige el acceso secreta a las copias de seguridad de Apple protegidas en la nube en todo el mundo. Quieren que Apple les deje abierta una puerta trasera que les permita recuperar todo el contenido que cualquier usuario de la empresa en el mundo haya archivado en sus servidores.
La orden no sólo permite revisar el material cifrado de una determinada cuenta, sino todos los contenidos archivados.
La oficina del Secretario del Interior entregó a Apple un documento llamado aviso de capacidad técnica, ordenándole proporcionar acceso bajo la Ley de Poderes de Investigación de Gran Bretaña de 2016, que permite a la policía exigir asistencia a las empresas cuando sea necesario para reunir pruebas.
La ley, llamada “Carta de Espionaje” por sus críticos, convierte en delito penal revelar que el gobierno ha hecho tal solicitud, por lo que la vulneración de derechos se tiene que mantener en el más estricto secreto.
El gobierno de Biden ha estado siguiendo el caso de cerca desde que Reino Unido indicó por primera vez a la multinacional que quería tener libre acceso a los documentos archivados en la nube.
Apple dijo que se negaría, pero no porque se haya empeñado en defender los derechos fundamentales de sus usuarios, sino para defender un área de negocio. Hay archivos que no se pueden poner a la vista de todos, ni siquiera de la policía, ni siquiera con autorización judicial.
Es más, a Apple no le permiten advertir a sus usuarios que su sistema de cifrado ya no es seguro, por lo que la empresa tiene que vender un producto falsificado. El usuario paga por cifrar unos documentos que, en realidad, quedan al descubierto.
Desde los primeros días de internet, las múltiples centrales de espionaje, así como la policía, han exigido acceso libre a todos los datos que circulan por la red. El cifrado de cabo a rabo (de “extremo a extremo”, lo llaman los informáticos) dificulta la labor de control y vigilancia de la población.
Algunos países exigen “puertas traseras” a las empresas, que luego aprovechan otros. Se crea así un mercadillo de segunda mano de documentos que deberían ser confidenciales y que acaban en manos de cualquiera: de cualquier policía, de cualquier país, de cualquiera que tenga poder o dinero para apoderarse de ello.
Ocurrió en Grecia en 2004. Supuestos “piratas informáticos” interceptaron conversaciones telefónicas del primer ministro y de altos funcionarios políticos, policiales y militares del país, y las grabaciones acabaron pasando de las manos de unos a las de los otros.
Lo mismo cabe decir de Pegasus, un programa de espionaje del que disponen las policías de todos aquellos países que han podido permitirse pagar el precio a Israel.
Si un sistema de comunicación abre una puerta trasera, será utilizada no sólo por un determinado gobierno o una determinada policía, sino por otros.
La pretensión británica no tiene precedentes en ningún país del mundo. Desde el siglo XVI en Inglaterra enseñan que “Mi casa es mi castillo”, pero cuatro siglos después es una frase vacía. El derecho a la intimidad desaparece muy rápidamente y tras él irán desapareciendo todos los demás derechos y libertades fundamentales.
En diciembre, en una rueda de prensa conjunta de dirigentes del FBI, un miembro del Departamento de Seguridad Nacional instó a los estadounidenses a no confiar en el servicio telefónico estándar para defender su intimidad y a usar servicios cifrados de cabo a rabo.
Ese mismo mes, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura recomendaron docenas de medidas para prevenir una sopuesta ola de piratería informática china.
—https://www.bbc.co.uk/news/articles/c20g288yldko https://www.washingtonpost.com/technology/2025/02/07/apple-encryption-backdoor-uk/
