Según investigaciones sustentadas en documentos oficiales, presuntas influencias gubernamentales estarían detrás de un informe de la Contraloría que declara inexistente el incremento injustificado de ingresos declarados por Boluarte.
El Ministerio Público afirma que Boluarte incrementó sus ingresos de 160 mil 415 en 2021 (cuando accedió al gobierno como ministra de Inclusión Social) a 792 mil 167 soles en 2024, lo que arroja un aumento de 631 mil soles (170 mil 500 dólares).
Sin embargo, la Contraloría General hizo otro analisis y afirma que tal desbalance no existe, mientras el Ministerio Público ratificó los resultados de sus pesquisas, basadas en declaracines juradas patrimoniales de la mandataria.
La Contraloría advirtió meses atrás el aumento no justificado de la mandataria, que ha declarado que su dinero es producto solo de sus ahorros e ingresos como ministra y Presidenta, cargo en el que su salario bajó a menos de la mitad (poco más de tres mil 240 dólares)-
También ha consignado en su declaración de ingresos que no los recibe por otros conceptos que no sean sus sueldos como alta funcionaria del Estado.
Las indagaciones de medios como el diario La República, el semanario Hildebrandt en sus 13 y la televisora América indican que el informe de la Contraloría fue suscrito por Vanessa Walde como subgerente de Fiscalización de ese organismo.
La funcionaria fue designada por el contralor general, César Aguilar, quien asumió el cargo en julio de 2024, a propuesta de Boluarte, aprobada por el Parlamento afín al Ejecutivo.
El antecesor de Aguilar, Nelson Schack, había reportado también ingresos no justificados de Boluarte, y ratificó en días pasados su posición, afirmando que los funcionarios de la Contraloría que evaluaron a la mandataria han sido reemplazados.
El ex procurador Anticorrupción Antonio Maldonado comentó que “parece ser que el contralor considera que le debe algún tipo de consideración a la presidenta y no parece entender que su deber es con la nación y no con la persona que lo nombró”.
Están pendientes además otras investigaciones a la Presidenta, la más grave la referida a la muerte de 50 manifesantes en su mayoría por armas de fuego durante operaciones militares y policiales contra grandes protestas contra el ascenso de Boluarte al cargo.
El jurista Carlos Rivera, uno de los abogados de los familiares de las víctimas comentó que Boluarte , “ya estaría presa” sino tuviera inmunidad judicial mientras ejerce la Presidencia, ues, sostuvo, hay “suficiente evidencia” que la inculpa.
