Las limitaciones estructurales de la democracia burguesa, diseñada para perpetuar los intereses del capital, ha demostrado ser incapaz de garantizar el bienestar de la mayoría social: la clase trabajadora y los sectores populares una vez más.
Mientras el gobierno (PSOE + SUMAR1 ) incumple sus compromisos electorales y se desgasta, la derecha avanza con una ofensiva reaccionaria que amenaza con consolidar un retroceso histórico en derechos sociales y laborales.
El gobierno español llegó al poder con un programa progresista que prometía mejorar la vida de la clase trabajadora, proteger los servicios públicos y redistribuir la riqueza. Sin embargo, todos estos años, esas promesas han quedado relegadas o incumplidas. El mercado laboral sigue marcado por la precariedad, los precios de la vivienda y los servicios básicos son inasumibles, y las políticas medioambientales permanecen subordinadas a los intereses empresariales. Esta situación no es fruto únicamente de errores de gestión. Es el resultado de un sistema político e institucional diseñado para proteger los intereses de las élites económicas.
La democracia burguesa, lejos de ser un espacio neutral, establece límites claros a cualquier intento de transformación que cuestione el poder del capital. Presiones de los mercados financieros, la influencia de los lobbies empresariales y las restricciones de las instituciones supranacionales como la Unión Europea condicionan las políticas del gobierno. Esto ha generado frustración entre quienes esperaban un cambio real, abriendo espacio para que la derecha canalice el descontento hacia propuestas reaccionarias.
Mientras el gobierno se debilita, la derecha y la extrema derecha avanzan con un discurso simplista y oportunista que capitaliza el malestar social. La oposición de derecha y extrema derecha ha aprovechado el desgaste del gobierno para desplegar una narrativa que promete “orden” y “seguridad”. Sin embargo, detrás de su retórica populista se esconde un programa político destinado a profundizar la desigualdad, protegiendo los privilegios de la oligarquía, consolidando: la privatización de servicios públicos, recortes de derechos laborales y criminalización de las luchas sociales.
El parlamentarismo en la democracia burguesa actúa como un mecanismo que limita las aspiraciones de cambio. Las elecciones sirven para legitimar un sistema donde las decisiones reales se toman al margen de las mayorías sociales. Los márgenes de acción de los gobiernos están condicionados por los intereses del capital, lo que convierte al parlamento en un espacio a su servicio.
El gobierno actual es un ejemplo claro de esta dinámica. Las políticas que prometían transformar la sociedad en beneficio de la clase trabajadora se han visto diluidas por la necesidad de mantener alianzas parlamentarias 2 y calmar las presiones económicas.
Frenar el avance de la derecha es una tarea urgente, pero no suficiente. La verdadera solución pasa por construir un poder popular que trascienda las limitaciones del parlamentarismo burgués y siente las bases para la Revolución.
La Revolución Socialista no es una utopía, sino la única opción para superar las desigualdades y construir una sociedad justa. Es momento de que los trabajadores y las trabajadoras tomen las riendas de su destino, organizándose desde abajo y consolidando un poder alternativo que transforme la sociedad desde sus cimientos. Solo un movimiento popular fuerte, arraigado en la clase obrera y los sectores populares, puede abrir paso a un futuro en el que el bienestar colectivo sea la prioridad, y no un privilegio al alcance de unos pocos.
La historia nos enseña que los derechos y las conquistas sociales no se han ganado en los parlamentos, sino en las calles, en las fábricas y en los barrios. Hoy, como ayer, la lucha es el único camino.
1 – Sumar lo conforman 15 fuerzas: Izquierda Unida, Más Madrid/Más País, Verdes Equo, Alianza Verde, Catalunya en Comú, Compromís, Chunta Aragonesista, Ara Més, Proyecto Drago, Baztarre, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Asturiana, Podemos y Més Balears.
2 – Burguesías: vasca, catalana y española.
