El legislativo debatirá este jueves en sesión plenaria la conveniencia y el interés nacional de ceder el bloque más productivo del país.
Hace dos días venció el plazo que dio el presidente, Daniel Noboa, para que el consorcio Sinopetrol pagara la prima de mil 500 millones de dólares como condición para firmar el contrato para la explotación y exploración adicional del campo.
Ese desembolso no se ejecutó y el tema de la concesión quedó suspendido.
“Se cayó el intento de atraco que representaba la concesión del campo Sacha. Cabe preguntarse: ¿Fue por el incumplimiento de plazos o porque el reparto fue puesto en evidencia?”, manifestó la candidata presidencial Luisa González en referencia a las denuncias de irregularidades del proceso.
En una entrevista a medios locales, González advirtió que si bien fracasó el intento de concesionar Sacha, el Gobierno insistirá en cederlo en otro momento.
De hecho, este miércoles la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, reconoció que ahora viene la búsqueda de otras alternativas.
Actualmente, el Estado controla el 100 por ciento de la producción de Sacha, sin embargo, con el esquema propuesto, Ecuador recibiría entre el 12,5 por ciento y un máximo del 26,5 por ciento de la producción.
Según expertos, eso representaría pérdidas de alrededor de ocho mil millones de dólares en 20 años.
Desde hace semanas, representantes de diversas organizaciones se posicionaron contra la idea del Ejecutivo de concesionar el yacimiento e impulsaron acciones legales y de protesta.
La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) calificó la suspensión de la concesión como «una victoria de los trabajadores y el pueblo», pero alertó sobre la necesidad de que el Gobierno revierta completamente las decisiones que afectan a la estatal Petroecuador.
El campo Sacha, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, tiene más de 50 años en explotación, produce 77 mil barriles por día y cuenta todavía con reservas estimadas en 350 millones de barriles de crudo.
