Juan Lehmann (Sputnik).— El Gobierno de Javier Milei denunció que la movilización al Congreso en reclamo por el aumento de las jubilaciones constituyó una «especie de golpe de Estado». La convulsionada jornada de protestas, reprimidas por las fuerzas de seguridad, terminó con más de 40 heridos, entre quienes resalta el caso de un reportero gráfico que sufrió una ruptura de cráneo tras recibir el impacto de una lata de gas lacrimógeno.
Según expresaron funcionarios del Ejecutivo, los participantes de las protestas «fueron organizados para desestabilizar». En sus redes sociales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que los asistentes estaban «armados hasta los dientes para generar caos y el nivel de violencia que vimos». En la misma sintonía se expresó el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, que sostuvo en declaraciones radiales que se pretendió una especie de golpe de Estado», denunció el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
La postura del Ejecutivo fue rápidamente contrapuesta desde los tribunales. La Justicia ordenó la liberación de 94 de los 124 manifestantes retenidos por las fuerzas de seguridad al considerar que las detenciones «afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión».
El fallo le costó a la jueza Karina Andrade —a cargo de la causa— el repudio del Gobierno: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona advirtió que «se analizará su actuación (…) por posible incumplimiento de sus funciones». El funcionario consideró que los manifestantes eran «barras bravas» de equipos de fútbol local, convocados para generar disturbios, aunque aún no se probó la participación de los mismos.
El tumulto tuvo su correlato al interior del Gobierno. Además del enfrentamiento a golpes de puño entre dos diputados de La Libertad Avanza en pleno Congreso —episodio aprovechado por el titular de la Cámara Baja para levantar una sesión adversa para el oficialismo— al día siguiente la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, se opuso a la línea narrativa del Ejecutivo, negando que la movilización constituido un ataque al Gobierno: «Simplemente es el ejercicio de la democracia», aseguró.
¿Punto de quiebre?
«La movilización puede generarle un costo político al Gobierno, sobre todo en el control de la calle: hasta ahora había habido cierta pasividad ante el ajuste fiscal impulsado por Milei pero la protesta marcó cierto límite», dijo a Sputnik el analista político Pablo Romá. Si bien los adultos mayores movilizan todos los miércoles a protestar frente al Congreso, la jornada en cuestión estuvo marcada por la confluencia de actores de diversos sectores.
Según el experto, el impacto de la jornada de protestas «es innegable: alcanza con ver cómo resucitó la interna con la vicepresidente Villarruel, que directamente negó la postura oficial». Además, para el investigador quedó claro que «el Gobierno siempre apostó por la represión con resultados eficientes en términos de imagen, pero ayer se vio una situación con imágenes más sensibles, sobre todo con los jubilados golpeados».
«Fue una convocatoria importante porque estaba abanderada bajo una consigna como la de los jubilados. Es difícil sostener que hubo algo parecido a un intento de golpe de Estado: lo que se vio es mayor radicalización que en otras protestas, pero no fue una protesta amenazante para el Gobierno», consideró el consultor.
El ‘elefante’ en la sala
Ningún análisis puede escindirse del contexto en el cual se inscribe. Para Romá, el impacto que cobró la protesta «está alimentado en gran parte por las noticias de la última semana, que tienen al Gobierno bajo la lupa en distintas cuestiones, pero sobre todo en torno al caso de la estafa vinculada a la criptomoneda», dijo en relación al escándalo suscitado tras la difusión del cripto activo $LIBRA por parte del presidente, que redundó en pérdidas por más de 200 millones de dólares para los inversores.
Además, el analista destacó que se trata del primer hecho de represión en el año que estará signado por los comicios legislativos de medio término. «Es imposible pensar que esto puede separarse de las elecciones, porque cuanto más cerca estemos de la fecha los errores van a costarle más al Gobierno», apuntó.
«Si bien Milei tiene un gran activo que es el control sobre la inflación, estas últimas semanas han sido claramente adversas. El principal riesgo que enfrenta es que se pierda la confianza en el Gobierno, sobre todo en materia de la agenda pública que se debate», aseguró Romá.
