Željka Cvijanović (Red Voltaire)
- La crisis actual y la amenaza para la paz y la seguridad en Bosnia y Herzegovina son consecuencia directa del veredicto anunciado por un juez bosníaco (antiguo oficial del ejército bosníaco en tiempos de guerra) por el que se condena al Presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, elegido democráticamente, que representa una violación directa del Acuerdo de Dayton, del derecho internacional, de la Constitución de Bosnia y Herzegovina y de la Constitución de la República Srpska.
- El Sr. Christian Schmidt, un político alemán que se arroga falsamente el título de Alto Representante, está actuando ilegalmente y más allá de cualquier mandato legítimo, llevando a Bosnia y Herzegovina al borde del colapso.
- El Sr. Schmidt ha aprovechado cualquier oportunidad para socavar la democracia de Bosnia y Herzegovina y preservar su propia posición, provocando crisis tras crisis en Bosnia y Herzegovina con sus temerarios decretos, amenazas y otras injerencias ilegales. La acción más atroz y temeraria del Sr. Schmidt fue la imposición unilateral del derecho penal por decreto en julio de 2023, amenazando de hecho con encarcelar a cualquier funcionario de Bosnia y Herzegovina que se negara a tratar sus decisiones como si hubieran sido debidamente promulgadas por la asamblea legislativa de Bosnia y Herzegovina. En efecto, un burócrata alemán, no confirmado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, impuso ilegalmente una ley que convierte en delito penal no cumplir y acatar sus órdenes inconstitucionales e ilegales.
- Las instituciones democráticamente elegidas de la República Srpska (la Asamblea Nacional, el Gobierno y la Presidencia) se negaron legítimamente a acatar esa práctica neocolonial. Este desafío dio lugar a un juicio por motivos políticos y a la posterior condena del Sr. Milorad Dodik, Presidente de la República Srpska y una de las figuras políticas más destacadas de la región. El juicio representa un acontecimiento desestabilizador potencialmente sin precedentes en Bosnia y Herzegovina desde la guerra de 1992-1995.
- El Presidente Dodik fue condenado en un juicio con motivación política por desobedecer una orden claramente ilegal y antidemocrática de este autócrata alemán mientras cumplía con sus deberes legales y constitucionales al firmar leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de la República Srpska. Esos procesamientos y ese veredicto constituyen un ataque escandaloso contra la democracia y el estado de derecho, acumulando una ilegalidad tras otra, en un esfuerzo tiránico por inhabilitar a los funcionarios públicos de la República Srpska elegidos democráticamente y nombrados conforme a derecho.
- Por otra parte, también hace a la ilegalidad el hecho de que tanto la fiscalía que pidió el procesamiento como el tribunal que la confirmó hayan sido creados ilegalmente por decretos de los ex Altos Representantes, en flagrante violación de la Constitución de Bosnia y Herzegovina, con referencia a sus procedimientos legislativos y a la clara división de competencias entre el nivel de administración de toda Bosnia y Herzegovina y las dos Entidades.
- Se trata de una guerra jurídica diseñada para destituir a un Presidente electo, plenamente respaldado por su nación, con el fin de llevar al poder a quienes destruirían totalmente el Acuerdo de Dayton y su protección de serbios y croatas para crear un Estado centralizado dominado por los bosníacos. También es una amenaza implícita a todos los dirigentes, funcionarios y representantes electos serbios e incluso croatas de que, si no cumplen plenamente las órdenes del alemán, también se verán expuestos a persecución penal.
- Las acciones de Christian Schmidt, apoyadas por la fiscalía y la decisión políticamente impulsada del tribunal de condenar al Presidente de la República Srpska a un año de prisión e imponerle una prohibición de seis años para ocupar puestos políticos, han infligido una profunda inestabilidad, injusticia y agitación a la República Srpska, así como a Bosnia y Herzegovina en su conjunto. Este flagrante abuso de poder se deriva de una prolongada interpretación errónea del mandato del Alto Representante, que ha dado lugar a continuas violaciones del marco constitucional de Bosnia y Herzegovina.
- El Sr. Schmidt atenta contra el estado de derecho en Bosnia y Herzegovina, violando manifiestamente el orden constitucional del país, que exige que las leyes sean aprobadas mediante procedimientos democráticos concretos y adoptadas por las instituciones elegidas democráticamente, como la Asamblea Legislativa de Bosnia y Herzegovina, la Asamblea Nacional de la República Srpska y el Parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Ninguna persona, ni siquiera un Alto Representante legítimo, tiene autoridad para promulgar leyes en Bosnia y Herzegovina por decreto, ni siquiera haciendo uso de los llamados «poderes de Bonn», que son totalmente antidemocráticos.
- Es verdad que mediante el Acuerdo de Dayton se creó el cargo de Alto Representante, pero su mandato es estrictamente limitado y no incluye autoridad alguna para tomar decisiones vinculantes para nadie, y mucho menos para aprobar legislación alguna en lugar de los parlamentos nacionales.
- En cumplimiento de los principios del derecho internacional, el papel del Alto Representante debería haberse mantenido estrictamente dentro del mandato que le confiere el Anexo 10 del Acuerdo de Paz de Dayton. Los poderes ejecutivos supuestamente otorgados al Alto Representante por el Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz (que no estaba previsto en el Acuerdo de Dayton) en la Conferencia de Bonn de 1997 se han interpretado de forma falsa, ilegal e inconstitucional como si tuvieran mayor autoridad jurídica que el tratado internacional vinculante: el Acuerdo Marco General de Paz y su Anexo 4, la Constitución de Bosnia y Herzegovina. Esa interpretación ilegal ha dado lugar a violaciones sistemáticas del marco constitucional de Bosnia y Herzegovina y ha socavado su gobernanza democrática.
- El Alto Representante y sus aliados han puesto en marcha una serie de procesos judiciales en Bosnia y Herzegovina que amenazan con llevar al país a un estado de desintegración total. Es totalmente inaceptable que la fiscalía de Bosnia y Herzegovina esté citando e investigando a miembros de la Asamblea Nacional de la República Srpska por sus debates y votos parlamentarios. Igualmente inaceptable es la exigencia del Fiscal de Bosnia y Herzegovina de que los partidos políticos presenten registros internos y actas de sus reuniones. Estas acciones recuerdan más a un régimen autoritario que a una sociedad democrática en funcionamiento.
- Durante años, varios organismos internacionales han acusado falsamente a la República Srpska de socavar el Acuerdo de Paz de Dayton y buscar la secesión de Bosnia y Herzegovina. En realidad, la República Srpska ha seguido siendo la principal defensora del Acuerdo de Paz de Dayton, de la Constitución de Bosnia y Herzegovina, y de la paz y la estabilidad en el país. Asimismo, mantiene su firme compromiso de defender estos principios por medios pacíficos y exclusivamente en el marco de acciones políticas legítimas.
- Estamos decididos a restaurar el orden constitucional sobre el que se fundó originalmente Bosnia y Herzegovina y a anular los cambios ilegales impuestos por los sucesivos Altos Representantes. Esto proporcionaría a Bosnia y Herzegovina una renovada oportunidad de alcanzar la estabilidad y la prosperidad. Si este esfuerzo fracasa, a la República Srpska no le quedará más remedio que declarar caduca la Constitución de Bosnia y Herzegovina.
- La República Srpska mantiene su compromiso de encontrar una solución pacífica y democrática a esta catástrofe inminente, pero está igualmente decidida a defender sus instituciones y sus derechos constitucionales por todos los medios necesarios.
- La República Srpska sigue abierta al diálogo interno con todos los representantes legítimos de los otros dos pueblos constituyentes de Bosnia y Herzegovina e insta a todas las partes implicadas a que actúen con moderación, mantengan la paz y preserven la estabilidad.
- Para resolver la crisis actual en Bosnia y Herzegovina, es imperioso que el Sr. Schmidt sea destituido inmediatamente del cargo que ocupa ilegalmente, y que se anulen todas las acciones derivadas de su conducta ilegal, principalmente las enmiendas a la legislación. La autoridad legislativa debe ser ejercida exclusivamente por los parlamentos, de plena conformidad con la Constitución de Bosnia y Herzegovina, que es parte integrante del Acuerdo de Paz de Dayton.
