A juicio de Arias, “ocho senadores se pusieron de espaldas al país al no tener en cuenta el clamor nacional del pueblo que se expresó en múltiples manifestaciones a lo largo y ancho del país en carretas, calles, parques y plazas de manera multitudinaria”. Consideró que tras el archivo del proyecto, que en entre otros beneficios buscaba implementar una jornada laboral de ocho horas y el pago de las horas extras, los opositores de la norma no dejaron otra alternativa que el estallido social y la necesidad de la consulta popular sobre las reformas sociales planteada por el presidente de la nación, Gustavo Petro.
“Recurriremos al pueblo para que con su mandato se puedan aprobar las reformas sociales ya que este Congreso se ha puesto de espaldas al país”, sentenció en su cuenta de la red social X.
Posteriormente, en entrevista con Red + Noticias, apuntó el líder sindical que ya existe un cronograma de movilizaciones para el resto del año.
La siguiente de las manifestaciones será el próximo 9 de abril, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y se cumplen 77 años del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.
A continuación, la clase obrera marchará el 1 de mayo que, según aseguró Arias, será la movilización más importante, significativa y masiva.
Aseguró además que los trabajadores también se pronunciarán en apoyo a la reforma a la salud, que debe discutir la Comisión Séptima del Senado, así como durante la jornada de la audiencia pública que realice la Corte Constitucional para definir el futuro de la reforma pensional. La radicación de una ponencia de archivo contra la reforma laboral firmada por ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado, lo que a la postre acabó hundiéndola en ese comité, fue el detonante de las marchas ocurridas ayer en todo el país, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles.
En respuesta a lo que Petro denominó como un bloqueo institucional por parte del Congreso, el mandatario decidió anunciar una consulta popular para que la ciudadanía decida directamente si apoya o no las reformas del Gobierno.
No obstante, la realización del ejercicio de participación popular depende de la anuencia de la plenaria del Senado.
