El aspecto más evidente de la crisis social, política y económica de Estados Unidos es cómo su clase gobernante se preocupa cada vez menos por encubrir su criminalidad.
A nivel internacional, las violaciones por el gobierno estadounidense del derecho internacional y de las normas humanitarias internacionales más básicas han sido progresivamente más descaradas y flagrantes.
A nivel doméstico, las violaciones de los derechos humanos de las personas, especialmente migrantes, son más rutinarias que nunca y el gobierno ignora a su antojo las órdenes judiciales, como en el caso de más de 200 ciudadanos venezolanos secuestrados y enviados sin proceso alguno a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Poder absoluto
Hace poco, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso legislativo norteamericano, Mike Johnson, aliado político del presidente Donald Trump comentó, que “tenemos autoridad sobre los tribunales federales, como ustedes saben. Podemos eliminar un tribunal de distrito completo”. Queda por ver si habrá suficiente consenso entre todas las y los legisladores para aplicar ese tipo de medida.
Los simpatizantes de Donald Trump argumentan que el poder judicial se ha desprestigiado por haberse prestado a abusar la ley con el fin de perseguir injustamente, en complicidad con el gobierno de Joe Biden, a Donald Trump y sus colaboradores. Para mientras, como varios observadores han notado, la postura del gobierno del presidente Donald Trump hacia el poder judicial ha sido prácticamente “adelante, pues, emita sus sentencias y veamos si puede hacerlas cumplir”.
Más allá del pleito entre el poder ejecutivo y las tribunales judiciales, la crisis estadounidense deriva de profundos problemas estructurales los cuales el gobierno del presidente Donald Trump no va a poder resolver. A corto plazo, es imposible que la economía se recupere de las décadas de los escasos niveles de inversión en la capacidad productiva del país o en la infraestructura física que facilita una producción robusta y eficiente. Esta falta de inversión en la economía productiva ha sido acompañada por el marcado declive en el Producto Interno Bruto per cápita que se ha disminuido a la mitad en los últimos 20 años.
El empobrecimiento de la población estadounidense en general que este declive significa, se ha intensificado por la marcada desigualdad en la distribución de la riqueza disponible, lo cual a su vez ha sido un factor en la crisis demográfica del país. Un gran porcentaje de la población de adultos jóvenes no tiene suficientes recursos para comprar una vivienda, tener un hogar y establecer una familia. Cegada por su avaricia, la clase gobernante norteamericana no tiene la menor idea de cómo ir corrigiendo estas fallas estructurales socioeconómicas fundamentales.
Aparte de ignorar las medidas judiciales que estorban su programa, la receta fascista del equipo del presidente Donald Trump a nivel interno, consiste en la entrega de todavía más poder a las élites empresariales y la implementación de una campaña racista contra las familias migrantes. Entre sus medidas más controvertidas, el gobierno del presidente Trump ha establecido la arbitraria y caprichosa figura de un “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), sin base alguna en la legislación del país, que esquiva las normas judiciales vigentes y está libre efectivamente del control del Congreso. Quien lo dirige es el racista empresario parásito Elon Musk quien hizo su fortuna gracias a los enormes contratos y concesiones otorgados a sus empresas de parte del gobierno central (en los períodos de ambos partidos).
Comportamiento exterior terrorista
A nivel internacional, se trata de atacar a las naciones que superan la competitividad estadounidense, como la República Popular China; perjudicar y explotar en la medida posible a sus supuestos países aliados desde Argentina y México hasta Europa; ignorar las estructuras normativas –como la Organización Mundial de Comercio– y destruir a los pueblos y movimientos políticos que desafían su política exterior.
Desde hace décadas, un componente esencial de estas políticas ha sido el apoyo al terrorismo, como se confirmó en 1986 con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia a favor de Nicaragua que condenó de manera explícita a Estados Unidos por usar el terrorismo. El gobierno del entonces presidente Reagan ignoró por completo la sentencia de la Corte.
Luego, el comportamiento criminal de los gobiernos estadounidenses subsiguientes solo confirman el desprecio al derecho internacional. Y sigue activo el patrón de la ayuda y promoción norteamericana –con la complicidad europea– de campañas terroristas contra los gobiernos y pueblos que resisten su política exterior.
Ejemplos recientes de esta política incluyen el apoyo al terrorismo para derrocar el gobierno de la República Árabe Siria y desestabilizar a Irán, la constante agresión contra Cuba, Nicaragua, Venezuela y Corea Democrática, su papel en fomentar el terrorismo extremista en África occidental después de destruir a Libia y la desestabilización de Myanmar.
Incluso, los poderes occidentales han apoyado los ataques terroristas de Ucrania contra la población civil en el territorio de la Federación Rusa.
Durante muchos años han fomentado el separatismo de grupos terroristas pseudo-islamistas en la provincia china de Xinjiang y la provincia Baluchistán, al occidente de Pakistán.
El reciente ataque terrorista a un tren con más de 400 pasajeros en Baluchistán, es parte de la ofensiva estadounidense y europea para desestabilizar el avance del Corredor Económico China Pakistán.
Durante muchos años también los poderes occidentales han apoyado grupos separatistas y terroristas para intentar derrocar al gobierno de Myanmar, otro país que colabora con China en el desarrollo de un importante Corredor Económico.
Occidente también está en crisis
Casi todos los países aliados del Occidente comparten los problemas estructurales de la sociedad y economía de EEUU. Y así como lo hacen sus homólogas estadounidenses, las élites gobernantes de los países de Europa no saben qué hacer en relación a estos profundos problemas económicos y demográficos.
Igual ocurre hasta cierto punto en el caso los aliados norteamericanos en el Pacífico como Japón o Australia. Las políticas contraproducentes que han adoptado en relación a la Federación Rusa y a la República Popular China impiden su propio desarrollo económico.
Este es el caso evidente de la Unión Europea, cuyos miembros ya no tienen acceso a la energía barata rusa ni el beneficio de la cooperación e intercambio tecnológico con China de las cuales podrían aprender mucho, si tuvieran suficiente humildad para hacerlo.
Y en relación a América Latina y el Caribe, es demasiado tarde la apuesta del gobierno de Trump de querer consolidar su poder neocolonial en la región. La amplitud y profundidad de las relaciones comerciales, el apoyo financiero y la cooperación para el desarrollo de China en la región han alcanzado niveles demasiado difíciles de revertir. Hace poco, en un reporte sobre el Foro Financiero del Sur Global 2025, la agencia china Xinhua resaltó que ahora, además de la participación de China en el Banco Interamericano de Desarrollo, existen muchas otras opciones de financiamiento de China para el comercio y el desarrollo, en adición a los nuevos canales para los proyectos de infraestructura y cooperación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) y el Nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS.
Estados Unidos no puede competir con este variedad de diferentes tipos de financiamiento adaptados para promover un desarrollo humano genuino.
Tampoco tienen mucho peso real las amenazas del gobierno norteamericano de tomar control del Canal de Panamá para fortalecer su respuesta a la influencia de China en la región. Como varios escritores han apuntado, las mismas limitaciones del Canal de Panamá junto con el desarrollo de otras rutas interoceánicas en la región ya están reduciendo su importancia.
El megapuerto de Chancay en Perú ha aumentado de manera importante las opciones de intercambio de la región con Asia y complementa varias rutas comerciales esenciales como la Carretera Interoceánica entre Brasil y Perú y los dos Corredores Bioceánicos entre Brasil y Chile.
México pronto tendrá en plena operación para transporte de carga el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, en Nicaragua, sin contar por el momento con su canal interoceánico, está en desarrollo la conexión entre el puerto de Corinto en el Pacífico con el nuevo puerto de Bluefields en la Costa Caribe.
Crisis interna imparable
Mientras tanto, a nivel interno la crisis estadounidense sigue en desarrollo. Continúa el asalto a los elementos estatales que respaldan derechos de la ciudadanía como el acceso a la educación pública o a la atención básica de salud.
El ataque inmediato más sistemático parece ser contra la seguridad social, para eliminar ayuda esencial a millones de personas con discapacidad, incluso para cientos de miles de veteranos de guerra. Se trata también de recortes que pueden disminuir drásticamente la capacidad nacional de investigación médica y científica. Se ha acentuado mucho la politización represiva de las universidades para suprimir la libertad de expresión, especialmente de personas que se oponen a la política exterior norteamericana en apoyo al genocidio sionista en Palestina.
Queda a ver entonces cuál será el desenlace de este proceso que rehace y reformula los principios de la legitimidad del sistema político y jurídico estadounidense. La presidencia de Trump tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso legislativo, sus simpatizantes controlan la Corte Suprema de Justicia y, con la figura del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el ejecutivo ha desplegado una especie de gobierno paralelo para subvertir la burocracia de los distintos departamentos del gobierno, desde el Departamento de Salud y el Departamento de Agricultura hasta el Departamento de Educación.
Lo que se observa en la política sustantiva del equipo de Trump es una concentrada intensificación de las medidas neoliberales que frustran y niegan las aspiraciones de las mayorías e implementan una perversa política de beneficios y desregulación a favor de las élites gobernantes del país.
De hecho, en términos del marco jurídico vigente que debe garantizar los derechos fundamentales de la población, hay que notar que desde hace mucho tiempo casi las todas personas que sirven como funcionarios del gobierno, juramentan defender fielmente la Constitución, pero no cumplen su juramento. Así que, aun en términos de su propio marco jurídico, mucho menos en términos del derecho internacional, los gobiernos estadounidenses traicionan a su propio pueblo al servir por encima de todo a las criminales élites gobernantes del país.
La crisis estadounidense se acentúa en todos los aspectos. La polarización social y económica, junto con la falta de políticas que responden de manera concreta a las necesidades básicas de la población, indican un alto riesgo de extrema inestabilidad civil.
En la política exterior, el prestigio norteamericano ha colapsado en el mundo mayoritario como resultado de su apoyo al genocidio sionista en Palestina y el Líbano, su abuso de las instituciones internacionales, su descarado rechazo del derecho internacional y su contraproducente agresión contra China.
A nivel regional, hasta las oligarquías reaccionarias de América Latina y el Caribe reconocen que sus relaciones con China son mucho más ventajosas que la tradicional relación de sumisión a la extorsión y explotación de EEUU.
Queda por ver cuánto tiempo va a poder durar la inflada fantasía fascista de Trump antes de tener que aterrizar en la cruda realidad económica de su país y la nueva realidad mundial.
