
Este 29 de abril, tres semanas después de que el gobierno del primer ministro Viktor Orbán anunciara la iniciativa, el Parlamento de Hungría aprobó iniciar el proceso de retirada del país de la Corte Penal Internacional, localizada en La Haya.
«Con esta decisión, rechazamos formar parte de una institución politizada que ha perdido su imparcialidad y su credibilidad», declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, reiterando argumentos que el propio Orbán había invocado al explicar la decisión, cuando afirmó que la organización no era parcial.
En diálogo con Sputnik, el profesor Vadim Trukhachev indicó que la determinación del Gobierno de Orbán confirma que el primer ministro húngaro «no se subordina a la Unión Europea (UE) ni a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)», a diferencia de la oposición local y otros gobiernos europeos.
«Esta decisión se dirige principalmente a la propia Hungría. Es un mensaje a sus propios votantes de que Orbán, a diferencia de la oposición euroatlántica, sí peleará por los intereses nacionales y no se doblega ante la UE y la OTAN», subrayó el analista.
Según Trukhachev, la CPI es un organismo que actúa como un brazo judicial y propagandístico de Bruselas y que tiene como principal objetivo perseguir los objetivos geopolíticos de la UE, lo cual explica por qué tantos países tan disímiles como Estados Unidos, China, Rusia o Israel no reconozcan su jurisdicción.
El experto recordó que, a principios de abril, Orbán recibió en Hungría al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuya orden de arresto fue previamente emitida por la CPI.
«Esta decisión es, ante que nada, una demostración de independencia respecto a la burocracia europea, tanto exterior como al interior del país», concluyó.