Según reportes de prensa, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo expresó “profunda preocupación” para la detención de José Daniel Ferrer y Felix Navarro y llamó a las autoridades cubanas a “su liberación incondicional” entre otras exigencias.
Las valoraciones de la UE desconocen “la verdad y la información ofrecida por el Tribunal Supremo de Cuba” que informó la víspera las causas que motivaron la revocación de la libertad condicional otorgada a dos sancionados como parte de un grupo de 553 que recibieron el beneficio.
Los tribunales competentes de las provincias de Matanzas (occidente) y Santiago de Cuba (oriente) revocaron el recurso otorgado a los sancionados, por incumplir lo establecido en la ley, respecto a la libertad condicional que implica un período de prueba por un término igual al resto de la sanción pendiente por cumplimiento.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa, explicó en televisión nacional que cuando el Tribunal concede el beneficio, cita al sancionado ante el juez de ejecución de su lugar de residencia y en esa comparecencia inicial se le instruye sobre su situación legal, sus derechos, obligaciones, así como las restricciones a las que estará sometido durante el tiempo que dure el control sobre su persona, detalló.
En el caso de Félix Navarro Rodríguez (72 años) sancionado a nueve años por delitos de desorden público, desacato y atentado, abandonó su municipio en siete ocasiones sin solicitar autorización del juez de ejecución del Tribunal Municipal Popular de Perico, por lo que le fue revocado el beneficio, y reingresó al establecimiento penitenciario.
La jurista expuso que José Daniel Ferrer García se encontraba cumpliendo una sanción de cuatro años y seis meses de privación de libertad impuesta en 2020, por el delito de privación ilegal de libertad (restringió de su libertad a una persona por varias horas) y lesiones.
El encartado no se presentó en las dos ocasiones que fue citado y dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial.
La funcionaria señaló que, aunque no forma parte de estos procesos judiciales, ambos sancionados son personas que de forma pública hacen llamamientos en sus entornos sociales y digitales, al desorden, el desacato a las autoridades y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.