Hasta su reciente desmantelamiento, la Usaid siempre fue un importante apoyo para las explotaciones agrícolas de Estados Unidos. Cada año paliaba las crisis de superproducción agraria comprando excedentes por valor de dos mil millones de dólares, lo que ayudaba a estabilizar el mercado interior y los precios.
Luego esos excedentes se llevaban a los mercados internacionales disfrazados de caridad y “ayuda” a los países pobres.
Hoy ese apoyo ha desaparecido. El gobierno ha recortado más de mil millones de dólares en subsidios y presiona a los empresarios agrícolas. La congelación de los subsidios ni es nueva, ni es obra de Trump. Como otras muchas medidas, deriva de las leyes aprobadas por Biden.
Una de las consecuencias de ello ha sido la volatilidad de los precios, sobre todo de la soja y el maíz, pilares de la agricultura estadounidense, que han caído aproximadamente un 40 por cien desde 2022, lo que agrava aún más la situación de los empresarios agrícolas, presionados por el aumento de los costos y los impuestos, y la reducción de los ingresos.
Las explotaciones agrícolas están dejado de ser rentables y muchos pequeños empresarios, que esperaban que las políticas económicas de Trump los sacara de la crisis, se encuentran ahora al borde de la quiebra.
La viabilidad de muchas explotaciones agrícolas dependía de la capacidad de Estados Unidos para exportar sus productos a precios competitivos, lo que es imposible si siguen aumentando los aranceles, incluso los que recaen sobre el acero, el aluminio y otras materias primas.
Estas subidas han incrementado los costos de producción para los agricultores porque el acero y el aluminio son esenciales para maquinaria agrícola, y el aumento de sus precios encarece los equipos y las reparaciones.
Como es obvio, las subidas arancelarias no afectan sólo a otros países, ni protegen a los empresarios locales.
China va ganando la partida
Algunos países, especialmente China, han respondido al aumento de los aranceles con la misma moneda, elevando los aranceles hasta un 265 por cien en algunos casos, a los productos agrarios estadounidenses, como la soja.
China es un mercado crítico para las exportaciones agrícolas estadounidenses, y estas restricciones han reducido significativamente la demanda agrícola, afectando a los ingresos de los empresarios agrícolas.
México y Canadá, socios comerciales importantes en el T-MEC, también han implementado aranceles de represalia, lo que podría limitar aún más los mercados de exportación para los agricultores estadounidenses.
Los fertilizantes, como la potasa, de la que Canadá suministra el 80 por cien a Estados Unidos, también se han visto afectados por la subida de los aranceles, lo que eleva los costos operativos de las explotaciones.
Los aranceles han contribuido a un aumento generalizado de precios, tanto de productos agrícolas como de bienes de consumo. Esto ya ha reducido la demanda interna de productos agrícolas porque la cesta de la compra está aumentando.
El Laboratorio de Presupuesto de Yale estima que la subida de los aranceles costará a los estadounidenses un promedio de 4.000 dólares al año, lo que está reduciendo el poder adquisitivo de los salarios.
El descontento entre los agricultores aumenta. Algunos reconocen que están al borde de la quiebra debido a la combinación de menores exportaciones, mayores costos y precios volátiles.
Las lecciones del primer mandato
Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), los aranceles a China ya provocaron represalias que afectaron a los agricultores estadounidenses, especialmente a los productores de soja. El gobierno tuvo que implementar subsidios para mitigar las pérdidas, pero muchos agricultores enfrentaron dificultades financieras. La situación actual parece una continuación de aquel patrón, pero con aranceles aún más elevados.
Como es natural, no todas las explotaciones agrarias se están viendo afectadas por igual. Las grandes empresas con capaces de absorber mejor los costos que las pequeñas, que tienen menos margen para soportar las pérdidas.
